Cuidar a los menores ‘online’

La Agencia de Protección de Datos española ha tomado la iniciativa de desarrollar un sistema de verificación de edad para acceder a contenido para adultos en internet. Hasta ahora, la mayoría de los servicios a través de aplicaciones o webs se basan en una simple declaración del usuario, que afirma tener más de 18 años. Nadie lo comprueba. Nada impide que los menores de edad encuentren todo tipo de contenidos extremos, incluso si no los buscan, ofrecidos por algoritmos programados para conseguir el mayor número posible de horas de uso. La batalla contra este tipo de prácticas es compleja, lo urgente es tomarse en serio que, al menos, los menores no sean sus víctimas.

A través de los datos de navegación y localización, las plataformas que controlan el grueso de los contenidos de la Red pueden saber si el usuario está pensando en comprarse un coche, si acaba de tener un hijo o si le gusta el deporte. De la misma forma, saben si tiene pensamientos suicidas, si le obsesiona el sexo violento o está interesado en fabricar bombas caseras. Pero, según las propias plataformas, con esa misma tecnología les resulta imposible saber si es menor de edad, con el cínico argumento de que supondría una invasión de la privacidad.

Para ayudar a los 86.000 empleados de Meta o a los 190.000 de Alphabet en esta ardua tarea, Protección de Datos ha encargado a un equipo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española que desarrolle su propia herramienta de verificación. Esperan tenerla lista antes del verano. Funcionaría como un certificado de edad a través de terceros, es decir, un permiso digital que expide la Administración, protegiendo los datos del usuario. Habrá que comprobar su funcionamiento final y su efectividad, pero la iniciativa tiene que ser bienvenida: supone decir basta a las excusas de las tecnológicas para no regular el acceso cuando hay alarma social sobre los efectos del mal uso de internet en los menores.

Existe una correlación entre el acceso instantáneo a contenido digital infinito en la última década y cuestiones como el aumento significativo de las cifras de suicidios y depresión en adolescentes, o el incremento en las agresiones sexuales cometidas por menores. Los últimos datos del Ministerio del Interior revelan un aumento del 18% anual en el número de menores detenidos o investigados por delitos sexuales en España. Un estudio de la Generalitat de Cataluña señala directamente las redes sociales como uno de los factores que hay detrás de la macabra moda de las violaciones en grupo por menores y a menores. Los efectos dañinos de Instagram en chicas adolescentes están crudamente descritos en la denuncia que los fiscales generales de 41 Estados norteamericanos presentaron en California contra Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) el pasado octubre. Correlación no es causalidad, la preocupación social al respecto es intensa, y las sospechas se ven reforzadas por evidencias como los documentos internos de Meta que mostraban cómo la compañía era consciente del daño que provocaban sus contenidos.

Hoy los únicos que saben lo que ven los menores en el móvil son los dueños de las plataformas. Cada cifra que tocan en un algoritmo es una decisión editorial: ellos deciden qué contenido se enseña y cuál no. Ya han demostrado que no tienen interés en restringir lo que ponen a disposición de los más jóvenes. Les va el modelo de negocio en ello. Pero la sociedad no puede estar indefensa. Igual que se pudo frenar el acceso descontrolado de los menores al tabaco o al alcohol, hay que dar la batalla por proteger la salud mental de quienes van a crecer con un móvil en la mano.