Diez déficits sociales de transparencia para un pacto político en el nuevo año

El siglo en el que estamos está llamado a ser el siglo de la información y el conocimiento, y es por ello que el derecho a saber y la transparencia social deben ser vectores fundamentales en la acción pública y política de nuestros gobernantes.

Entre otras muchas necesidades y carencias en cuanto a transparencia en nuestro país, hemos seleccionado un conjunto de diez déficits o asignaturas pendientes en esta materia que necesitarían afrontarse de forma clara y urgente a través de un acuerdo de los partidos políticos, al menos de los partidos mayoritarios, de cara a lograr un espacio común de consenso que respetase en mayor medida los derechos y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos:

1) En el área de la sanidad se necesitaría establecer por ley la publicación —actualizada— de las cifras de las listas de espera existentes en todos y cada uno de los niveles de servicios, especialidades y centros sanitarios de nuestro país (y con un sistema de control independiente de dichas listas).

2) También en dicho ámbito los ciudadanos tienen derecho a saber el número de personal sanitario interino, eventual y temporal existente en los distintos centros sanitarios y categorías profesionales; igualmente sería necesario el establecimiento por ley del cumplimiento de unos ratios mínimos de personal y de recursos materiales en los centros sanitarios, tanto los de atención primaria como los hospitalarios.

3) Se debería acordar, además, la publicación y actualización trimestral de un panel o cuadro de mando con los 30 indicadores básicos de sanidad y salud, fijados por un comité de expertos sanitarios, tanto a nivel estatal como autonómico.

4) En el ámbito de la educación sería necesario acordar y publicar un conjunto básico de materias educativas mínimamente asumibles por el conjunto mayoritario de los representantes parlamentarios, así como potenciar la enseñanza en colegios e institutos del conjunto de los derechos humanos fundamentales, aprobados hace justo ahora 75 años (1948) por la ONU en su Declaración Universal, y tan inherentes a la condición de ciudadano como desconocidos por la mayor parte de la ciudadanía.

5) En lo relativo al sector público, cada una de las entidades públicas debería publicar anualmente al menos dos informaciones: a) número y características básicas de los empleados interinos que tienen, y b) cargos de confianza o libre designación —y sus características básicas— que incluyen en sus plantillas.

6) Igualmente en el ámbito de la esfera pública, y de cara a la eficiencia socioeconómica y el derecho a saber ciudadano, sería necesaria la creación de una web pública, integral y holística, con el detalle individualizado de los diversos datos básicos: objeto, sujetos, cuantía, nivel de ejecución, etc., de todos los proyectos que se vienen desarrollando en nuestro país a través de los fondos Next Generation (140.000 millones entre 2021 y 2026), y ello a distintos niveles, de forma que los ciudadanos pudieran consultar de una forma simple y rápida los datos de cualquier proyecto de un determinado ámbito territorial, sector empresarial, institucional, etc.

7) En cuanto a transparencia en el ámbito de la ciencia y la investigación, se deberían adoptar medidas que faciliten al máximo la ciencia abierta y el libre conocimiento de los artículos científicos e investigaciones, propiciando así el impulso y la difusión de los repositorios de artículos y trabajos científicos a nivel nacional e internacional.

8) En lo relativo a los procesos electorales, los partidos políticos deberían publicar, entre otras muchas cosas, un breve currículum (de al menos cinco o seis líneas) de cada uno de los candidatos que proponen en sus listas electorales (dado que los ciudadanos no pueden cambiar o tachar ninguno de dichos candidatos, que al menos puedan conocer algo de su trayectoria profesional y/o política). También sería conveniente que los partidos publicasen una declaración expresa de la inexistencia en sus listas electorales de investigados judicialmente o procesados por corrupción.

9) Se debería publicar cada seis meses, además, el nivel de cumplimiento de los programas electorales por los partidos gobernantes, al menos a nivel estatal y en las comunidades autónomas, estableciéndose un sistema de responsabilidad económica, jurídica, o política para aquellos casos de claros incumplimientos de esos programas.

10) En el ámbito empresarial, finalmente, sería necesaria la publicación transparente de las retribuciones (sin datos personales) de los directivos y consejeros de las grandes empresas (públicas y privadas), así como de las Entidades de interés público.

En resumen, las anteriores propuestas de mejora de la transparencia política y social no reflejan sino una parte de los muchos déficits y asignaturas pendientes en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, y son por tanto unos objetivos prioritarios que deberían tratar de cumplir y consensuar en este próximo año los partidos y formaciones políticas, para que de esta forma nuestro país pueda llegar a estar mínimamente a la altura de lo que demandan y merecen sus ciudadanos.