Reducir las listas de espera sanitarias por ley: ¿es viable el compromiso de PSOE y Sumar?

Las listas de espera no son el mejor indicador para medir el rendimiento de la sanidad pública, pero son seguramente el más utilizado para ello. Resultarían más útiles si reflejaran la realidad de cuánto tienen que esperar los pacientes para una intervención o una consulta, pero lo cierto es que los datos que el Ministerio de Sanidad publica cada seis meses están desfasados desde que nacen, son muy parciales (ni siquiera tienen en cuenta todas las especialidades, o las segundas consultas) y están sujetos al maquillaje que le quieran dar las comunidades, encargadas de su gestión y de suministrar las estadísticas. Una de las medidas estrella del previsible gobierno de coalición entre PSOE y Sumar es reducirlas por ley, una promesa que hizo arquear las cejas a muchos expertos en gestión sanitaria. Es muy fácil plasmar unos plazos en el BOE, pero ¿conlleva eso que se cumplirán? ¿cómo rendirán cuentas las autonomías, que son las que tienen las competencias?

El compromiso es que el máximo de demora para una intervención quirúrgica sean 120 días. Según los últimos datos nacionales, la media en todo el país eran 122; pero, como toda media, incluye muchos pacientes que esperan muy por encima de esa cifra: uno de cada cinco tiene que aguardar más de seis meses. Para consultas externas especializadas, la nueva ley establecerá un tope de 60 días; la media está en 95. Y las pruebas deberán tardar un máximo de 30 días, algo que hoy Sanidad no audita. Tampoco lo hace con la salud mental, para la que el acuerdo de coalición contempla garantizar menos de 15 días de espera en menores de 21 años. No dicen nada de los mayores de esa edad.

Una ley no va a provocar que estos guarismos desciendan mágicamente, y los expertos se preguntan qué mecanismos y dotaciones presupuestarias va a traer consigo la norma, algo que por el momento no han explicado los partidos que la proponen. Un real decreto, en vigor desde 2011, ya establece unos tiempos máximos de 180 días para cirugías cardíacas, de cataratas, prótesis de rodilla y cadera que no siempre se cumplen.

Jaime Pinilla, profesor titular de Métodos cuantitativos en economía y gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha estudiado cómo les ha ido a otros países que han tratado de establecer normas similares, aunque resulta difícil hacer comparaciones, por el sistema descentralizado español. “Se comprueba que imponer un tiempo mínimo no ha funcionado. Normalmente, se han priorizado unas patologías o estadios [de la enfermedad]. Y si se han reducido en unas, ha redundado en que subieran en otras”, señala.

Lo que sí se ha visto que ha funcionado, en países escandinavos, por ejemplo, es establecer incentivos y sanciones, en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados indicadores. Esto podría ser parte de la norma. Pero para que fuera útil, apunta Pinilla, primero debería mejorar el sistema de información. “No tenemos ni idea del periplo desde que una persona empezó a encontrarse mal, cuando pidió cita en primaria, hasta que pasa por cirugía. En medio hay una interconsulta, tiene que esperar cita con el especialista, pruebas, nueva cita y, finalmente, llega al quirófano. Pero, ¿cuándo aparece en la lista?”, se pregunta. Lo cierto es que nunca sucede antes del último paso, y se pueden emplear algunos trucos contables para alargar el comienzo de la espera oficial. “Si impones un tiempo mínimo para cirugía en el momento que entra en lista, poco vas a arreglar, porque igual se te están acumulando pacientes en etapas tempranas”, zanja Pinilla.

Un ejemplo hipotético, pero posible, puede ayudar a entender esto: un paciente tiene molestias gástricas y pide cita con su médico de familia, que lo ve una semana después. Pide pruebas de aliento para descartar Helicobacter pylori, una bacteria que causas infecciones en el estómago y es lo primero que se suele buscar cuando el paciente describe ciertos malestares. Le hacen las pruebas a las tres semanas y, una después, tiene nueva cita con el médico de primaria para ver los resultados. Da negativo. Así que, descartada esta enfermedad, lo deriva al especialista. Le dan cita en tres meses. Le examina y le manda una gastroscopia, que le hacen al mes. Y tiene nueva cita un mes después. Le han detectado una hernia de hiato, así que le piden cita para cirugía. Con el sistema actual, el paciente entraría en ese momento en lista de espera, pero fue por primera vez al médico seis meses antes.

Hoy por hoy, parece una quimera medir todo ese periplo de forma precisa y en tiempo real. Pero Sergio García Vicente, de la Asociación Economistas de la Salud, se pregunta: “Si hemos sabido el número de vacunas [de la covid], con datos de dosis entregadas y administradas, además de las personas con pauta completa con menos de un día de margen, ¿por qué no podemos valorar esta actualización tan ágil con los resultados de la actividad sanitaria en las organizaciones públicas, incluyendo la espera?”.

García Vicente propone solucionar este primer obstáculo para mejorar las esperas con un sistema mediante el que el usuario introdujeses en una aplicación o por teléfono la indicación de cuándo se le tiene que hacer una prueba, por ejemplo. “Esto serviría de testigo e implicaría a la ciudadanía. Los resultados se podrían comparar entre centros y entre organizaciones, analizando las mejores prácticas, comparándose y adaptándose, de forma que los podrían utilizar todos los centros y servicios”, señala.

Pero para eso, más allá de una ley, haría falta que las consejerías se pusieran de acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre cómo ponerlo en marcha y cuáles serían los mecanismos de transparencia y auditoría para medir que todas las hacen de la misma forma. Porque una de las principales críticas a la posible ley de las listas de espera es que el Gobierno central no tiene las competencias para reducirlas.

Competencias autonómicas

José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y economía de la salud de la Escuela Nacional de Sanidad, ahonda en lo que califica como “un problema de gobernanza”. Se pregunta cómo va a garantizar la Administración central las esperas si no es responsable última de la prestación. “Se pueden otorgar subvenciones y penalizaciones por el grado de cumplimiento; o establecer que, superado el plazo de garantía, los pacientes puedan ir al sector privado y pedir el reembolso. Pero si hacen esto se abriría un nuevo frente de fuga de fondos públicos para financiar el sector privado, no creo que sigan por este camino”, reflexiona.

En su opinión, el ministerio tiene “serias dificultades” para actuar por tres razones: “Necesitaría la palanca de asignación de fondos (hoy son muy pocos); necesitaría poder discriminar: condicionalidades según cumplimiento de requisitos y rendición de cuentas (y no se atreve por la tensión política e institucional); y necesitaría mucha más capacidad técnica, para el manejo de sistemas de información, evaluación de políticas, y diseño de intervenciones”. También señala la responsabilidad de las comunidades, que gozan de “amplísimos poderes, por más que echen la culpa al Gobierno central de sus desventuras”.

Lo ve con más optimismo José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Él considera que una ley “da garantías y aporta más seguridad jurídica a los ciudadanos”. La clave, en su opinión, será el cómo se financie. Defiende la idea de que el ciudadano pueda registrar sus esperas, lo que también le aportaría más herramientas para reclamar. Y que haya fórmulas para que, si se pasan tiempos máximos, acuda al sector privado, o a otras comunidades autónomas que le puedan dar respuesta.

Se abre ahora un periodo de lo que Martínez Olmos califica como “debates muy interesantes”, como los planteados en los párrafos anteriores. Porque redactar la ley puede ser relativamente sencillo, pero garantizar su cumplimiento plantea grandes retos en un sistema sanitario en el cual incluso la privada tiene esperas que se generan como efecto secundario del colapso de la pública.