El plan japonés para verter al Pacífico agua de Fukushima levanta una ola de rechazo en Asia

Más de 12 años después, el accidente de Fukushima sigue coleando. El visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, dependiente de Naciones Unidas) al plan japonés para verter al océano Pacífico aguas radioactivas depuradas de esa central nuclear está lejos de haber calmado los ánimos en el resto del continente asiático, donde vive el 60% de la población mundial. Si la semana pasada China anunciaba que prohibirá la importación de alimentos de algunas regiones del país nipón (las más cercanas), este lunes un grupo de diputados de la oposición surcoreana ha aterrizado en Tokio para protestar contra la decisión y cargar contra el informe del OIEA, que califican de “vacío” y exento de “evidencia científica”.

Desde marzo de 2011, cuando se produjo el accidente —ocasionado por un terremoto y un tsunami posterior—, la central atómica ha acumulado 1,33 millones de toneladas de agua radioactiva tratada. Una cantidad significativa que ha llevado a las instalaciones muy cerca de su máximo de capacidad: 1,37 millones de toneladas, cifra que se alcanzará a principios del año que viene, según los datos oficiales. Con el paso del tiempo, estos líquidos se han ido mezclando con agua procedente de la lluvia y de torrentes subterráneos.

El pasado viernes, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) del país nipón dio su aprobación definitiva al proyecto del Gobierno de Fumio Kishida para verter al océano las aguas procedentes de Fukushima y proceder, por tanto, a la descarga de los tanques. Su aquiescencia, necesaria, llegaba poco después de que el OIEA confirmase que la hoja de ruta de Tokio cumplía los estándares internacionales. También después de que, hace menos de un año, el Ejecutivo dejase atrás el apagón nuclear pos-Fukushima para abrazar nuevamente esta fuente de energía con la promesa de construir reactores de última generación.

El OIEA: “Somos neutrales, no tomamos partido”

El jefe del brazo de la ONU para la energía atómica, Rafael Grossi, ve “absolutamente lógico” que el plan japonés haya despertado el debate en el resto de la región, pero mantiene la validez de su diagnóstico, nítidamente favorable a la liberación de las aguas: “Todo el mundo confía en el trabajo científico del OIEA. Somos neutrales: no tomamos partido, observamos los resultados de la evaluación y tomamos una decisión”.

El diplomático argentino también ha negado la existencia de “ningún tipo de desacuerdo” interno en el organismo que comanda. “Este es nuestro informe final, y ninguno de nuestros expertos ha venido a decirme que no respalde su contenido”, ha reafirmado en una entrevista con la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Con su viaje a Seúl, Grossi buscaba templar los ánimos tras la creciente controversia.

Las voces contrarias al vertido, sin embargo, no han dejado de sucederse. En Japón, tanto la industria pesquera como varias poblaciones de los alrededores de la prefectura de Fukushima (al este del país), han levantado la voz para rechazar el plan, a pesar de la promesa gubernamental de que “se han tomado todas las medidas para evitar un daño sobre la reputación del sector”. En el plano económico, el Ejecutivo de Kishida ya ha comprometido ayudas económicas valoradas en 50.000 millones de yenes (unos 300 millones de euros).

En clave externa, la polvareda continúa. Pekín no solo ha prohibido la importación de alimentos procedentes de la zona, sino que también ha recordado a Tokio su promesa formulada en 2015 de no liberar las aguas al océano en caso de no contar con la aprobación de todas las partes implicadas, también la de los países vecinos. Algo que, a su juicio, no sucede hoy. Y otros países vecinos, como Corea del Norte —como China, enemistado con Japón desde hace décadas—, se han opuesto argumentando un “impacto adverso fatal”.

Voces discordantes en Corea del Sur

A pesar de que el Gobierno surcoreano —el vecino más inmediato de Japón y un país con el que las relaciones diplomáticas han mejorado sustancialmente en los últimos tiempos— ha dado su visto bueno formal al plan tras casi dos años de estudio sobre la cuestión, el movimiento opositor refleja una importante división social en torno a esta cuestión. Seúl, de hecho, lleva semanas tratando de calmar el —a su juicio— “miedo excesivo” por un vertido que tendrá “consecuencias insignificantes”.

En la población surcoreana, sin embargo, no reina ni mucho menos la misma tranquilidad que trata de insuflar el mensaje oficial. “Japón dice que, según la evidencia científica, no habrá problemas. Pero, aun así, estoy un poco preocupado”, decía el pasado viernes Yang Ok-Ryeo, vendedor de pescado en el mercado de Noryangjin (en Seúl), en declaraciones a la agencia estadounidense de noticias AP. Una de sus clientas, Lim Young, de 55 años, se expresaba en términos similares: “Creo que es peligroso. Tengo dudas de que vaya a ser seguro comerlo, incluso si es capturado aquí [en Corea]”. Una amplia mayoría de la opinión pública se opone al vertido, según varios sondeos publicados en los últimos días.

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