Salud mental infantil sin medios

El aumento de los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia está rompiendo las costuras de los servicios de salud mental. La falta de recursos especializados en psiquiatría infantil y juvenil se traduce en un aumento de las listas de espera en la red pública y una creciente presión sobre las clínicas privadas, que desde la pandemia afrontan aumentos de la demanda de un 30% al 40%. El abanico de trastornos es amplio, pero el mayor aumento corresponde a casos de depresión, trastornos alimentarios, crisis de ansiedad, conductas autolesivas e intentos de suicidio. En 2021, se suicidaron 22 menores de entre 10 y 14 años y el teléfono de ayuda para jóvenes con pensamientos suicidas de la fundación Anar atendió 4.554 peticiones el año pasado, frente a las 958 de 2019.

La mayoría de los casos diagnosticados corresponden a patologías que no pueden resolverse con una atención puntual, sino que requieren de un tratamiento continuado que a veces puede prolongarse años. La acumulación de nuevos casos está generando un gran atasco en los servicios por el grave desfase entre las necesidades que atender y los recursos disponibles, lo que provoca carencias y demoras en la atención que impiden que los niños y adolescentes afectados puedan beneficiarse de las terapias existentes.

Una parte de la demanda no atendida ha podido canalizarse estos últimos años a través del seguro escolar, una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social poco conocida. En 2022, destinó casi 20 millones de euros a tratamientos psiquiátricos en clínicas privadas. Esta prestación se financia con las aportaciones que hacen las familias en la matrícula escolar (1,12 euros), pero ante el aumento de la demanda, en 2022 el instituto tuvo que completar la dotación con 11 millones adicionales. El año pasado, se beneficiaron 4.530 familias, de las cuales fueron 3.250 las que recibieron atención por trastornos suficientemente graves como para precisar ingreso o atención en un hospital de día.

Aunque los seguros privados han aliviado la situación, resulta imperativo subsanar las carencias de la red pública. Recibir una buena atención de salud mental es un derecho de la infancia que de no ser atendido tiene graves consecuencias. La falta de una atención adecuada puede llevar a que patologías que tendrían solución de recibirla se cronifiquen y se agraven hasta provocar efectos irreparables. La estructura asistencial de la red de salud mental en España es adecuada, pero los recursos son manifiestamente insuficientes, comenzando por la falta de psicólogos clínicos especializados en infancia y adolescencia. Con unos 540 profesionales y una ratio de 6,5 psicólogos clínicos por cada 100.000 niños y adolescentes, los servicios públicos no pueden hacer frente a las crecientes necesidades. Sería preciso multiplicar por cuatro esa dotación para alcanzar las ratios recomendadas.