Fantasmas argentinos

El candidato de la ultraderecha a la presidencia de Argentina, Javier Milei, agita desde el inicio de su campaña la posibilidad de un fraude electoral en su contra. Hizo la primera denuncia al día siguiente de ganar las elecciones primarias de agosto pasado: entonces dijo que le habían robado al menos un millón de votos, el 5% del total. Volvió a la carga después de la primera vuelta, en octubre, cuando quedó segundo con el 30% de los sufragios. Esta semana, en vísperas de la elección definitiva, que se celebra hoy, dio un paso más y denunció ante la justicia que la Gendarmería, la policía militar a cargo de la custodia de urnas y papeletas, ha montado un “fraude colosal” a favor de su rival, el peronista Sergio Massa, mediante la adulteración de cientos de actas electorales.

Todas las denuncias tienen en común la falta de pruebas. En el texto presentado el pasado jueves por La Libertad Avanza ante los tribunales, los abogados del ultra admiten que solo cuentan con rumores que circulan en “las redes sociales” o el relato de “testigos anónimos”. La jugada de la ultraderecha argentina no tiene precedentes en un país que se enorgullece de un sistema electoral que no ha mostrado fisuras desde el regreso a la democracia, hace 40 años.

Las denuncias ventiladas por Milei repiten peligrosamente las afirmaciones que hicieran en el pasado Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Los sondeos anticipan una ajustada paridad de votos en las elecciones de hoy, con una leve ventaja a favor del candidato ultra, pero dentro del margen de error estadístico. El resultado, en resumen, puede beneficiar a cualquiera de los dos aspirantes.

El sistema electoral argentino ha dado sobradas muestras de transparencia y seguridad. En Argentina se vota con papeletas que se introducen en urnas de cartón. Las urnas quedan bajo custodia policial mientras las actas que elaboran los presidentes de mesa y fiscales, todos ellos ciudadanos comunes, se envían a las oficinas de la Justicia Electoral, un órgano independiente del Gobierno. La posibilidad de un fraude jamás estuvo en la agenda política, cualquiera que haya sido el grado de polarización social en el pasado. Tampoco hay precedentes de un candidato derrotado que pusiese en duda los resultados de una elección presidencial. La fortaleza del sistema está garantizada; y si no lo estuviese, los actores deben ofrecer pruebas creíbles.

Argentina elige presidente en coincidencia con una grave crisis económica y el descrédito de la clase política. El Gobierno que tome posesión el 10 de diciembre tendrá por delante un arduo trabajo de reconstrucción de la confianza. Necesitará para ello una alta dosis de legitimidad, solo garantizada por las urnas. Por el bien de la democracia, la ultraderecha argentina no debe caer en la tentación de impugnar sin pruebas el resultado en caso de perder por unos pocos votos.