El escándalo Post Office: tecnología opaca al servicio del poder

Ha hecho falta una serie de televisión para que el primer ministro británico Rishi Sunak anuncie una ley para exonerar e indemnizar más rápido a las víctimas del escándalo. Lo ha llamado “una de las grandes injusticias de la historia de la nación”. No es una exageración. Hasta 3.500 dueños y operadores de pequeñas sucursales de correos, fueron acusados, perseguidos y en muchos casos encarcelados y arruinados, gracias a la asistencia de un sistema operativo defectuoso al servicio del poder.

La Post Office, la red de servicios postales y financieros en el Reino Unido, estableció un sistema de punto de venta electrónico llamado Horizon, diseñado y mantenido por Fujitsu, para la administración centralizada de sus 13.000 franquicias. Aseguró que se trataba de un sistema más limpio y eficiente que la contabilidad tradicional de papel. Nada más llegar, Horizon empezó a generar discrepancias cotidianas, agujeros en la contabilidad de las pequeñas oficinas. Estaba lleno de bugs.

Fujitsu lo sabía desde el principio. David McDonnell, uno de los desarrolladores del proyecto, dijo que “de los ocho del equipo de desarrollo, dos eran muy buenos, otros dos eran mediocres, pero podíamos trabajar con ellos, y luego probablemente había tres o cuatro que simplemente no estaban a la altura y no eran capaces de producir código profesional”. Los técnicos de la empresa tenían acceso “sin restricciones y sin auditoría” a todos los sistemas, incluyendo acceso remoto a las cuentas de las sucursales. Si no lo sabía entonces, correos lo supo inmediatamente después.

En lugar de asumir las responsabilidades y corregir las deficiencias de la tecnología, la Post Office invirtió todos sus recursos y energía en perseguir a los responsables de las pequeñas sucursales como criminales, consiguiendo 983 condenas penales. Sus abogados clasificaron a los acusados por raza, separando a los “tipos negroides”, los “tipos chinos/japoneses” y “tipos europeos de piel oscura” de los operadores caucásicos como parte de su estrategia legal. En 2014, el entonces secretario de Justicia Chris Grayling modificó la ley para que aquellos declarados víctimas de un error judicial no pudieran recibir compensación a menos que pudieran demostrar su inocencia “más allá de toda duda razonable”. Correos se aferra a esa ley para evitar pagar la correspondiente compensación. Pero el año pasado extendió su contrato con Fujitsu para la migración de sus sistemas de tecnología de la información a la nube, y este año extendió otro contrato para seguir usando Horizon IT.

Es un drama real de vidas destruidas por el mal funcionamiento de un solo programa de software y la cultura tóxica de una empresa pública que tendría que haber estado más vigilada. Pero también nos sirve para pensar en las consecuencias reales de introducir soluciones opacas de empresas privadas sin auditorías adecuadas para modernizar infraestructuras sanitarias, educativas, financieras y administrativas en un contexto político incentivado por una fuerte exuberancia tecnológica y poco sentido de la responsabilidad. Especialmente este año, cuando desembarque la IA en colegios, administraciones, salas de justicia, centros sanitarios y otros servicios críticos en lugar de lo que realmente necesitan: mejores condiciones laborales y más personal.