La herramienta que puede transformar la estrategia europea de desarrollo exterior

Los banqueros centrales y los ministros de finanzas de todo el mundo se dieron cita este abril en Washington D. C. en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Su objetivo no era fácil: lidiar con la crisis de la deuda, diseñar cómo continuar financiando la agenda global de desarrollo al tiempo que atienden crisis mayores —como reconstruir Ucrania—, transitar hacia energías limpias y prepararse ante futuras pandemias. Conjugar estos intereses es complicado en circunstancias normales, pero la situación económica mundial lo hace aún más desafiante. Con el aumento de los tipos de interés y la disminución de los ingresos fiscales, el capital privado no fluye hacia los mercados emergentes del mundo, mientras que los presupuestos para la ayuda al desarrollo de muchos Gobiernos siguen menguando.

Sin embargo, existe una herramienta a nuestro alcance: los Derechos Especiales de Giro (DEG). Este es el peculiar pero poderoso “activo de reserva” que el FMI creó en la década de 1960 y que los Estados pueden canjear por dólares, euros, yenes, libras y yuanes para invertirlos como deseen. En 2021, el FMI aprobó la emisión de 650.000 millones de dólares en nuevos DEG, la mayor de su historia, lo que elevó el total mundial disponible a casi un billón de dólares en DEG. El desafío radica en que el FMI asigna estos DEG en relación con el tamaño de la economía de cada país: es decir, los países más ricos —que son los que no necesitan hacer uso de estos derechos— reciben la inmensa mayoría de de los DEG y las economías en vías de desarrollo —que son quienes más se pueden beneficiar—, una parte mínima.

En 2021, los países del G-20 dieron un paso al frente al comprometerse a redirigir 100.000 millones de dólares en DEG a estas economías. Para conseguirlo, el FMI estableció el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés), al que los países ricos prestarían sus excedentes de DEG. Al mismo tiempo, el FMI anunció una nueva estrategia para financiar el Fondo para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento (PRGT, por sus siglas en inglés), el principal vehículo de préstamos sin intereses del FMI para los países en vías de desarrollo, que funciona de la misma manera que el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

El RST y el PRGT son excelentes iniciativas, pero son demasiado pequeños. En total, el RST tiene como objetivo recaudar 44.000 millones de dólares en DEG de los países ricos. El PRGT, 19.000 millones. Esto significa que, en el mejor de los casos, el RST y el PRGT solo podrían absorber 63.000 millones de dólares en DEG; apenas llegarían a algo más de la mitad del compromiso del G-20. También serían incapaces, por su volumen, de alcanzar los objetivos más ambiciosos de canalizar los casi 1.000.000 millones de dólares en DEG existentes. Esta realidad pone de relieve que necesitamos un nuevo mecanismo financiero, uno capaz de canalizar estos fondos.

Desafortunadamente, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que no se permitirían nuevas formas de redireccionar los DEG. Según explicó, estas iniciativas “no serían compatibles con el marco jurídico de la UE”. Dado que los mecanismos existentes para redireccionar los DEG, el RST y el PRGT son incapaces de absorber el compromiso de canalizar 100.000 millones de dólares en DEG del G-20 y dada la necesidad financiera y política de la participación de los países europeos, es hora de que el BCE reevalúe su posición.

La oposición del BCE es problemática por dos grandes razones. En primer lugar, los países de la zona euro bajo la jurisdicción del BCE tienen, colectivamente, el impresionante montante de 200.000 millones de dólares en DEG, más del 20% del total global. En segundo lugar, estos países de la zona euro, con España a la cabeza, son algunos de los actores más progresistas en la economía global. En términos financieros, el peso de la zona euro hace que no pueda haber una canalización global significativa de DEG sin la aprobación del BCE; en términos políticos, ningún país podrá liderar ese agenda sin la autorización del BCE, puesto que no se espera que ningún actor fuera de la eurozona se atreva a dar ese paso antes.

Existe, sin embargo, una solución para redireccionar los DEG que haría que el BCE lo hiciera muy fácilmente: un bono denominado en DEG. Este bono podría emitirlo una institución como el Banco Mundial y comprarse en DEG por un país, lo que transferiría efectivamente los DEG del país rico al banco, que podría convertir esos DEG en dólares y euros para prestar a los países pobres. Esta estrategia permitiría también canalizar estos fondos hacia bancos multilaterales de desarrollo de regiones especialmente importantes para la acción exterior española, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones.

Los países más ricos del mundo tienen en sus manos un recurso que no necesitan pero que sería clave para dar uno de los mayores impulsos en la historia de las políticas globales de desarrollo. Como presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI y próximo presidente del Consejo de la UE, España se encuentra en una posición única para liderar la agenda de los DEG, defender la viabilidad del bono DEG y lograr el apoyo del BCE. Hay demasiado en juego, no podemos dejar pasar esta oportunidad.