Claves | ¿Por qué protestan los agricultores en España?
El campo demanda una nueva política agraria que mantenga un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la económica para evitar desmantelar una parte del sector
Olas de tractores han salido a las calles a protestar en contra de la “incoherencia de las políticas europeas”. Al margen de las demandas específicas de cada país miembro, las movilizaciones en buena parte de la UE constituyen una llamada de atención a las instituciones comunitarias por la forma de gestionar la Política Agrícola Común (PAC), creada en los años sesenta, y que ahora busca el equilibrio entre varios objetivos: incrementar la productividad para garantizar un abastecimiento suficiente y seguro a precios razonables, aumentar la rentabilidad del sector, y fomentar la estabilidad en los mercados y la sostenibilidad del medio rural.
En España, una consigna sobrevuela las protestas: los agricultores reclaman que se garantice el pago justo por cosechas que en los últimos años, como lamentan los agricultores, “se venden a pérdidas”. Critican que la Ley de Cadena Agroalimentaria, el reglamento con el que entre otras cosas se han intentado evitar esas ventas por debajo de precio de mercado, no se está cumpliendo. Estas son algunas de las principales reclamaciones del sector primario.
Menos papeleo. La PAC, según el sector, se ha instalado en la burocracia: coexisten multitud de normas y exigencias de seguimiento y control, suelos sostenibles, plazos, técnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producción, como si detrás de cada peticionario de ayuda hubiera un posible defraudador. Eso lleva a que cada explotación sea como una gestoría. La última edición de esta normativa europea incluye, por ejemplo, el uso obligatorio de un Cuaderno Digital donde llevar un registro de las actividades agrícolas realizadas. “¿Cómo se supone que vamos a usarlos si en muchas de las zonas de cultivo ni siquiera hay internet?”, se pregunta Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.
Frenar la competencia exterior desleal. El sector acusa a la Comisión de poner a disposición de países de fuera de la UE auténticas autopistas de entrada para sus productos y, en la mayor parte de los casos, sin limitaciones en volumen, con reducción de los precios de acceso, y sin que se les exijan las mismas condiciones que a los agricultores europeos. Sobre todo apuntan a criterios más flexibles en el uso de productos fito y zoosanitarios, así como en el cumplimiento de prácticas respetuosas con el medio ambiente, bienestar animal o normativa salarial.
“En lugar de solucionarlo, se han firmado nuevos acuerdos comerciales como el de Mercosur”, denuncia Miguel Padilla, secretario general de Coag. “La entrada de carne de vacuno desde Sudamérica, por ejemplo, podría suponer un lastre para la producción nacional. Lo mismo pasa con el cordero de Nueva Zelanda o la importación de tomates y hortalizas desde Marruecos”, concreta. En el caso de Mercosur, sin embargo, el acuerdo no ha entrado en vigor ni se espera que lo haga a corto plazo, sobre todo por las reticencias de Francia.
En un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios Asaja, Coag y Upa han reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se detengan las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. “Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE”, insiste el escrito.
Menos restricciones a los fertilizantes. En unos mercados globalizados, el sector rechaza las fuertes exigencias de reducción en el uso de los fertilizantes, de entre un 20% y un 50% en el empleo de productos fito y zoosanitarios, por disminuir el rendimiento de sus cosechas y dificultar su competitividad internacional.
Medidas ambientales menos rígidas. Son las exigencias que despiertan mayores temores, al ser de obligado cumplimiento para cualquier agricultor. Entre ellas están la rotación de los cultivos, la obligación de dejar los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dejar los márgenes suficientes junto a los ríos para evitar vertidos, la prohibición de no labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%, la protección de los humedales o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos.
Desde el sector se pide una mayor flexibilidad, que las exigencias medioambientales contemplen un mayor equilibrio y que se tenga en cuenta también la rentabilidad de las explotaciones.
Más rentabilidad. Durante los últimos años, como resultado de los problemas logísticos globales y la guerra en Ucrania, se han incrementado con fuerza los costes de producción, con encarecimientos de la energía, las semillas, los fertilizantes o la maquinaria. Los agricultores denuncian la pérdida de rentabilidad y de competitividad frente a las importaciones masivas más baratas desde terceros países. El sector reclama que se aplique de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que se obliga a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción, y ven fundamental que lo cumpla la gran distribución, el final de la cadena.
En España, los alimentos se han encarecido notablemente en los últimos dos años. También en el campo. Los precios en origen (los que se fijan de partida en el campo) han registrado una subida media acumulada del 50% desde 2021, año en el que empezó la crisis inflacionista, según los datos del Ministerio de Agricultura. Además, la renta agraria se incrementó un 11,1%, hasta los 31.931 millones, el mejor dato histórico, tras caer un 5,5% en 2022.
Más presupuesto. El sector agrario demanda unos presupuestos para la PAC superiores tras el reciente recorte. Los fijados en el periodo anterior superaban los 400.000 millones frente a los 385.000 millones del actual periodo, un desajuste que se ve ampliado por la inflación.
Flexibilizar las normas de bienestar animal. Una gran parte del sector ganadero intensivo, porcino o de la avicultura se enfrenta al cumplimiento de las nuevas normas sobre el bienestar animal, con la exigencia de aumentar la superficie en granja por unidad, lo cual implica más inversiones para una producción similar. Eso se traduce en una pérdida de rentabilidad, y según denuncian, miles de explotaciones podrían acabar cerrando.
Proteger las explotaciones familiares. Todos estos problemas amenazan con derivar en un cierre progresivo de las pequeñas y medianas explotaciones, dejando el terreno libre al desembarco en el campo de grandes corporaciones agroalimentarias, que tendrían en su mano la mayor parte de la producción. Esta tendencia, denunciada desde las organizaciones agrarias, choca con los planteamientos originales de la PAC.
Planas o la quinta OPA
Al margen de las demandas de las organizaciones agrarias, la denuncia más reciente de esta situación en la UE no ha venido solo de las movilizaciones en las carreteras, sino de la mano del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, en la reciente reunión en el foro en Bruselas donde se debatía la estrategia de diálogo sobre el futuro de la agricultura en la UE.
El titular español señalaba que los presupuestos comunitarios para la PAC se han quedado cortos, que se debería dar más protagonismo a los agricultores y ganaderos; que se deben escuchar sus peticiones con un mayor diálogo que las exigencias medioambientales están bien, pero con más fondos y que se expliquen de forma más coherente; que la PAC sea una política más estable con la mirada en el medio y largo plazo, que haya una mayor innovación y desarrollo con las Nuevas Técnicas Genómicas para avanzar y mejorar producciones, que se apoyen los mercados con más exportaciones propias y un mayor control de las importaciones vía la aplicación de la cláusula espejo o sea, exigir que lo que se importa se haya producido cumpliendo las mismas exigencias en materia de uso de productos fito o zoosanitarios como lo practicado en la UE.
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