Una última oportunidad para avanzar las negociaciones en Venezuela

Dos años después de que iniciara un diálogo formal entre el gobierno y la oposición venezolana, muchos comienzan a preguntarse cuánto tiempo más se necesita para declarar que el proceso ha sido un fracaso. Pero hay una pregunta quizás más urgente: ¿cómo puede tener éxito este dialogo si no hay un plan claro para apoyar los acuerdos parciales que ya se han alcanzado en el proceso?

Las esperanzas de una solución negociada en Venezuela eran altas en agosto de 2021, cuando representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se reunieron en la Ciudad de México. Allí firmaron un amplio acuerdo para iniciar negociaciones que, en palabras de los firmantes, pueden “establecer reglas claras de convivencia politica y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional”. El proceso fue diseñado para ayudar a las partes a alcanzar una serie de “acuerdos parciales” que generarían un impulso hacia un acuerdo integral para restaurar la democracia en Venezuela.

Después de más de un año de diálogo tras bastidores, las partes alcanzaron un logro significativo el 26 de noviembre de 2022. Una vez más llegaron a la Ciudad de México y firmaron un acuerdo parcial que canalizaría algunos recursos congelados en el extranjero por las sanciones de EE UU a un fondo que sería administrado por las Naciones Unidas (ONU). Estos fondos se destinarían a priorizar la atención médica, la nutrición y la restauración de la infraestructura básica, todas las cuales son necesidades urgentes que contribuyen a una crisis migratoria que ha obligado a más de siete millones de venezolanos a huir de su país.

Este acuerdo fue celebrado como un hito “histórico” y recibió una amplia atención de los medios en ese momento. Y por una buena razón. Si se implementa, este fondo representaría un gran impulso para la respuesta humanitaria a la crisis en Venezuela. La ONU está solicitando 720 millones de dólares en asistencia en 2023, de los cuales solo el 18% (o 130 millones) ha recibido hasta la fecha, lo que significa que todavía hay millones de venezolanos que necesitan asistencia.

Sin embargo, más de ocho meses después, este fondo aún no existe. El acuerdo humanitario, pensado originalmente como el “mango bajito” en una serie de acuerdos crecientes que podría terminar en un acuerdo integral antes de las elecciones presidenciales en 2024, se ha estancado por una combinación de factores.

Después de la firma del acuerdo, el gobierno de los EE UU tardó seis meses en asegurar a la ONU que el fondo podría existir dentro del sistema financiero estadounidense, y así minimizar el riesgo de que los acreedores pudieran embargarlo con reclamos legales contra la deuda del gobierno venezolano. Esto le dio un duro golpe a la implementación del acuerdo y planteó dudas sobre su futuro. Pero en mayo de 2023, diplomáticos estadounidenses finalmente aseguraron a la ONU que la implementación del acuerdo podría avanzar, por fin dándole luz verde.

Desde entonces, el principal obstáculo para la implementación ha sido la burocracia interna de la ONU. Es comprensible que la organización esté preocupada por el riesgo reputacional de implementar una iniciativa que ha generado comparaciones con el polémico Programa Petróleo por Alimentos en Irak, un programa que estuvo plagado de mala gestión y corrupción. Sin embargo, los estándares de transparencia de la ONU han mejorado significativamente en los últimos años.

Teniendo en cuenta estos estrictos estándares, y a la luz del interés de ambas partes de avanzar con el marco de la ONU, no hay excusa para la demora. Posponer la implementación del acuerdo humanitario solo sirve al interés del gobierno de Maduro, que ha utilizado este retraso para tratar de reforzar su narrativa de que las sanciones, y no años de mala gestión y corrupción, son la única causa del colapso económico de Venezuela.

Este es el principal hallazgo de nuestro nuevo informe publicado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council, en el que brindamos cinco recomendaciones clave para que el gobierno estadounidense y los diplomáticos de la ONU avancen con la implementación del acuerdo humanitario.

En primer lugar, es esencial reconocer que no es necesario que exista el fondo para que el dinero sancionado se canalice a la respuesta humanitaria de la ONU. Hay grandes cantidades de dinero en activos congelados retenidos en instituciones financieras de todo el mundo que podrían ser transferidas a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura, incluso antes de que se establezca el fondo. Estados Unidos puede y debe dejar en claro que está listo para hacerlo, poniendo la pelota en la cancha de Maduro.

También es necesario un nivel de coordinación más clara con las múltiples partes interesadas involucradas, incluidos los actores políticos venezolanos, los países en los que se congelan los fondos sancionados y las instituciones financieras asociadas, de modo que haya expectativas claras sobre cómo proceder. El apoyo al acuerdo y los detalles de su implementación deben comunicarse claramente.

Paralelamente, se debe alentar a la ONU a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de donantes múltiples (MDTF, por sus siglas en inglés) durante los últimos treinta años. Si bien el acuerdo humanitario de Venezuela no está exento de riesgos, la ONU ha construido los sistemas necesarios para administrar estos mecanismos de financiamiento con transparencia y rendición de cuentas.

La Oficina de Fondos Fiduciarios de Socios Múltiples de la ONU actualmente administra cerca de 100 mecanismos de financiamiento común, que representan más del 95% de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU. Esta experiencia debe aprovecharse para garantizar que esta oportunidad histórica no se desperdicie.

Además, Estados Unidos debe garantizar que los reclamos legales válidos de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano. Algunos acreedores ya han manifestado que no reclamarán al Fondo Social, un gesto positivo que debe ser aplaudido. En última instancia, los reclamos válidos de los acreedores deben abordarse pero mantenerse separados de los esfuerzos para resolver la crisis humanitaria.

Finalmente, EE UU y los aliados internacionales deben comprometerse con una estrategia de comunicación coordinada. La reunión de julio de diplomáticos de la UE y América Latina con negociadores venezolanos en Bruselas, y la conferencia sobre Venezuela en Bogotá en abril, demuestran que cuando la comunidad internacional está en sintonía puede enviar un mensaje poderoso en apoyo de las negociaciones.

La verdad es que la ventana del diálogo no se puede dejar abierta para siempre. Maduro debe entender que enfrenta costos significativos si se levanta de la mesa, y tanto EE UU como sus aliados deben estar listos para aumentar la presión si es necesario. Pero de la misma manera, hay que darle todas las oportunidades a los esfuerzos de negociación en curso para tener éxito. No implementar este acuerdo humanitario no solo significaría menos asistencia para el sufrido pueblo de Venezuela, sino que pondría en peligro el futuro del proceso de dialogo de la Ciudad de México. En el interés de todos los que abogan por una solución pacífica y democrática en Venezuela, el destino del acuerdo humanitario no puede quedar en el aire.

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