Sánchez: “En España hay muchos empresarios comprometidos con su país, no es el caso de Del Pino”

Se recrudece la ofensiva del Gobierno contra Rafael Del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, por la decisión de trasladar la multinacional española de la construcción a Países Bajos. El presidente, Pedro Sánchez, ha aludido directamente al empresario por su nombre, por primera vez desde que estalló la polémica, para atacarlo con dureza por contraste con todos los demás grandes empresarios españoles que han decidido mantener sus sedes en España. Sánchez, al que algunos sectores reprochan sus críticas al poder económico, ha arrancado reivindicando el papel del empresariado español. “Los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, y tienen una enorme responsabilidad con la sociedad en la que nacen y desarrollan su actividad”. Y ahí ha venido el golpe: “en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, no es el caso del señor Del Pino”.

Sánchez, que comparecía en Copenhague con la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, dentro de la segunda minigira para preparar la presidencia española, ha ido aún más lejos y ha puesto en cuestión la legalidad de la operación. “Vamos a seguir la situación para ver exactamente que el anuncio de esta compañía corresponde a la legalidad”, ha llegado a decir. El presidente ha recordado además que el Gobierno ha ayudado mucho a las empresas y a los trabajadores con ERTE, con créditos ICO, y también que en plena crisis muchas de estas grandes empresas “han podido aumentar su actividad”.

La decisión de La Moncloa de pasar al ataque es así muy clara y muy directa contra Rafael del Pino, a quien atribuyen la decisión. El Ejecutivo ha analizado todos los argumentos que da la empresa, y ha llegado a la conclusión de que ninguno de ellos —asuntos financieros, facilidades para cotizar en la Bolsa de EE UU, seguridad jurídica— resulta creíble. De hecho, los califica de “ridículos” y asegura que la única justificación real es la fiscal, por los impuestos más bajos. Pero no tanto por la propia empresa, que tampoco se ahorraría tanto, según los cálculos iniciales del Ejecutivo. Según fuentes del Gobierno, la razón principal es un “interés personal” de la familia, y en especial de Rafael del Pino, el principal ejecutivo de la compañía y uno de los hombres más ricos de España, quien, al trasladar su domicilio fiscal, sí que pagaría muchos menos impuestos.

Del Pino tiene su residencia en Madrid, donde no se paga Impuesto de Patrimonio por la decisión política del Gobierno del PP. Sin embargo, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos acaba de aprobar un impuesto a las grandes fortunas, precisamente para evitar que autonomías como Madrid o Andalucía, también en manos del PP, no cobren nada por patrimonio a las grandes fortunas que residen en España. Este es el verdadero motivo, según creen en el entorno del presidente, Pedro Sánchez, para que Del Pino haya decidido trasladar su compañía a Países Bajos. Esta resolución ha indignado al Gobierno, pero, de momento, no parece que ninguna otra gran multinacional española vaya a repetirla.

El Ejecutivo está muy molesto tanto por la decisión como por la forma de comunicarla. Lo habitual, señalan fuentes del Gobierno, es que haya mucho diálogo entre las grandes empresas y La Moncloa para tomar decisiones de tanto calado. Los empresarios dialogan permanentemente con el Gobierno para decenas de cuestiones, desde asuntos regulatorios hasta nuevas inversiones, pero sobre todo por ayudas, planes a largo plazo de obras públicas, y ahora en especial por los fondos europeos, en los que están interesadas casi todas las grandes compañías españolas y muchas pequeñas y medianas. Pero Del Pino solo informó al Gobierno después de que la decisión estuviera tomada en el consejo de administración de Ferrovial.

El empresario intentó contactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la tarde del martes para explicarle la decisión ya tomada, según fuentes del Ejecutivo. “Las cosas en las empresas serias no se hacen así”, reprochan estas fuentes. Sánchez no llegó a contestar a esa llamada. Tampoco lo hizo por cuestiones de agenda la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien, al día siguiente, después de la repercusión que tuvo la noticia y el gran impacto que causó en el mundo político y empresarial, sí llamó a Del Pino para trasladarle el profundo malestar del Gobierno. La ministra calificó la decisión de inaceptable para una empresa “que le debe todo a España”, porque ha crecido gracias a la obra pública pagada con los impuestos de todos los ciudadanos.

El Gobierno estudia todas las posibles medidas a tomar, pero no parece nada sencillo parar esta decisión, porque Ferrovial ha decidido irse a otro país de la UE y es muy difícil impedir eso con la normativa comunitaria, señalan estas fuentes. Pero el Ejecutivo discute uno por uno los argumentos de la empresa, en especial el de la supuesta mayor seguridad jurídica de Países Bajos. España, explican estas fuentes del entorno de Sánchez, está por encima de ese país en la mayoría de los índices de seguridad del marco regulatorio. Y el único en el que está por debajo es en fiscalidad, por eso La Moncloa está convencida de que este es el motivo real. En la sede de la Presidencia del Gobierno hacen además una reflexión sobre la carrera fiscal dentro de la UE.

No solo Países Bajos, sino también otros socios como Irlanda, que precisamente visita este jueves Sánchez en su segunda minigira europea para preparar la presidencia española de la UE, también compiten con impuestos bajos para llevarse las grandes fortunas y la sede de las multinacionales. El Gobierno español está radicalmente en contra de esta política que cree que acabaría llevando a una competencia a la baja que sería infinita porque siempre habría un país que los recortaría más. “Acabaríamos todos en Barbados”, resumen estas fuentes.

La solución, consideran en el equipo de Sánchez, sería buscar una armonización fiscal europea. En cualquier caso, en La Moncloa están convencidos de que los argumentos formales que da la empresa “son ridículos” y el verdadero motivo es fiscal. Y dan otra prueba: si tanta inseguridad jurídica hubiera en España, ¿qué sentido tendría que precisamente en 2022 se haya llegado a un récord de inversión extranjera, con un aumento del 55% con 30.000 millones de euros nuevos alrededor de los fondos europeos? No tiene lógica que una gran multinacional española se vaya justo cuando llegan a España otras grandes multinacionales extranjeras, argumentan las fuentes del palacio de Gobierno.

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