Populismo hídrico en Doñana

El Parlamento de Andalucía ha iniciado la tramitación por vía de urgencia de una proposición de ley que prevé legalizar en torno a un millar de hectáreas de regadío ilegal (sin que la Junta haya dado una cifra precisa) en la zona del parque de Doñana, declarado en situación de sobreexplotación desde 2020. La iniciativa, liderada por el PP y a la que se ha sumado Vox, nace en abierta contradicción con el criterio de la comunidad científica y los grupos ecologistas que llevan años alertando del estado de Doñana. La Unesco ha expresado su disconformidad con el proyecto y la Comisión Europea ha advertido de nuevo que si prospera la propuesta de ley no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”. Se refería así el comisario de Medio Ambiente a solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021 que condenaba a España por no controlar las extracciones de agua ilegales del entorno de Doñana. La multa puede ser millonaria.

El momento es especialmente dramático para Doñana. El 59% de las lagunas temporales de mayor tamaño no se inundan desde 2013, lo que ha provocado la desaparición de fauna y flora de enorme valor. La preocupación aumenta cuando se enmarca en el contexto de la sequía actual que vive España, con las reservas de agua por debajo de la mitad de la media de los últimos 10 años, especialmente en el sur de la Península. Los datos indican que, para adecuarlo a la disponibilidad de agua, es necesario reducir el número de hectáreas que se están regando de forma legal y darles una salida económica a los agricultores y al territorio. Sin embargo, la iniciativa promovida desde el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no solo elude esa finalidad, sino que promueve incomprensiblemente lo contrario: ampliar el número de hectáreas que tendrían derecho a dotaciones de agua. Es decir, se camina en la dirección opuesta a la que señala la ciencia y el más elemental sentido común.

Con vistas a las elecciones municipales de mayo, PP y Vox se postulan como garantes de la prosperidad económica de la zona de Doñana, especialmente en aquellos municipios con mayores áreas de cultivos de frutos rojos, como los de la provincia de Huelva. Rebrota así un populismo hídrico que contradice el criterio de los científicos, del Gobierno de España, de la Unión Europea, de la Unesco y de la misma realidad comprobable día a día, al prometer extensiones de regadío y de forma implícita sus correspondientes dotaciones de agua. Es sabido, sin embargo, que no tienen viabilidad alguna, y que incluso existe el riesgo de que el Constitucional lo anule y la UE aplique las sanciones ya previstas en la sentencia del TJUE. Una mirada integral al problema evidencia que PP y Vox parecen buscar aparecer como valedores del desarrollo económico de la zona a toda costa —incluida la supervivencia de Doñana—, conscientes de que la competencia para dar las concesiones de agua es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que forzosamente tendrá que denegarla porque no hay agua disponible.

La única manera de mantener a medio y largo plazo el desarrollo económico de la zona es preservar el valor excepcional de Doñana. Lo contrario son falsas promesas a corto plazo, imposibles de cumplir, además de propiciar la degradación de un ecosistema único.