El recorte como ideología

Dos semanas después del comienzo del curso escolar, las autonomías gobernadas por el PP y sus socios han anunciado o comenzado a aplicar recortes en educación que suponen en conjunto menos facilidades para los colegios públicos y un mayor respaldo a la enseñanza concertada. Se trata de medidas como suprimir la gratuidad universal de los comedores, cuestionar el exceso de profesores, reducir plazas en la etapa de 0-3 años o extender los conciertos y ampliar las subvenciones al transporte de los alumnos de la concertada. En las comunidades que han cambiado de color político tras las elecciones del 28 de mayo, estas medidas llegan cuando las administraciones anteriores ya habían aprobado los presupuestos para este curso, detallando variables como la ratio de estudiantes o la contratación de docentes. Las novedades aplicadas de forma urgente por los conservadores son pues un aviso de lo que podría venir en los próximos años.

Esas novedades se producen en un contexto en el que el curso se ha iniciado con 11.000 profesores menos de los que se incorporaron a la enseñanza pública para hacer frente a la pandemia. En cinco años, la red pública ha suprimido 3.490 aulas de infantil y primaria. La concertada solo ha suprimido 72, pese a que ambas han perdido un porcentaje similar de alumnos en dichas etapas. El descenso acumulado de la natalidad ya está teniendo un impacto relevante en los colegios. En la última década, las dos etapas que son tradicionales en los centros públicos (segundo ciclo de infantil y primaria, de 3 a 11 años) han perdido casi 359.000 alumnos, un proceso que se acelera, pero que afecta de forma desigual a ambas redes: la escuela pública ha perdido en esos 10 años más del doble de escolares que la privada; en ese periodo, 112 colegios públicos de primaria han cerrado mientras que han abierto 80 privados.

El PP y sus socios han hecho de “la neutralidad ideológica de la enseñanza” una bandera de sus ejecutivos, en una perversión de conceptos según la cual una gestión que recorta la escuela pública no sería ideológica. Los populares cuentan desde mayo con su mayor cuota de poder autonómico y ya han dado muestras de su intención de usarlo para poner trabas al despliegue efectivo de la actual ley educativa (la Lomloe).

Nadie cuestiona la necesidad de la escuela concertada, pero no se pueden perder de vista datos como que los colegios de esa red, donde cursa sus estudios en torno a un 28% del alumnado de las etapas obligatorias, acogen a la mitad de los escolares de familias desfavorecidas que le corresponderían si su distribución con la escuela pública fuese equilibrada. O que esta matricula a 2,2 veces más escolares de bajo nivel socioeconómico que la concertada, una vez corregida su evidente diferencia de tamaño. Creer en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el apoyo a los más desfavorecidos pasa por el refuerzo de los servicios públicos, más aún cuando en España sigue creciendo la población escolar en situación de vulnerabilidad y la carestía se ceba en las familias de rentas más bajas.

La mejora de la enseñanza pública como pilar del Estado del bienestar ha de figurar en lugar relevante en la política de cualquier partido de gobierno. Alberto Núñez Feijóo detallará dentro de cinco días cómo pretende gobernar España. La ocasión es inmejorable para que aclare si comparte los recortes nacidos de las filas de su partido y para que los ciudadanos conozcan sus ideas sobre un ámbito donde el país se juega su futuro.