Jaque al autoconsumo compartido

Con la promulgación del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre de 2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se inició un imparable desarrollo del autoconsumo solar en España que, por el momento, alcanza en el ámbito doméstico principalmente a las viviendas unifamiliares. La normativa ha ido evolucionando hasta pasar de ser una de las más restrictivas del mundo a una de las más desarrolladas en este ámbito y, desde el año 2022 incluso permite que todas las viviendas, comercios e industrias situadas en un radio de dos kilómetros puedan disfrutar del autoconsumo de los paneles solares situados en un tejado colectivo como el de un edificio público, por ejemplo.

El autoconsumo colectivo no es un invento español, es piedra angular de las comunidades energéticas que están expresamente contempladas en las directivas europeas cuya transposición a la legislación española ha sido, por el momento, parcial y, por tanto, aún quedan muchos aspectos por regular.

Por si la subida de precios de la energía que sufrimos no fuera suficiente incentivo para el desarrollo del autoconsumo, se han multiplicado las ayudas destinadas al mismo e incluso se han implementado líneas de promoción específicas para las comunidades energéticas. Nuevamente respaldadas por los fondos de la Unión Europea.

Como consecuencia de lo anterior, mucho más allá de las instalaciones individuales, se han multiplicado por el territorio las iniciativas de autoconsumo colectivo: comunidades de vecinos donde viven dos tercios de la población bajo azoteas a menudo desaprovechadas, industriales y centros logísticos que querían aprovechar sus tejados, comunidades energéticas en el ámbito rural que promueven las renovables haciendo compartir a vecinas y vecinos la cubierta fotovoltaica del polideportivo municipal, ayuntamientos que han movilizado sus tejados cubriéndose de fotovoltaica con el objetivo de abaratar sus facturas. Todas ellas pretenden casar las necesidades del sector doméstico con la potencialidad de las cubiertas próximas disponibles de mayor extensión, con el objetivo de promover una energía de proximidad, de origen renovable y más barata. Es la lógica y deseable reacción ciudadana y empresarial ante un escenario de oportunidad y de responsabilidad. Empresas y particulares han estado a la altura. Y hoy, algunas iniciativas pioneras pueden marcar la senda de un modelo energético más participado, más distribuido y con mayor implicación ciudadana y empresarial.

Pero más de cuatro años después de la derogación del “impuesto al sol”, la realidad está paralizando el desarrollo de todas estas iniciativas pioneras. Hablamos en concreto del papel de las distribuidoras eléctricas, esas compañías que, en su calidad de propietarias y gestoras de la red, actúan en régimen de monopolio zonal y, por tanto, deben participar en el proceso de integración de las nuevas instalaciones solares en el sistema. El modelo en la normativa está claro: la red pasa de ser unidireccional —llevar energía de grandes centrales eléctricas a los puntos de consumo— a ser bidireccional —los propios consumidores ahora pueden inyectar energía en la red—. Esto, a su vez, abre la puerta a nuevos compromisos, a la posibilidad de una mayor electrificación y a la implicación ciudadana y empresarial en la producción de energía eléctrica. A pesar de la claridad normativa, hoy estamos ante un escenario donde algunos proyectos quedan aparcados durante meses, e incluso años, por la falta de adecuación de los protocolos que establecen algunas distribuidoras. Observamos atónitos cómo los más creativos y pioneros mueren a pie de playa.

No todas las distribuidoras son iguales. Algunas, tanto pequeñas como grandes, han adaptado su operativa y están facilitando la legalización y la operativa de los autoconsumos de una forma ágil. Incluso algunos territorios relevantes, como la Comunidad Valenciana, han establecido protocolos y canales de interlocución que lo facilitan. Pero en otros casos la praxis de algunos operadores está haciendo muy difícil hacer realidad proyectos que con tesón, perseverancia, creatividad e inversión hoy podrían ser una realidad.

Podemos documentar cómo en muchos casos la legalización se paraliza por un simple error de la distribuidora, equivocándose en el contrato de suministro asociado. En otros casos, se pretende aprovechar una nueva instalación fotovoltaica para reforzar la red, de modo que el promotor se ve obligado a desembolsar más dinero por ello que por la propia inversión en los paneles. Hay circunstancias en las que el inspector de conexiones exige medidas que son consideradas insuficientes por otro inspector, de otra subcontrata, cuando se implementan. En otros casos, los protocolos de la distribuidora no permiten que un consumidor pueda disfrutar de la energía de varios tejados diferentes, imposibilitando definitivamente el autoconsumo colectivo a pesar de que la norma lo permite. Cuando la fase de conexión se supera, frecuentemente la legalización de un autoconsumo compartido necesita de la concurrencia de múltiples comercializadoras, que son las que finalmente deben gestionar la energía, y si una sola se equivoca, todo se paraliza de nuevo sin que exista un protocolo que permita reiniciar ágilmente la legalización. Pero es que incluso superado todo ello nos encontramos —y esto aplica incluso en los casos más sencillos de autoconsumo individual— muchos casos en los que el distribuidor no facilita las lecturas horarias de los excedentes solares, claves para la amortización de la inversión.

Lo que relatamos no son problemas meramente burocráticos, sino que imposibilitan desarrollar modelos en que las renovables, el consumo próximo y más barato sean una realidad. En este país hemos democráticamente decidido avanzar hacia un modelo más distribuido y justo. Es más, este modelo más distribuido es imprescindible para que el desarrollo de grandes instalaciones renovables se implemente con mayor aceptación social. Pero cuando tenemos la norma, las iniciativas, la gente y las empresas, la falta de celo, o la no adecuación de las formas de hacer de algunos operadores están haciendo muy difícil el desarrollo del modelo.

Los abajo firmantes siempre hemos sido defensores de que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y es por ello que nos hemos dirigido a quien puede solventar su manera de hacer para que cambie sus protocolos y ponga más recursos y celo en su proceder.

Firmamos este artículo con todo el respeto, pero con el convencimiento que las cosas se deben hacer mucho mejor, porque ya hay actores del sector que lo están haciendo mucho mejor.

Pero no podemos quedarnos en la queja y en la denuncia. Lo que está en juego es el modelo energético de nuestro país y estamos en un momento clave. Lo cierto es que el empantanamiento en la legalización del autoconsumo es un problema de primer orden que pone en jaque no solo el autoconsumo, sino un modelo más distribuido y justo. Cada MWh solar que no se genera, porque la instalación está construida, pero inutilizada, es un MWh adicional de gas que quemamos. Más caro, más contaminante y además con el riesgo de que el gas provenga de algún régimen dictatorial al que estaríamos contribuyendo a financiar.

Nunca como en estos años se ha avanzado tanto en un modelo de generación distribuida. El autoconsumo es una realidad, y es gracias al impulso del sector, y a un marco normativo que ha sido favorable. Pero hoy el papel de algunas distribuidoras está dificultando enormemente poder hacer llegar el autoconsumo a quien no tiene un buen tejado. Es por todo lo expuesto que entendemos, que en primer lugar, se tiene que llamar a capítulo a aquellos que, a pesar de disponer de más recursos que ningún otro actor del sector eléctrico, no están haciendo bien las cosas, para que cambien sus protocolos, pongan recursos y mejoren su operativa. Entendemos, a su vez, que debe dotarse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de competencias específicas para la resolución ágil de los conflictos que frecuentemente se presentan entre los agentes del sector, incluyendo la capacidad de sanción cuando los errores de la distribuidora no permiten la legalización o cuando el flagrante incumplimiento de sus obligaciones en materia de lectura de contadores impide la facturación de los excedentes. A su vez, entendemos urgente la necesidad de establecer con claridad aquello que puede exigir la distribuidora durante el proceso de la conexión de una instalación solar, no permitiendo que se aproveche el proceso para hacer unas inversiones que le corresponden a la distribuidora y por las que recibe una adecuada remuneración. Creemos que aquellas distribuidoras que están haciendo bien las cosas deben ser premiadas por ello, mientras que aquellas que no están ayudando en la legalización de los autoconsumos deben ser penalizadas. Hablamos de ligar parte de su retribución a la calidad del servicio en relación con la conexión y gestión de las instalaciones de autoconsumo. Por último, entendemos fundamental que se desarrolle la recientemente creada figura del Gestor del Autoconsumo Compartido para que, como ya se hace en Portugal, pueda representar a todos los autoconsumidores asociados, facilitando mucho tanto la legalización de las instalaciones, como su funcionamiento posterior.

Se trata, por tanto, de actuar. Lo que está en juego es mucho. Es nada menos que poder hacer la transición energética con (o sin) implicación ciudadana y empresarial.