Buscar puntos de encuentro

A menos de tres meses de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea, a partir del 1 de julio próximo, el presidente Pedro Sánchez ha comenzado a preparar el clima necesario para poder avanzar en algunos de los asuntos sobre los que se tienen que tomar decisiones importantes, como el reto migratorio, la revisión de las reglas fiscales, la gestión de los fondos de recuperación o la reforma del mercado eléctrico. Con ese propósito ha visitado estos días a los primeros mandatarios de Chipre, Malta e Italia. El encuentro con la primera ministra de este último país, Giorgia Meloni, era el más comprometido por las grandes diferencias ideológicas que separan a ambos gobiernos, el de España situado en posiciones progresistas y de izquierda y el de Italia, claramente anclado en la derecha y la derecha extrema. Ambos países comparten problemas e intereses comunes que los convierten en aliados objetivos en algunas de las cuestiones clave que se dirimen en la Unión Europea. Más que subrayar las diferencias —Sánchez se cuidó mucho de eludirlas—, se trataba de buscar los puntos de encuentro que permitan avanzar en la solución de esos problemas.

El de la inmigración irregular es sin duda el más enquistado. Desde la crisis migratoria de 2015 se discute un nuevo marco regulatorio que permita superar la actual situación de bloqueo. En septiembre de 2020 la Comisión Europea propuso un nuevo pacto sobre migraciones y asilo que debería estar ya aprobado, pero se ha frenado por los intereses antagónicos entre los países del norte y del este, y los situados en la frontera sur. España e Italia comparten el hecho de ser, junto a Grecia, los que más inmigrantes reciben. Como países de frontera, reclaman un reparto equitativo y un mayor compromiso del resto de la UE en la gestión de los flujos. Pero difieren en la política migratoria interna. España insiste en la necesidad de una acogida digna y humanitaria, mientras que el Gobierno italiano ha mantenido políticas de cierre de puertos e incluso de hostigamiento de las ONG que trabajan en tareas de rescate. Con todo, Roma y Madrid son aliados objetivos en la necesidad de alcanzar un pacto y por eso han evitado los puntos conflictivos. Superar el actual bloqueo figura en la agenda de la presidencia de turno de Pedro Sánchez como uno de los objetivos más importantes.

También comparten intereses en la revisión de las reglas fiscales, más aún después de que Alemania haya aguado las propuestas de Bruselas. En cuanto países con una elevada deuda pública, están entre los que más miran con lupa la subida de los tipos de interés y el papel del BCE. Italia, con una deuda del 147% del PIB, se encuentra en una posición más delicada que España, cuya economía ha sorteado mejor las últimas crisis gracias a unas políticas públicas expansivas que han elevado la deuda pública hasta el 113% del PIB. Las discusiones sobre los plazos y la forma de reducirla hasta el 60% que marca el Pacto de Estabilidad serán arduas, pero también en este asunto Italia y España están alineadas en la defensa de una transición lo menos dolorosa posible, que no comprometa las mejoras sociales alcanzadas y permita la transición verde y digital. La consolidación de esas mejoras dependerá también de la buena gestión de los 720.000 millones de los fondos de recuperación que la UE distribuirá hasta 2026. Ambos países figuran entre los principales receptores, pero mientras Bruselas ha dado su aquiescencia a los planes presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el de Meloni está teniendo más problemas para cumplir los objetivos del plan.