No hay lunes al sol en la Universidad

Hace algunas semanas se presentó, a los medios y a las organizaciones sindicales, un nuevo borrador de la futura Ley de Universidades (LOSU), el primer texto del nuevo ministro Joan Subirats, un académico experto en políticas públicas y en políticas de lo común. En la propuesta de LOSU, se deja muy claro que, desde el Ministerio de Universidades, quieren terminar con la precariedad, pero no con el precariado. Se puede observar cómo están dispuestos a responsabilizarse de que se destine el 1% del PIB (Producto Interior Bruto) del país para las universidades, pero no a terminar con los contextos de incertidumbre y adversidad que sostienen las nuevas relaciones laborales.

Según reza en el preámbulo de la propuesta de LOSU, “Las universidades españolas han sufrido (…) una gran precarización y deterioro de las condiciones de trabajo”. ¡Qué forma de desmaterializar las condiciones laborales! Es en nuestros cuerpos, los de las personas docentes e investigadoras sin estabilidad y sin salarios adecuados, donde la precarización ha dejado sus huellas. Es violento para esas vidas que la ley encarne ese sufrimiento en las universidades.

Las universidades públicas españolas no solo no han sufrido precarización ni deterioro, sino que más bien la han estimulado

Las universidades españolas pueden haber sufrido una insuficiente financiación, tal y como se nos indica constantemente, tanto en el texto de la propuesta de ley como en la publicidad institucional universitaria, pero las universidades públicas españolas no solo no han sufrido precarización ni deterioro, sino que más bien la han estimulado: han preferido gastarse el dinero en ágapes e infraestructuras que les dan esplendor y no comprometen el gasto, frente a usar su autonomía universitaria para dignificar salarios y ofrecer estabilidad que mejoran la vida de las personas. Esto es, han sido las decisiones de política económica (¿cañones o mantequilla?) de los gobiernos y las gerencias universitarias las que han provocado la precarización. Si ahora se necesita otro marco de actuación para corregir y evitar dicha precarización, no es lo que está defendiendo la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

La CRUE se ha encargado de que las peticiones del profesorado asociado, el profesorado temporal y de bajos salarios, no estén presentes en el borrador de la ley: la CRUE ha logrado que la reserva de plazas para la promoción del profesorado asociado baje del 20% al 15% y que no se mencione a este colectivo explícitamente para que la reserva de promoción pueda ser ocupada también por otros perfiles; se mantiene en el texto una definición de profesorado asociado anterior a 2001, anterior a la implantación de Bolonia, que no reconoce la dedicación docente real, esto es, que no contempla para el profesorado asociado que hay que prepararse las clases, que hay que mantener una sostenida evaluación continua e ineludiblemente mantenerse al día en la gestión docente universitaria. Que se siga utilizando la misma definición de profesorado asociado que en dos leyes anteriores, solo favorece a quien ya se aprovechó de esa definición en época de crisis y tan buenos resultados le dio.

Señor ministro, ¿nos reta a formar un sindicato y a ganar las elecciones universitarias?

Por el texto y presentación de la ley que hizo el Ministerio de Universidades, parece claro que se está imponiendo la visión que interesa a la CRUE, pero vamos a insistir en que este no es un organismo público y en que, en cambio, se erige como proyección legítima de qué debe ser la Universidad frente a un ministerio. Recordemos, por enésima vez, que la CRUE es un organismo cuyos representantes fueron elegidos por un sistema censitario, no universal, que se presentan como los gobiernos de los sabios y las sabias para gestionar un servicio público y para negar unas condiciones materiales dignas.

Pero, en el texto del preámbulo, no solo se les disculpa a las universidades españolas, a sus rectores y rectoras, como responsables últimas de la precarización, sino que se deja caer que dicha precariedad y deterioro “han pasado socialmente inadvertidas sin que ello haya generado una reacción social a la altura del retroceso sufrido”. ¡Qué vergüenza política! El profesorado asociado de la Universidad de Valencia realizó la primera huelga indefinida, las universidades españolas están en los juzgados constantemente por su trato laboral diferenciado; además, actualmente, el profesorado asociado comienza a ocupar los comités de empresa y los claustros universitarios y jamás la investigación española se ha organizado tanto para reclamar unas condiciones dignas (FJPRecarias, marea roja, marea granate…).

Señor ministro, ¿nos lanza el mismo mensaje que lanza la política neoliberal a los movimientos sociales?, ¿nos reta a formar un sindicato y a ganar las elecciones universitarias?

Si el profesorado asociado decide no impartir clase, la Universidad pública española se para.

Alex Rubio pertenece a la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas y Teresa Samper a la Plataforma de PDI Asociado de la Universidad de Valencia

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