Citgo y sus alter egos

Durante el muy llorado boom de precios del último cuarto del siglo pasado, el tirano Chávez se abandonó frecuentemente a los placeres de expropiar a troche y moche.

Es cierto que pudo vérsele por completo fuera de sí al pedir a los miserables jueces que le servían, en cadena nacional de televisoras y a gritos, la pena máxima de 30 años de prisión para sus adversarios, pero la superlativa voluptas del poder absoluto la experimentaba tan solo al expropiar arrebatadamente.

Fue así, poseso de la furia que en él suscitaba ver patentes frutos del esfuerzo privado, como en 2009 convirtió en chaparral la costa oriental del Lago de Maracaibo, una de las regiones más prósperas de Venezuela, arramblando con casi un centenar de empresas nacionales de servicios petroleros —mantenimiento técnico, transporte lacustre, alimentación—, tal como venía haciéndolo, ya desde 2000, con la ganadería, el comercio, la banca hipotecaria y la agroindustria.

La producción de aquella región superaba por entonces el millón de barriles diarios del total nacional de 2.5 millones. Con aquellas nacionalizaciones comenzó el declinar de la industria petrolera que abruptamente caería irremediablemente en su “zona cero” no bien Maduro, el Ineptócrata, accedió al poder en 2013, justo cuando los precios entraban en barrena.

Afianzado ya en su segundo sexenio, Chávez justificó sus atropellos de 2009 como imprescindibles para avanzar “en la transición al socialismo”. En sus monólogos televisados elogiaba, extático, la ola de desastrosas expropiaciones que Fidel Castro ordenó en Cuba, allá por 1968.

Muchos otros rubros habían atraído, hacía tiempo, el frenesí expropiador de Chávez, característicamente la siderurgia, la telefonía, la empresa de luz y fuerza y la red privada de automercados, pero sus ideas zombies sobre la economía petrolera —y sobre todas las demás cosas del mundo— no comenzarían a dejarse sentir sino hasta que Conoco Phillips nos llevó a todos a juicio por indemnización.

Conoco Phillips fue despojada en 2007 de todos sus activos como socia de Pdvsa en tres grandes proyectos conjuntos. Chávez rechazó pagar lo que la transnacional gringa reclamaba y la petrolera se constituyó en una formidable acreedora: pidió 300 millones de retratos de Ben Franklin como compensación. Doce años más tarde, un tribunal del Banco Mundial le acordó ocho mil setecientos millones de dólares que Venezuela no ha pagado todavía.

Conoco Phillips no ha sido la única empresa extranjera afectada por las nacionalizaciones y los juicios entablados por ellas integran hoy gran parte de la deuda acumulada por el país. Un serio y detallado informe de la Universidad Católica calcula esta en 170 mil millones de dólares: más de doce veces el monto de las exportaciones que el año pasado no llegaron a 15 mil millones de dólares.

Sin duda, la acreencia más dramática es la que alza la superempresa minera canadiense Crystallex. La minera había hecho, desde hacía muchos años, fuertes inversiones en Las Cristinas, en el corazón de nuestra Guayana, una de las minas de oro más grandes de Suramérica.

Crystallex fue expropiada en 2008 y busca desde entonces cobrar 1.400 millones de dólares en compensaciones. Una corte del estado de Delaware ha puesto a la minera a un paso de forzar la subasta —el remate— de las acciones de Citgo, gigantesco complejo refinador propiedad de Pdvsa cuyo valor comercial se estima en 14.000 millones de dólares.

El fallo responde a una interpretación que el juez de la corte de Delaware ha hecho del principio de alter ego que obliga a una distinción relevante para el derecho estadounidense: ¿son, jurídicamente hablando, la República de Venezuela y Pdvsa la misma persona?

Una respuesta afirmativa abre la vía para que Crystallex, los tenedores de bonos emitidos por Maduro y vencidos en 2020, así como otros muchos acreedores de la nación, cobren su deuda de la platica que deje la subasta de las acciones de Citgo.

Según el juez, los oscuros manejos financieros, tanto de Maduro como de Guaidó, el uno como cabeza de un gobierno que Estados Unidos no reconoce por considerarlo usurpador y el otro, como extitular de la presidencia de un improbable gobierno, acabaron por borrar la frontera legal entre la república de Venezuela y Citgo que impedía forzar la venta de sus acciones para pagarle a Crystallex y toda la panda de cobradores. Ambos son y no son Pdvsa y ambos conciben la caja registradora de Citgo como primordial asunto de su competencia, aunque ninguno de los dos sea, en verdad, legítimo presidente de Venezuela.

Por supuesto, todo es mucho más complejo de lo que parece y el hecho de que Citgo acaba de declarar un beneficio de 937 millones de dólares, tan solo en el primer trimestre de 2023, no hará más sencillo llegar a una elección “libre, justa y confiable” en 2024.

No parece ser cosa que pueda resolverse “dialogando” en México. Las acciones de Citgo son ya papeles póstumos de un petroestado del siglo XX llamado Venezuela.