Canarias contra el turismo masivo

España es una potencia mundial en la industria turística, pero su éxito está provocando tensiones crecientes en algunos de los destinos más demandados por los visitantes. El pasado fin de semana, miles de ciudadanos salieron a las calles en las islas Canarias en unas protestas multitudinarias que muestran el hartazgo de la población con un modelo de turismo de masas que expulsa a la población local y sobreexplota los recursos naturales. Canarias tiene un límite, coreaban los asistentes, un lema que sin duda puede extenderse a otras regiones. La protesta es cada vez más generalizada y exige repensar un modelo turístico más inclusivo y sostenible.

La reflexión es urgente. España recibió más de 85 millones de visitantes en 2023, solo por detrás de Francia. Supera a gigantes turísticos como Estados Unidos, China o Italia. El sector espera superar los 90 millones de visitantes este año, casi el doble de la población española. Solo el archipiélago canario recibió 16,2 millones de turistas en 2023, más de siete veces la población del conjunto de las islas (2,2 millones). Canarias es el tercer mayor destino turístico español. El sector aporta el 35% del PIB regional y el 40% del empleo. Pero los manifestantes protestaban por un modelo de turismo que hace muy difícil la vida a la población local. Canarias presenta algunos de los peores datos de España en pobreza y sanidad, los sueldos son los segundos más bajos del país y padece la tercera tasa de paro más alta del país (16,2% según la EPA). Las infraestructuras están saturadas y los negocios que no están enfocados al turismo acaban por cerrar.

Con todo, ha sido el problema del acceso a la vivienda la gota que ha colmado la paciencia de los canarios, que exigen cambios en un modelo de crecimiento que expulsa a buena parte de su población y ha arrasado con barrios enteros. Las islas cuentan casi con tantas plazas en viviendas vacacionales (220.409) como plazas hoteleras (256.793) y en algunos destinos, como Santa Cruz de Tenerife, incluso más, lo que contribuye de manera decisiva a que esta sea la segunda provincia donde más crecieron los precios del alquiler en el último año y añade dificultades de acceso a la vivienda a sus residentes.

El gran apoyo que han recibido las protestas, que congregaron a cerca de 60.000 personas entre las siete islas y despertaron concentraciones solidarias en otros lugares de España, ha llevado a empresas y autoridades a abrir un “periodo de reflexión” acerca de su futuro, para avanzar hacia un modelo más sostenible que tenga en cuenta los impactos ambientales y de escasez de agua y que ejerza menos presión sobre los costos de la vida y la vivienda.

El de Canarias no es un caso aislado. Cada vez un mayor número de ciudadanos en ciudades como Barcelona o Málaga y en las islas Baleares expresan su hartazgo por el riesgo de convertirse en un parque temático para los turistas. Fuera de nuestras fronteras, Ámsterdam acaba de anunciar que va a prohibir la construcción de nuevos edificios hoteleros, reducir el número de cruceros y limitar el acceso de los autocares a la ciudad para limitar las pernoctaciones a 20 millones al año. Las protestas deben ser escuchadas. Si el negocio turístico expulsa a la población local para satisfacer a una demanda ilimitada, acabará muriendo de éxito.