Detenidas en Venezuela 32 personas acusadas de cinco supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aliado político del presidente Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la detención de 32 personas, entre las que se encuentran civiles y militares, acusadas de cinco supuestos planes de magnicidio. “Desde mayo de 2023 hasta ahora se han intentado cinco acciones violentas contra Venezuela. Los militares involucrados fueron convocados directamente desde Colombia, en colaboración con la CIA, la DEA y el ejército colombiano de la época”, acusó el alto funcionario. Saab ha ordenado además la captura de por de otras 11 personas, un grupo que incluye activistas de derechos humanos, periodistas y militares en el exilio. En la lista figuran la periodista Sebastiana Barráez, especializada en información de las Fuerzas Armadas, y la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, que reside fuera del país.

Hace una semana, el presidente denunció cinco presuntas “conspiraciones” para asesinarlo a él y a sus colaboradores que, según relató, las fuerzas de seguridad lograron desarticular a lo largo de 2023. En una declaración transmitida por el canal del Estado, Saab también anunció órdenes de captura contra los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina.

En la operación, según el Gobierno, fueron capturados “mercenarios y militares” de Perú, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, aunque no han trascendido sus identidades. “Tenían el objetivo de asesinarme, asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país”, había asegurado la semana pasada el presidente venezolano, quien señaló al servicio de inteligencia de Estados Unidos, a grupos de narcotraficantes colombianos y a la ultraderecha, como se refiere a la oposición venezolana, como los autores del plan.

Hace semanas, el propio Maduro había aceptado canjear a los ex boinas verdes Luke Denaman y Airan Berry, sentenciados en 2020 a 20 años de prisión por una incursión fallida en las costas venezolanas, por el empresario colombiano Alex Saab, que Estados Unidos había presentado a juicio por lavado de dinero en calidad de supuesto operador financiero de altos cargos de chavismo y que Venezuela reclamaba por su condición de diplomático. Una vez libre, lo ha puesto al frente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela, ente que controla las relaciones comerciales nacionales e internacionales del Estado.

El fiscal Saab ha ahondado este lunes en los cinco planes de magnicidio a los que han llamado Alta Conspiración, Caso Espionaje Guasdualito, Caso La Gaviota, Caso Fortunato y Brazalete blanco sin brindar mayores precisiones sobre el número de detenidos. Durante la conferencia de prensa, Saab ha presentado un video en el que militares detenidos acusaron a Suju, Barráez y los otros señalados de intervenir en el plan para atacar al mandatario y al gobernador chavista del Estado fronterizo de Táchira, Freddy Bernal. La operación iba supuestamente a perpetrarse durante la noche de Año Nuevo bajo la coordinación del exmilitar Ángelo Heredia, que ya había estado preso en 2019 por delitos de traición a la patria y, según las autoridades, se fugó.

Barráez lleva décadas cubriendo la opaca información militar. Tamara Suju, asilada en República Checa desde 2014, ha denunciado casos de tortura y otras violaciones de derechos humanos a los presos políticos militares, que son más de un centenar, y alimentado el expediente contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Ambas denunciaron los malos tratos recibidos durante la recaptura de Heredia el pasado 14 de diciembre, mientras intentaba cruzar por una trocha hacia Colombia desde San Antonio del Táchira. “El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DD HH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefensa”, respondió Suju en sus redes sociales a los señalamientos del fiscal.

Aunque el Gobierno de Venezuela ha retomado interlocución en la negociación que impulsa la comunidad internacional para encontrar una salida pacífica al conflicto político y en esas conversaciones se ha acordado mejorar las garantías democráticas para la oposición venezolana, sobre el terreno, el chavismo mantiene su aparato de control y continúa encarcelando a disidentes.

Las últimas semanas han sido excarcelados algunos presos políticos, pero también han entrado nuevos presos a los calabozos, donde más de 200 personas permanecen encerradas por motivos políticos. A esto se suma la implementación, con vistas a las elecciones presidenciales que se avecinan, de la llamada “furia bolivariana”, una organización cívico-militar-policial “para enfrentar cualquier intentona terrorista y golpista, se presente como se presente”, según ha explicado el propio Maduro, algo que defensores de derechos humanos ven como parte de una estrategia de intimidación a la disidencia.

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