Injusto castigo colectivo

La decisión de varios países de suspender sus aportaciones económicas a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) invocando la presunta implicación de 12 empleados locales en el sangriento ataque contra Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre supone en la práctica un injustificado castigo colectivo a toda la población de Gaza. El hecho de que a los dos principales donantes —Estados Unidos y Alemania— se les hayan sumado, entre otros, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Australia y Canadá significa para la agencia la pérdida de más de la mitad de su financiación y no hace más que agravar las inhumanas condiciones en las que viven los gazatíes desde que el ejército israelí desencadenó como represalia una indiscriminada ofensiva militar a gran escala.

Objetivo desde hace años de diferentes gobiernos israelíes empeñados en empañar el papel de la organización internacional humanitaria con acusaciones de connivencia con el terrorismo, la UNRWA, que está investigando los hechos, ha despedido ya a nueve de sus 12 empleados locales (de los otros tres, uno está muerto y se está aclarando la identidad de los otros dos) presuntamente implicados en el atentado que provocó en Israel 1.200 muertos. Se trata, sin duda, de una gravísima incriminación que, sin embargo, no puede servir para extender la sospecha sobre la totalidad de una estructura que forma parte de Naciones Unidas, en la que trabajan 30.000 personas —13.000 de ellas en la propia Franja— y que constituyen ahora mismo el único —y mínimo— sustento para dos millones de personas sometidas desde hace tres meses a un inhumano asedio que ha causado ya más de 25.000 muertos, según el ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás.

Castigar a la UNRWA en este momento condena al desamparo ante los bombardeos y a la indigencia a cientos de miles de personas inocentes que no disponen de refugio, agua ni alimentos, contraviene el más mínimo sentido humanitario y asume el discurso de los extremistas israelíes, que consideran a todos los palestinos enemigos mortales. Se trata además de un rigor oportunista que raya en la sed de venganza y escapa a toda lógica. Adoptar una medida tan drástica como la asfixia económica y operativa de una institución que juega un papel asistencial, pero también sanitario y educativo, para depurar los presuntos actos de 12 empleados sobre un total de 30.000 resulta, cuando menos, desproporcionado. Si se aplicara un criterio tan radical a cualquier otra organización pública o privada en todo el planeta es posible que no hubiera más remedio que disolverlas todas.

Ante tan dramática situación, resulta acertado el anuncio de España de continuar financiando al organismo humanitario de la ONU para aliviar mínimamente la situación de cientos de miles de personas. Que la población palestina no es la organización terrorista Hamás es una evidencia aceptada hasta ahora por todos a excepción de por los partidarios de la guerra total e indiscriminada. En nada ayuda a una resolución pacífica del conflicto entre Israel y Hamás la injusta retirada de financiación a la UNRWA. Solo aportará más sufrimiento a civiles inocentes que, con toda razón, se sentirán completamente abandonados por muchas de las democracias más poderosas del mundo.