Empleo público

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de interponer una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo abordar el problema de los abusos de la temporalidad en el sector público, en el que incide también la legislación europea a través de su correspondiente directiva, puede suponer un antes y un después en el tratamiento jurídico de esta complicada situación. El TSJG cree que España podría estar vulnerando la normativa europea al descartar que los abusos de temporalidad en la Administración pública —que a veces significan decenas de contratos encadenados— se resuelvan haciendo fijo al trabajador afectado. El pronunciamiento del alto tribunal podría sentar una guía de actuación para los numerosos contenciosos que se han venido acumulando.

La reforma laboral de 2022 abrió la puerta a encontrar soluciones a uno de los mayores problemas endémicos de nuestro mercado laboral: el de la alta temporalidad en el empleo. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en el sector privado no se han visto acompañados por una reducción similar en el sector público, donde más del 31% del personal se encuentra en esta situación, que afecta fundamentalmente a los servicios sanitarios y educativos en las comunidades autónomas. El abuso de la temporalidad, que se disparó tras la crisis de 2008 debido a la imposibilidad de cubrir adecuadamente las plazas públicas fijas, se encuentra ahora con la obligatoriedad de dotar de derechos a las personas que ocupan, a veces durante largos periodos de tiempo, estos puestos sin consolidar y con sus derechos laborales mermados. Esta situación le ha valido a España el reproche de las instituciones europeas, incluyendo una sentencia del Tribunal de Justicia en 2021.

Las reformas legislativas para atajar este abuso de la temporalidad han mitigado parcialmente los problemas, que hasta el momento dependían de un rosario de sentencias de los tribunales admitiendo figuras de difícil encuadre, como el de personal laboral indefinido no fijo, un juego de palabras que pretende salvar la situación creada durante décadas sin terminar de satisfacer a ninguno de los implicados. Así, los trabajadores que se encuentran en esa situación no pueden promocionar o acceder a prestaciones y derechos reservados para los funcionarios de carrera. Al mismo tiempo, el acceso rápido a esta posición levanta todas las sospechas en los cuerpos de funcionarios que han pasado por una oposición pública basada en los principios de mérito y capacidad.

La Constitución española establece un mecanismo de acceso al empleo público en el que no estaba previsto este abuso de los contratos temporales, de manera que ahora mismo no hay una manera justa de resolver el dilema de la consolidación de esos puestos. Tan injusto es someter a trabajadores que llevan años prestando servicios a una prueba de acceso extemporánea, como abrir la puerta a una consolidación automática que terminaría erosionando el principio de igualdad en el acceso al empleo público.

Mientras se espera la decisión del TJUE, en todo caso, sería adecuado repensar el modelo de acceso al empleo público, en la medida en que una estrategia más meditada y mejor dotada de fondos podría evitar que estos problemas pudieran volver a presentarse en el futuro. Las necesidades de recursos humanos de nuestro sector público requieren de una seguridad jurídica que evite nuevos contenciosos en el futuro y reduzca por fin un porcentaje de temporalidad —que significa también inseguridad de proyecto vital y personal— desproporcionadamente alto.