María Corina Machado acude a la justicia venezolana para reclamar su inhabilitación

María Corina Machado ha chutado la pelota al Gobierno. Este viernes ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revisión de la inhabilitación del chavismo que pesa sobre ella. Lo hace en las últimas horas del plazo acordado entre la oposición y Nicolás Maduro, fruto del diálogo para lograr garantías democráticas en las elecciones presidenciales de 2024. “No nos van a sacar de la ruta electoral”, ha dicho la dirigente a la salida de la sede del máximo tribunal en Caracas. “Voy a hacer todo lo que haya que hacer para llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen. Les toca a ellos cumplir. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta. Aquí no hay excusas”, ha añadido.

Machado había sido esquiva al anunciar este paso, que hasta hoy no estaba claro que fuera a dar. La opositora ha reiterado en varias oportunidades que nunca ha recibido una notificación oficial del veto político que le impusieron en agosto pasado, a pocos días de que se presentara como candidata a las primarias que finalmente ganó con un 92% de los votos, en un proceso que logró convocar a más de dos millones de venezolanos. La precandidata ha introducido con sus abogados una demanda de reclamación sobre su inhabilitación que, en términos legales, ha ocurrido por vía de hecho, pues no existe ningún acto jurídico donde se soporte el veto que le ha impuesto el Gobierno.

La confirmación de su concurrencia al Supremo la dio primero Estados Unidos, a través de la cuenta en la red social X de la embajada de ese país para Venezuela. “Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas”, dice el mensaje, en el que además reiteran la exigencia de la liberación de presos políticos estadounidenses y venezolanos, incluido Roberto Abdul, parte del equipo de Machado, apresado la semana pasada. “Continuaremos evaluando las sanciones basados en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia”, añade.

El chavismo ha acusado el golpe. El presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora, Jorge Rodríguez, respondió casi inmediatamente al mensaje de la embajada. “Venezuela no acepta directrices de nadie”, dijo en respuesta a la publicación oficial de la cuenta @usembassyve. “No es una embajada acreditada en nuestro país, sino una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que, si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas”.

Los acuerdos de Barbados finalmente han dado tracción a una crisis que parecía estancada, entre una oposición desarticulada en su estrategia y mermada por la persecución que ha dejado un importante saldo de presos y exiliados y el chavismo aferrado al poder. En el documento firmado en octubre se acordó permitir la participación de todos los candidatos en la contienda electoral. Así se abrió una puerta para destrabar las inhabilitaciones políticas con las que Maduro ha logrado bloquear a su competencia en los últimos años.

El pulso sobre este punto, sin embargo, lo dio Washington, que flexibilizó las sanciones petroleras por seis meses y arrinconó al Gobierno con un ultimátum de presentar antes del 30 de noviembre pasado resultados concretos en sus compromisos por ampliar las garantías democráticas en el país, específicamente sobre la liberación de presos políticos y la creación de un mecanismo para que los inhabilitados pudieran apelar sus casos. Maduro excarceló a cinco opositores y, también, en el último día del plazo, en un comunicado escueto divulgado por los facilitadores noruegos de las negociaciones, se conoció el procedimiento que ahora ha permitido a Machado solicitar la revisión de su caso para enfrentar a Maduro en la boleta electoral.

Esto, claro, tiene condiciones. En el procedimiento se advierte que “los interesados” en revisar sus casos deben abstenerse de presentar en la demanda y en declaraciones públicas “conceptos ofensivos o irrespetuosos” hacia las instituciones del Estado. “La Sala Político Administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, especifica el mecanismo.

La comunidad internacional ha empujado el conflicto hasta este escenario. Maduro está en su peor momento, con poco margen financiero para hacer mejoras sustanciales que le permitan tomar ventaja en unas elecciones en las que tenga una competencia real y sean observadas internacionalmente. El reciente frente que ha abierto con Guyana en la disputa del Esequibo ha sido interpretado por algunos analistas como un último recurso que le permita, en caso de escalar la situación, declarar el estado de emergencia y suspender las elecciones.

En algunos sectores, incluso se habla de que el chavismo evalúa una segunda opción para competir en las presidenciales. En cambio, por ahora la Plataforma Unitaria y quienes compitieron en las primarias han cerrado filas en bloque en torno a Machado, y no pareciera haber posibilidad de que pueda dividirse su candidatura.

Otras figuras que operan fuera del espectro opositor y en ocasiones han sido instrumentadas por el chavismo, como el exdirigente de Voluntad Popular y expreso político, Daniel Ceballos, también solicitaron revisar sus inhabilitaciones. También hay otros candidatos, como el outsider Benjamín Rausseu, un empresario y comediante que a principios de año iba de segundo en las encuestas, después de Machado, y que se negó a competir en las primarias.

Todavía no se ha fijado una fecha en el calendario para las elecciones que deberían ocurrir en el segundo semestre de 2024, tan y como se acordó en Barbados, pero en lo inmediato, el próximo movimiento está en manos de la justicia venezolana y sus tiempos.