La realidad de la agricultura detrás de los tractores

La agricultura española ha formado parte de los sectores económicos esenciales durante la pandemia de la covid-19 y ha sido alabada justamente por contribuir a que no se interrumpiera el suministro alimentario. Pero las actuales protestas muestran, con diferencias abultadas por colectivos agrarios y ramas productivas, que su situación es realmente problemática.

En las pasadas décadas, el sector ha llevado a cabo una gran reconversión, una silenciosa reforma agraria de mercado a partir de nuestra adhesión a la UE, pero los frutos apenas se traducen en aumentos de rentas. Los cambios se han caracterizado por un reparto muy desigual de ingresos a lo largo de la cadena alimentaria, con costes crecientes y precios bajos, muy alejados de los que pagamos los consumidores, evidenciando que los agricultores están inermes ante sus mercados.

En este escenario, las millonarias ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) no están impidiendo las crisis de rentas de una mayoría de agricultores, ni el atraso socioeconómico relativo de muchas zonas rurales. Muy al contrario, perviven con gran dificultad los colectivos mayoritarios de agricultores y ganaderos familiares y de jornaleros, ambos en fuerte retroceso, al tiempo que los ingresos se concentran en pocas empresas de producción, transformación y distribución alimentaria.

La nueva PAC y sus efectos

Desde que la PAC suprimió los precios mínimos garantizados como medida básica de apoyo, las rentas de los agricultores han venido sufriendo crisis recurrentes. En resumen, las nuevas políticas adoptadas paulatinamente a partir de la reforma de 1992 les indicaron tres opciones de futuro: aumentar la eficiencia productiva (elevando la productividad), reducir el nivel de dedicación (con más agricultura a tiempo parcial) o abandonar explotaciones.

La importancia relativa de estas tres opciones ha variado en los países europeos según la estructura de sus agriculturas. En nuestro país, con una estructura productiva muy dual (el 45,6% de explotaciones agrícolas pequeñas o medianas y el 55,4% grandes o muy grandes; el 21,9% y el 78,1% de explotaciones ganaderas, análogamente), la presencia de las dos últimas opciones ha sido singularmente elevada.

Padecemos, pues, una estructura productiva agraria muy frágil que, ante unos precios percibidos bajos y precios pagados elevados que les vienen dados a los agricultores (son meros precioaceptantes), condiciona la viabilidad económica de sus explotaciones. Esta característica explica, en gran parte, la dimensión de la crisis actual de rentas y la extensión que alcanzan las protestas.

Una segunda característica estriba en que, dado que las ayudas de la PAC se concentran en los titulares de derechos de cobro con más tierra o ganado, en España pocos perciben una elevada aportación a sus rentas, mientras a muchos otros apenas les facilita su continuidad o bien les resulta irrelevante. También es preciso recordar que sectores enteros carecen de ayudas a las rentas, como los frutales y la horticultura o el porcino y la avicultura.

Y otra característica decisiva es la extrema debilidad de nuestro tejido asociativo agrario. Durante las últimas décadas ha tenido lugar un fuerte retroceso del cooperativismo, al tiempo que aumenta el peso de la agricultura y ganadería societarias (alcanzan el 23,1% y el 41,5%, respectivamente). De este modo, el poder negociador del agricultor y del ganadero es casi nulo frente a la agroindustria y la distribución alimentaria; de igual modo es inexistente frente al sector abastecedor de los bienes y servicios productivos agrarios.

Colectivos agrarios muy diversos

Así pues, esta gran reconversión ha tenido consecuencias muy dispares en las rentas de los diversos colectivos agrarios, lo que se constata si observamos los tipos de explotaciones por su dimensión económica. En concreto, destacan las explotaciones denominadas comerciales (apenas el 10% en número, pero con casi el 50% de la superficie de cultivo y dos tercios de la producción agrícola total, y el 39% en número, pero con el 90% de la cabaña y de la producción ganadera total), que han protagonizado la transformación en explotaciones más grandes y modernizadas.

A su vez, contamos con un número enorme de explotaciones territoriales y marginales (el 29% y el 61%, respectivamente en la agricultura, y el 43% y 18% en la ganadería). La principal significación de las territoriales estriba en el volumen de empleo que sostienen pese a su difícil pervivencia, pudiendo suponer un apreciable complemento de ingresos para sus titulares y con ello facilitar el mantenimiento de la población rural. Mientras tanto, las marginales tienden a desaparecer con mayor o menor intensidad según los sectores productivos.

Pero hay otro colectivo cuya presencia es dominante en amplias zonas rurales: los asalariados eventuales o fijos (más del 62% de la población agraria ocupada, según el INE). Este extenso colectivo carece de ayudas de la PAC, mantiene tasas muy elevadas de paro estacional (sus 20 jornales anuales mínimos exigidos para cobrar un subsidio de paro son bien elocuentes) y coexiste con decenas de miles de trabajadores inmigrantes a menudo con los salarios más bajos y sin derechos laborales.

En consecuencia, la crisis actual de rentas impacta en todos nuestros colectivos, aunque de forma muy desigual. Los titulares de explotaciones comerciales que lograron mejorar su eficiencia productiva conservan la mayor parte de las rentas agrarias totales y de las ayudas de la PAC, pero no consiguen retener sus ingresos, aun generando un volumen muy decreciente de empleo. Sin embargo, las explotaciones territoriales de carácter familiar (en su mayoría a tiempo parcial) tienen comprometida su continuidad por la caída de rentas, viéndose empujadas a convertirse en marginales y al abandono.

¿Y los asalariados? Sufren la presión a la contención de sus reducidos salarios, la precariedad del empleo y la escasez de ingresos. Sin duda, son los grandes perdedores del nuevo modelo productivo, tendente a reducir la mano de obra necesaria en todo tipo de tareas y aumentar la productividad del trabajo (las jornadas totales realizadas se han reducido al 48,3%, esto es, a menos de la mitad en los últimos 40 años, un tercio en la agricultura y dos tercios en la ganadería, según los últimos datos censales).

Situación y medidas de respuesta

La situación actual muestra a unos agricultores comerciales que han apostado por invertir y mejorar sus explotaciones, pero no pueden impedir la fuertemente desigual distribución de ingresos a lo largo de la cadena alimentaria. Intentan aumentar a toda costa sus producciones, pero el poder de mercado reside en oligopolios o cuasi monopolios reales o virtuales, verdaderos fijadores de precios que dominan todos los eslabones de esta cadena.

Ante el escaso resultado de medidas como nuestra ley de la cadena alimentaria de 2021, cabe plantear si la PAC debiera regular una más justa distribución de ingresos, un problema común a todos los países. Pero cabe cuestionar medidas como la reducción del uso de fertilizantes, pesticidas y antibióticos, dada la fuerte degradación ambiental causada por una agricultura y ganadería intensivas cada día más en manos de fondos de capital y cuando acechan nuevas pandemias.

En cuanto a los agricultores territoriales, si bien se encuentran igualmente afectados por los problemas citados, su importancia territorial y social exigiría medidas específicas. Ante todo, deberían verse beneficiados por un cambio en el sistema de reparto de las ayudas de la PAC, una de sus principales asignaturas pendientes. Necesitan diversificar sus fuentes de ingresos con otros tipos de actividades que dependen del nivel de desarrollo de sus zonas rurales.

Igualmente, la situación alcanzada nos muestra a miles de jornaleros mal pagados, muchos inmersos en la economía sumergida, con condiciones de vida y trabajo objeto de denuncias por la ONU. La pregunta es si sectores agrícolas enteros, como por ejemplo el hortofrutícola, necesitan sustentarse en la sobreexplotación permanente de estos temporeros, en buena medida inmigrantes.

En definitiva, la crisis agraria golpea a los colectivos y también a las áreas rurales en función de la composición de su actividad económica, pero hoy día el medio rural ya no es solo sinónimo de campo (agricultura, ganadería y montes). En España, para los colectivos agrarios mayoritarios, en particular los titulares de explotaciones territoriales y los asalariados, el futuro pasa, sobre todo, por promover un desarrollo rural sostenible, pero esa es otra asignatura pendiente que requiere una inaplazable política rural de Estado.