Desconfianza en Fukushima

Las secuelas del desastre nuclear de Fukishima siguen levantando controversia. El Gobierno de Japón ha comenzado el vertido de 1,34 millones de toneladas de agua radiactiva depurada al océano Pacífico procedentes de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, donde prosiguen la demolición y la descontaminación del complejo nuclear arrasado en 2011 a causa de un terremoto que alcanzó 9,1 puntos en la escala de Richter y dio lugar a un tsunami de 15 metros de altura. El agua devastó la planta y causó 18.500 víctimas. Una trágica combinación de exceso de confianza de la compañía Tokyo Electric Power (TEPCO), diversos fallos humanos y graves defectos en los sistemas de seguridad provocaron la fusión del núcleo de tres de los seis reactores del complejo nuclear.

El agua utilizada en la refrigeración de los restos se ha ido almacenando en tanques de acero que acumulan el equivalente a 500 piscinas olímpicas, pero ya no queda espacio. Aunque el agua almacenada haya sido tratada para eliminar los elementos radiactivos, todavía contiene tritio, un isótopo de hidrógeno muy difícil de separar. Ahora ha comenzado a bombearse al océano con una concentración de tritio 40 veces inferior a la permitida, según la compañía, a través de un túnel submarino de un kilómetro. Está previsto realizar controles ambientales tras los primeros vertidos, que se prolongarán a lo largo de décadas a un ritmo máximo de 500.000 litros diarios.

Al polémico proceso de retirada del combustible nuclear fundido se añade ahora el problema del vertido del agua, que fue aprobado por el Gobierno hace dos años como parte del plan de desmantelamiento y cuenta con la aprobación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas. Este organismo considera que el nivel de concentración del isótopo radiactivo es muy bajo, y las descargas “graduales y controladas” tendrán un impacto “insignificante” sobre el medio ambiente y las personas. Sin embargo, organizaciones ecologistas, gran parte de la población, el sector pesquero y varios de los países vecinos, entre ellos China, han expresado su oposición al vertido.

La desconfianza tiene su razón de ser. A lo largo de la grave crisis desencadenada por el accidente, tanto el Gobierno como la compañía han ocultado información y maquillado los datos en varias ocasiones. TEPCO tardó en reconocer, por ejemplo, que se había producido la fusión de los núcleos de tres reactores y en 2018 tuvo que admitir que el 70% del agua utilizada para enfriar los restos contenía más elementos radiactivos de los declarados. En materia de seguridad nuclear, la confianza es fundamental y esta depende de la credibilidad de los datos y de la transparencia de las fuentes, algo en lo que, tanto el Gobierno como la empresa, han fallado.