Las medidas agrarias de la UE reducen la producción en el campo hasta un 15%

Las mayores exigencias medioambientales a la hora de producir en los campos o en las granjas, junto a la excesiva burocracia, se han convertido en las principales preocupaciones de agricultores y ganaderos a la hora de ejecutar su actividad agraria. Esta situación no es hoy solamente una denuncia del sector agrario en toda la Unión Europea. Las críticas surgen en el propio ámbito de la Comisión, como lo pone en evidencia un propio informe del Centro de Investiga Comunitario, JRC, en un análisis sobre los efectos de las estrategias “Del campo a la mesa” y “Biodiversidad 2030″ por las que se plantea una reducción en el uso de fertilizantes del 20% y del 50% en productos fito y zoosanitarios. Según los informes de ese Centro oficial, su aplicación supondría una reducción de las producciones entre un 5% y un 15%, siendo la actividad ganadera la más afectada.

El malestar va más allá de la congelación o de la reducción de los fondos comunitarios directos de la PAC, aunque los mismos no se hayan actualizado en función de la inflación para compensar sus ingresos y defender sus rentas. Para el sector, este conjunto de medidas, tanto para la actividad agrícola como para la ganadera, van a suponer, no solamente un incremento en los costes de producción, sino además una reducción del volumen de oferta, con unos precios a la baja en muchos casos alentados por unas importaciones de productos obtenidos en terceros países en condiciones muy diferentes desde los costes a la seguridad alimentaria.

Esa estrategia supondría, además, la disminución de las exportaciones, especialmente en los cereales, carne de cerdo o aves de corral, con el consiguiente empeoramiento del comercio exterior también en otras producciones como semillas, frutas y hortalizas, ovino o vacuno, con un aumento en un 10% en los costes de producción.

La actual deriva comunitaria que acumula tantas condiciones afecta a la reducción de tratamientos, de superficies, mantenimiento de setos, linderos, márgenes de protección en los ríos, la llamada condicionalidad reforzada. En el caso de las explotaciones ganaderas, la política sobre el bienestar animal, con la obligación de aumentar la superficie por unidad en las granjas más o menos intensivas, supone ya un aumento del tamaño de las mismas, más costes fijos por ampliación para producir lo mismo. A todo ello, en ambos casos, agricultores y ganaderos, se suma la multiplicación de la burocracia y el papeleo para el control de la actividad, donde destaca la exigencia del Cuaderno de Explotación, cuya entrada en vigor se ha ido aplazando hasta el otoño de este año, no es una iniciativa nueva. En conjunto, se trata de un capítulo más en la política de vaivenes desarrollada por Bruselas en las últimas décadas en política agraria.

Frente a los elevados excedentes en leche, carnes, cereales o vino en los años ochenta provocados por la psicosis para asegurar el abastecimiento y evitar la dependencia exterior que costó vaciar las arcas comunitarias para su exportación, en los inicios de los noventa el Comisario McvSharry daba un giro radical encaminado a bajar la oferta con un abandono del 10% en las superficies de cultivo, penalización de producciones por superar cuotas o superficies, apoyos para agrandar los cultivos o para la protección del paisaje.

Hoy, décadas más tarde, se mantiene el auge de las posiciones medioambientalistas frente al equilibrio que reclama el sector por la necesidad de producir a unos costes que apoyen una posición de competitividad frente a las importaciones de terceros países.

Precios, renta y Ley Cadena

Junto a la pelea contra las mayores exigencias medioambientales y de control de la actividad desde la burocracia, el sector agrario tiene también como objetivo clave la rentabilidad de su actividad y para ello, sobre el papel se halla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una disposición básica por la que se garantizan unos precios que aseguren unos ingresos que, al menos cubran los costes de producción.

Sin embargo, una cosa ha sido la Ley de 2014 mejorada en los últimos años para evitar las ventas a pérdidas y, otra, la realidad. Su aplicación ha contado con un aumento importante de fondos hasta superar los 14 millones de euros para mejorar su eficacia con más acciones, más personal con un balance importante donde, entre sus muchos datos, destacan más de 3.000 sanciones que suman los 14 millones de euros. Desde el sector se reclama la necesidad de que el Observatorio de la Cadena actualice permanentemente los precios medios de referencia en los costes y que sigan aumentando los medios para su acción.

La Ley de la Cadena es hoy la más importante a la hora de apoyar la rentabilidad de las explotaciones agrarias al exigir que los precios cubran los costes de producción. Sin embargo, su aplicación es más compleja por dos motivos. De una parte, por la desigualdad de poder entre quien vende, generalmente un agricultor o ganadero frente a una industria, grandes intermediarios o un grupo de distribución. De otra parte, por el hecho de que se trata de productos perecederos, agrícolas o ganaderos que en unos casos no se pueden almacenar o aplazar su recolección y de animales que deben salir de la granja para parar costes de alimentación cuyo peso no puede superar unos techos porque corre el riesgo de perder valor en los mercados. En esas circunstancias, vender es una “obligación” frente para quien comprar es un simple acto más económico con capacidad para esperar o busca otro proveedor.

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