Competición desigual en Venezuela

La inscripción de las candidaturas presidenciales en Venezuela anticipó el lunes el clima opaco de un proceso electoral que corre el riesgo de repetir el patrón de los anteriores y acabar en una competición desigual el próximo 28 de julio. El chavismo demostró que mantiene el control absoluto de las instituciones y sus reglas de juego. Tras la inhabilitación de María Corina Machado, la rival mejor posicionada, la oposición ni siquiera pudo registrar a la candidata nombrada como sustituta, la académica Corina Yoris. La razón fue un aparente fallo informático del formulario del Consejo Nacional Electoral (CNE), que rechazó sus credenciales sin más explicaciones. Sin embargo, una extensión del plazo permitió la postulación de un candidato de bajo perfil aceptado por la Plataforma Unitaria, la alianza que cerró filas con Machado.

Las críticas al procedimiento de inscripción han sido prácticamente unánimes. La Casa Blanca, la Unión Europea, pero también gobiernos latinoamericanos progresistas, como el colombiano de Gustavo Petro o el brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, mostraron preocupación por la falta de garantías. Nicolás Maduro rechazó los señalamientos y los tachó de “injerencias”, aunque al final las autoridades chavistas admitieron la papeleta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), predecesora de la Plataforma Unitaria. Su candidato es el diplomático Edmundo González Urrutia, una figura provisional que tendrá el cometido de guardar la plaza a un aspirante de mayor peso. La ley permite reemplazar a un candidato hasta 10 días antes de la votación.

A González Urrutia se suman, entre los candidatos que lograron inscribirse, otros dos veteranos políticos antichavistas: Enrique Márquez, un dirigente socialdemócrata que concita cierto consenso en la coalición liderada por Machado, y el gobernador del Estado de Zulia, Manuel Rosales, que en la actualidad es el principal cargo público opositor. También presentaron sus credenciales otros nueve postulantes, entre los que se encuentran figuras afines al Gobierno y opositores de partidos minoritarios.

Maduro, a quien todos los sondeos sitúan por detrás de Machado, está intentando eliminar de la carrera a los rivales con posibilidad de empañar su victoria. En esta ocasión, frente a la cita de 2018, las premisas de las elecciones parecían distintas. El sucesor de Hugo Chávez llegó a negociar a dos bandas con Estados Unidos y con la oposición. En 2023, Washington relajó algunas sanciones al petróleo e incluso accedió a devolver a Caracas a Alex Saab, procesado en Florida como presunto testaferro de Maduro. Su número dos, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, escenificó en Barbados un acuerdo con las fuerzas antichavistas. Todo quedó en agua de borrajas.

En enero se produjo un giro de guion. El Gobierno denunció cinco supuestos planes para asesinar al mandatario y hubo decenas de detenciones. Maduro tiene precedentes que avalan la teoría del magnicidio, como el disparatado desembarco de mercenarios y exmilitares en dos playas próximas a Caracas en plena pandemia de la covid-19. Pero ese temor se ha impuesto y ha llevado al chavismo a atrincherarse de nuevo.

Quedan casi cuatro meses para las elecciones y faltan por definir aspectos básicos como la presencia de observadores independientes. Lo que ha prefigurado la inscripción de candidaturas es una ardua batalla por los derechos electorales básicos. Un preocupante precedente que haría perder legitimidad a los comicios de julio.