El matrimonio del PP con Vox, de chantaje en chantaje en Baleares

El matrimonio de conveniencia entre PP y Vox para gobernar en Baleares no pasa por su mejor momento. El grupo de ultraderecha amenaza ahora con tumbar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2024 si el PP no recoge en las cuentas una partida de 20 millones de euros para aplicar su plan de segregación lingüística en las aulas de los colegios de las islas, que pretende separar a los alumnos en función de la lengua en la que estudien, aunque aún ni PP ni Vox ha desvelado de qué manera. “Los veinte millones son una condición sine qua non” dijo el lunes el portavoz de Vox en el Parlamento balear, Sergio Rodríguez, que aseguró que su partido no apoyará las cuentas autonómicas si la partida no está recogida en las cuentas.

El PP de Marga Prohens camina sobre el alambre, ya que depende de los votos de los siete diputados de Vox para sacar adelante sus propuestas. Los conservadores gobiernan en las islas después de alcanzar un acuerdo de legislatura con la ultraderecha que contempla la aplicación de 110 medidas a lo largo de los próximos cuatro años y que recoge buena parte de sus postulados. A cambio, los de la formación de Abascal decidieron no entrar en el gobierno autónomo y apoyar a Prohens desde el Parlamento. Sabedores de que los populares dependen totalmente de su asentimiento para poder legislar, en Vox han apretado las tuercas del acuerdo en las últimas semanas en varios episodios de presión que han desembocado en la exigencia de esos veinte millones de euros para sufragar los cuatro primeros meses de su plan de segregación lingüística.

”Yo tengo la plena confianza de que el PP al final hará honor a sus compromisos y aceptará esa enmienda de veinte millones. Esta cantidad es en base a lo que hemos hablado con diferentes sectores y es la cantidad mínima para que los colegios se adhieran a este plan”, dijo Rodríguez, que insistió en que su formación no se apeará de ahí. El PP, de momento, no tiene intención de incluir en las cuentas la enmienda de Vox porque considera que el importe es muy elevado, aunque están abocados a alcanzar un acuerdo. Este martes, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Antoni Costa, ha insistido en que se llegará a una entente con los ultras, aunque no ha explicado cuál será la contrapartida. “Este Gobierno pactará con Vox el importe correspondiente a la libre elección de lengua y eso es lo que les provocará una enorme decepción”, ha manifestado Costa en respuesta a una pregunta de la oposición.

Lo cierto es que el acuerdo, de momento, no se ha cerrado y el plan de segregación lingüística de Vox ya ha dado más de un quebradero de cabeza al gobierno de Prohens. El pasado 17 de octubre llegó al Parlamento balear el debate de una proposición no de ley en la que los ultras planteaban la aplicación segregación por lengua en el sistema educativo para infantil y primaria durante el próximo curso y para todas las etapas educativas en 2025. El PP se abstuvo y tumbó la proposición al considerar que en el acuerdo de legislatura no se establecían unos plazos tan apremiantes para su aplicación y que simplemente se hablaba de desarrollar el plan a lo largo de los cuatro años de legislatura. Un paso poco calibrado por el PP, que abrió una brecha con sus socios, que horas después, en la misma sesión plenaria, tumbaron con su voto negativo la aprobación del techo de gasto de los presupuestos planteados por el PP, paralizando así la tramitación de las cuentas autonómicas.

La contundencia de los diputados de Vox en esta maniobra se llevó por delante al portavoz adjunto de la formación en la cámara, el menorquín Xisco Cardona, que decidió abandonar el grupo parlamentario y pasar a ser diputado no adscrito al considerar que su partido en las islas estaba practicando por libre un chantaje al PP, ya que tenían órdenes expresas de la dirección nacional de Madrid de votar en favor del techo de gasto. “Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de todo este sainete”, dijo. Tras varias reuniones con exigencias por ambas partes, PP y Vox acordaron la aplicación de un plan piloto voluntario para que las familias puedan acceder a la libre elección de lengua desde el próximo curso. A pesar de que el PP insiste en que el plan no implica una segregación por cuestiones de lengua, la realidad es que contempla desdoblamientos en función del idioma en la que estudien los alumnos.

Y un tema tan sensible en Baleares como es el de la lengua no trae buenos recuerdos al PP. La mayor manifestación registrada en la historia de la comunidad sacó a la calle en 2013 a más de 100.000 personas para protestar contra el plan del entonces presidente José Ramón Bauzá de reducir las horas de catalán y castellano en detrimento del inglés. Ahora las entidades culturales, sindicatos y asociaciones también han mostrado su rechazo frontal al plan del Vox. Una veintena de entidades de las islas han suscrito un manifiesto contra la segregación lingüística que pretende emprender Prohens y que consideran es incompatible con la Ley de Educación, que contempla que el modelo lingüístico no puede discriminar o separar a los alumnos por razones lingüísticas.

La agenda marcada por Vox contra el catalán ya dejó apenas dos meses después del inicio de legislatura la primera crisis entre los socios, cuando el grupo ultra registró una proposición de ley para la creación de una oficina de garantía de la libertad lingüística con la que pretendía obligar al Gobierno regional, los Ayuntamientos y otras entidades públicas como la Universidad de las Islas Baleares a utilizar el castellano en sus documentos, certificaciones y señalética, bajo amenaza de sanciones de hasta 100.000 euros. Una iniciativa que el PP les instó a retirar al considerar que vulneraba el Estatuto de Autonomía de Baleares y que, de momento, está parada por errores en su redacción. Con todo, la oficina de libertad lingüística de los ultras tiene asignada una partida de 750.000 euros en los presupuestos del año que viene. Unas cuentas que todavía están en el aire tras la amenaza de Vox.