El reto de un aire más sano

El repaso al actual nivel de contaminación ambiental de las ciudades españolas arroja un resultado desolador: ninguna cumple con los límites establecidos por la Unión Europea para 2030. España, nuevamente, parece estar dispuesta a actuar a remolque en este apartado crucial para la salud de los ciudadanos. La insalubridad del aire de las grandes urbes es la primera causa de muerte evitable de sus habitantes. Las afecciones cardiorrespiratorias y pulmonares se ceban en ellos y, si bien poco a poco se está reduciendo la contaminación, lo cierto es que esta supera, además, con creces los niveles de insalubridad que establece ya hoy la Organización Mundial de la Salud.

Cumplir con la nueva norma europea otorga a España apenas seis años para reconducir la situación. No será fácil. Desde las elecciones locales y autonómicas del pasado año han tomado el mando en las políticas medioambientales partidos que las desdeñan y que incluso niegan la crisis climática. En ciudades como Gijón, Valladolid, Castellón, Lorca o Majadahonda se eliminan carriles bici y se reducen las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o simplemente se retrasa su puesta en marcha.

Algunos políticos caminan hoy en la dirección equivocada. La corriente contra la agenda verde afecta a toda la Unión Europea, que recientemente ha hecho concesiones a unos agricultores soliviantados por sus problemas económicos y que han clamado contra ciertas medidas medioambientales. Pero en España el problema viene de lejos. Madrid y Barcelona son las dos grandes urbes que sufren una mayor concentración de contaminación, algo sobre lo que ya ha alertado la Unión Europea. Barcelona es la única urbe española que actualmente incumple el límite de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO₂); una catástrofe si se tiene en cuenta que con la nueva directiva ese límite quedará en 20 microgramos en 2030. Madrid ha estado muy cerca de superar los 40 microgramos, por lo que el esfuerzo para cumplir con los nuevos estándares tendrá que ser igualmente intenso. En su lugar, el Ayuntamiento, pilotado por el popular José Luis Martínez-Almeida, revirtió el proyecto de Madrid Central de la anterior alcaldesa Manuela Carmena y finalmente lo sustituyó por una ZBE de 4,72 kilómetros cuadrados frente a los 604,45 kilómetros cuadrados que ocupa la superficie de la capital.

Pocas grandes ciudades españolas han establecido esas zonas de bajas emisiones que restringen el tráfico rodado. Reducir el dióxido de nitrógeno que producen, sobre todo, los motores de diésel supone una medida fundamental para mejorar la calidad del aire que respiramos. Pero hay otras iniciativas de urgente puesta en marcha, como favorecer el transporte colectivo y el eléctrico o facilitar el tránsito de los peatones y de las bicicletas. A medio y largo plazo, los poderes públicos deberían lanzarse a repensar el diseño completo de nuestras ciudades, donde vive el grueso de la población de cada país.

Esperar a la retirada paulatina de vehículos diésel desemboca en el desastre para millones de ciudadanos obligados a respirar un aire insano. Más difícil todavía será reducir drásticamente, como exige la nueva normativa europea, el nivel de las micropartículas, que no dependen tanto de la combustión de los motores como del clima.

Se necesita un compromiso profundo con la mejora del medio ambiente. Los incumplimientos pueden acarrear multas europeas, pero más grave que las sanciones es jugar con la salud de los administrados.