El Supremo de Venezuela confirma la inhabilitación de María Corina Machado para concurrir en las elecciones presidenciales

María Corina Machado no podrá concurrir a las elecciones presidenciales venezolanas de este año por una treta jurídica del chavismo. El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado improcedente la demanda introducida por Machado, la líder absoluta de la oposición, en la que reclamaba por vías de hecho su inhabilitación. La justicia venezolana ha puesto así fin al suspenso de las últimas semanas. El chavismo se quita de en medio a la principal competidora de Maduro, que le aventajaba en casi todas las encuestas.

La sentencia se produjo la tarde de este viernes en una seguidilla de decisiones en las que sí se permitió la participación de otros políticos inhabilitados como Leocenis García y Richard Mardo. La Sala Político Administrativa de TSJ también emitió sentencia firme sobre el caso de Henrique Capriles Radonski, sobre quién ratificó el veto para postularse a cargos públicos por 15 años.

En los acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado se acordó crear un mecanismo para destrabar las inhabilitaciones políticas que el chavismo ha usado en los últimos años para bloquear la competencia en comicios electorales, cuando ha perdido gran parte del apoyo popular. Estados Unidos había presionado para que se presentara el procedimiento y el Supremo abrió un plazo de quince días en diciembre para que los interesados pudieran revisar sus casos, sobre todo el de Machado.

En su caso, el Supremo ha despachado en una misma decisión la admisión del recurso y la decisión negativa sobre el recurso y la medida cautelar, que eran el camino legal acordado en las negociaciones para brindar mayores garantías democráticas para que los comicios presidenciales de este 2024 pudieran ayudar a sacar a Venezuela de la larga crisis política e institucional que atraviesa.

Desde el año 2002, el chavismo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a más de 1.400 ciudadanos, según la ONG Acceso a la Justicia. Mmuchos de ellos funcionarios públicos. Con un férreo control sobre todas las instituciones del país, el chavismo ha usado esta argucia legal neutralizar a sus opositores. La persecución política contra la Machado empezó en 2014. Entonces, Machado encarnaba el ala más radical de la oposición venezolana. Sus encontronazos directos contra Hugo Chávez forman parte de la historia del país. Ese año, Machado fue destituida de la Asamblea Nacional acusada de “traición a la patria” por haber aceptado unirse a una delegación panameña para poder hablar ante la Asamblea General de la OEA, en Washington. En 2015, la Contraloría General de la República -órgano auditor del Poder Ciudadano- la inhabilitó para ocupar cargos públicos por un año, apenas cinco meses antes de las elecciones parlamentarias, a las que Machado pensaba concurrir. Se trató entonces de una sanción administrativa por la omisión de unos ingresos por concepto de bono de alimentación en una declaración jurada de patrimonio.

La inhabilitación que ahora nuevamente le pone freno se supo apenas hace unos meses. Machado ha alegado nunca ha recibido una notificación oficial ni ha sido parte de un juicio por esta causa. Según la decisión, Machado está inhabilitada desde el 16 de septiembre de 2021 por su presunta participación en hechos de corrupción ocurridos durante el Gobierno interino de Juan Guaidó, aunque nunca fue parte de esa estructura paralela anexa al Parlamento escogido en 2015, con la que se desafió la legitimidad de un Maduro entonces reelecto en un proceso cuestionado por la comunidad internacional. Machado, para ese tiempo, incluso pasó a ser del grupo de críticos de la estrategia del dirigente de Voluntad Popular que hoy está en el exilio en Estados Unidos. “Ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”, se lee en la sentencia.

El chavismo estaba en una encrucijada con la decisión de dejar participar a Machado, por mucho la candidata opositora más popular en los últimos años en los que gran parte de la población se desencantó de los líderes políticos. Con 70 puntos por encima de la exigua aprobación de Maduro, el chavismo ahora ha decidido ir hacia adelante y bloquearle definitivamente el paso.

“El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados. Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL” respondió la dirigente en un mensaje en sus redes sociales.

La decisión legal viene precedida de varias semanas de intimidación y persecución al equipo político de Machado que ha dado con el encarcelamiento de varios de sus colaboradores, a los que se les vincula en unas supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro, que ha usado el Gobierno venezolano para decir que la oposición está violando los pactos de Barbados.

Está por verse cómo va a reagruparse la oposición en este nuevo escenario. Machado ha insistido en que “nada los sacará del camino electoral”. Pero las opciones de un sustituto en la candidatura de la dirigente, dentro de la coalición de la Plataforma Unitaria, no se habían puesto en la mesa todavía, al menos de forma pública. Desde otros sectores de la oposición, una que ha pactado espacios de convivencia con el chavismo, hay opciones que todavía pudiera entrar en el terreno. El principal es Manuel Rosales, gobernador del Estado Zulia, que renunció a participar en las primarias, pero no abandonó sus aspiraciones presidenciales. Ya en 2006 los venezolanos acudieron a las urnas en el que tenían que escoger entre Hugo Chávez y Rosales, como última opción.

El pulso que ha dado Maduro con Estados Unidos, más allá de las conversaciones auspiciadas por Noruega, deberían desembocar ahora en la definición de la fecha de unas elecciones con unas garantías inciertas, sobre las cuales Washington flexibilizó temporalmente las sanciones petroleras que el chavismo exigía y propició un canje de estadounidenses presos en Venezuela por el empresario Alex Saab, detenido por lavado de dinero y señalado de ser uno de los operadores financieros del entorno del mandatario.

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