Primer paso hacia el deshielo

Que un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sea algo excepcional dice mucho del clima bronco que domina nuestras instituciones. Que las cosas hayan llegado a un punto en el que uno de los dos acuerdos alcanzados por ambos dirigentes sea la mediación de la Comisión Europea para cumplir con una obligación constitucional incumplida desde hace más de cinco años demuestra el preocupante deterioro de su relación y del enfrentamiento que mantienen.

Sobre todo, porque se trata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado por la negativa del Partido Popular en el Congreso a votar su obligada renovación. No es en un mediador, sino en la Constitución, donde habría que buscar el marco institucional que facilitara la negociación entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en el Parlamento. Que el encuentro, a pesar de todo, sea un gesto importante de deshielo entre ellas es igualmente revelador del nivel hasta el que hemos bajado el listón, pues el diálogo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición es una obligación institucional de ambos. Con todo, cabe valorar de forma positiva que finalmente se hayan visto y hablado. Es de esperar que se trate del primer paso hacia la normalización y la mesura.

El otro acuerdo de mínimos al que llegaron Sánchez y Feijóo es la reforma puntual de la Constitución para modificar en enero el artículo 49 con el objeto de eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”, algo que podría sentar las bases para abrir un canal de trabajo en el que ambos dirigentes no sean un obstáculo sino los facilitadores de acuerdos. Entre ellos, por ejemplo, el que exige otro tema de máxima relevancia en la agenda política como es el nuevo modelo de financiación autonómica, un rompecabezas que lleva nueve años sin resolverse debido a la falta de consenso. Sería difícil de explicar que el PP, como partido con mayor poder territorial, no se mostrara dispuesto a solucionarlo mientras critica los acuerdos a los que llega el presidente Sánchez con los nacionalistas vascos y catalanes, y que en lugar de eso utilizara a las comunidades autónomas en las que gobierna como un instrumento de frentismo contra el Gobierno de la misma forma que hace con el Senado.

La vitalidad del sistema político creado en torno a la Constitución requiere que las fuerzas parlamentarias con vocación de gobierno practiquen la contención y la tolerancia mutua, algo que se ha visto seriamente deteriorado por un clima de polarización asimétrica propagada por el Partido Popular desde que está en la oposición: no solo se ha negado a cumplir con sus obligaciones constitucionales, sino que no ha cejado de sembrar dudas sobre la legitimidad del Gobierno.

El contexto internacional con dos guerras abiertas, el reto migratorio y una desaceleración económica en el horizonte son cuestiones lo suficientemente relevantes como para que exista un marco institucional normalizado en el que PP y el PSOE conversen, hagan política y lleguen a consensos o simplemente planteen sus discrepancias. La lógica de bunkerización en la que se han instalado es poco democrática, además de comprometer seriamente nuestro parlamentarismo. Como su nombre indica, el Parlamento es el recinto de la palabra, el lugar en el que debe predominar la deliberación en busca de acuerdos. No solo por imperativo institucional, sino también por respeto a toda la ciudadanía.