No podemos flaquear ante los débiles
Una de las actividades principales de los representantes públicos es exigir que los ciudadanos sean ejemplares. Reclamar esa misma ejemplaridad a los políticos es injusto y demagógico
Una de las actividades principales de los representantes públicos es exigir que los ciudadanos sean ejemplares. Reclamar esa misma ejemplaridad a los políticos es injusto y demagógico. Además, no sabemos si es eficaz, mientras que señalar los comportamientos poco edificantes de los particulares tiene una utilidad inmediata (al menos para los representantes políticos). La ejemplaridad es un concepto complicado: para comprenderlo uno puede leer la tetralogía de Javier Gomá Lanzón, pero en este contexto significa lo que conviene al político que señala el comportamiento desviante.
Hemos visto que una candidata señalaba a una casera y campañas del Ministerio de Igualdad que aludían a personas concretas. El exvicepresidente Iglesias se dedica a apercibir a periodistas: lo ha hecho toda su carrera; ahora lo practica con quienes estuvieron más cerca. La pasión de los populismos por la deontología periodística es conocida: Vox ha imitado a Podemos en su relación con la prensa, aunque ahora Iglesias tiene el interés añadido de la rivalidad empresarial. Es más sorprendente que fuerzas tradicionalmente sistémicas recurran a determinados procedimientos: el presidente del Gobierno cuando afirma que Rafael del Pino no es un empresario comprometido con España o la carta dirigida a los accionistas contra el traslado de Ferrovial. Cuestionar la seguridad jurídica de nuestro país puede salirles caro: ese es el inapelable argumento del Gobierno. Cataluña siempre va por delante y ahí las autoridades no se limitan a fiscalizar a ciudadanos poderosos. Un periodista famoso, un empresario o un rico son, a fin de cuentas, presas fáciles. El verdadero coraje es fiscalizar a alguien como Begoña Suárez, una enfermera gaditana que trabajaba en el hospital Vall d’Hebron y grabó un vídeo humorístico en TikTok durante un descanso donde se quejaba de que la obligaran a sacarse el C1 de catalán para concurrir a unas oposiciones. Es admirable que el sindicato UGT se posicionara contra la trabajadora, que el consejero de Salud dijese que sus palabras eran intolerables, que se abriera un expediente administrativo y que la enfermera fuera sometida a un interrogatorio de cincuenta minutos en una lengua que no dominaba.
Las autoridades no pueden achantarse ante los débiles, especialmente si se creen con derecho a hacer un chiste: nada desnuda tanto al poderoso como que se rían de él. @gascondaniel
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