Mitigar el Brexit

Sin duda, el mayor acto de insurgencia contra el proceso de construcción europea ha sido el Brexit. Y eso que la Unión Europea ha pasado por momentos aciagos, como el fiasco de su proceso constituyente en 2005 u otras vicisitudes como la ampliación a regímenes de signo tan iliberal como enojoso, caso de Polonia o Hungría. Pero, en realidad, el gran problema es y ha sido siempre el Reino Unido. No en vano, la política británica se ha debatido históricamente entre su integración —que abrazó con su ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1973— y el afianzamiento de su atlantismo, sin objetar, como decía Winston Churchill, que franceses y alemanes erigiesen sus propios Estados Unidos en el continente, para apaciguar sus históricas hostilidades y evitar volver a una guerra en la que los británicos tuviesen que involucrarse.

Así, mientras que en el continente la UE es vista como el triunfo de la democracia, la paz, y una oportunidad inmejorable para el libre comercio, para muchos, en el Reino Unido pertenecer a esa misma Europa es percibido como una desviación trágica del auténtico sentir de las islas, la irremisible usurpación de su “soberanía” tras la dolorosa pérdida del Imperio. Ya tras su ingreso en el club de Bruselas, su objetivo fue el obtener el menor grado de aleación posible y limitar su contribución financiera. Más tarde, se quedó fuera de Schengen, del euro y de la jurisdicción del tribunal de justicia de las comunidades en relación con algunos derechos. A cada amenaza de salida, la Unión cedía a sus pretensiones con el propósito de evitar males mayores.

Al parecer, para los leavers más fanáticos, el Brexit se mantiene como un dogma de fe, impermeable a los indicadores económicos que revelan lo desacertado de esa opción. Sin embargo, los partidarios de “salir”, la clase media bienestante del sur de Inglaterra, los “cuellos azules” del norte industrial, los “perdedores de la globalización”, así como los más refractarios con la inmigración y el proverbial multiculturalismo británico, ya hace tiempo que vagan por esos mundos, como Diógenes con su lámpara, buscando los beneficios del Brexit. En efecto, pese a esquivar, como el continente, la recesión de finales de 2022, y con un PIB hibernado, la economía británica se ha revelado como el gran enfermo de Europa, la única economía del G-7 que no ha recuperado los niveles prepandémicos, afectada no solo por la ya mencionada inestabilidad política, sino también por el azote de huelgas en el sector público que el Gobierno del liberal multimillonario Rishi Sunak es incapaz de atajar, así como por un mercado laboral en tensión por la falta de personal cualificado, una inflación que se eleva hasta el 9,2%, y un descenso en la productividad a cifras de hace una década, y cuyas causas nadie se aventura a precisar.

Con todo, el premier Sunak acaba de zurcir —y sin cambiar de vestido— uno de los descosidos más vistosos con la UE: la espinosa cuestión del Protocolo de Irlanda del Norte. La entente, bautizada como Acuerdo Marco de Windsor, tras una reunión con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, supone proteger los respectivos mercados y, lo más importante, los avances por la paz del Acuerdo del Viernes Santo. El acuerdo se basa, entre otros aspectos, en la creación de “líneas verdes” y “líneas rojas” para la exportación de mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Las destinadas a permanecer en el territorio pasarán por la línea verde, por lo que se suprimirá la onerosa burocracia aduanera actual.

El Protocolo también se ha modificado para que cualquier cambio futuro en materia de IVA e impuestos especiales en el Reino Unido se aplique también a Irlanda del Norte. E introduce el llamado “freno de Stormont” para dar al territorio más soberanía sobre sus leyes, lo que permitirá a la Asamblea rechazar nuevas leyes de la UE si considera que pueden tener un efecto significativo y duradero sobre la población y las empresas de Irlanda del Norte. Este mecanismo, de paso, debería disipar las dudas británicas sobre el papel del Tribunal de Justicia de la UE en caso de que surjan nuevas disputas.

En suma, el acuerdo difumina cualquier atisbo de frontera en el mar de Irlanda. Aunque ahora deberá ser refrendado por los legisladores de ambos lados del canal de la Mancha. Habrá que ver cómo reacciona el ala más euroescéptica de los tories o los unionistas norirlandeses del DUP. Por delante queda también una dura prueba política, a la vista de cómo se ejecute el acuerdo sobre el terreno. Pero, por lo pronto, se trata de una buena noticia. En abril se cumplirán 25 años de los Acuerdos del Viernes Santo. E incluso Joe Biden, que tiene prevista una visita a la zona, ya había advertido de que no acudiría a la cita si antes no se deshacía el entuerto. Y todo ello, aunque el acuerdo no sea por la vocación europeísta de Sunak, sino por su pragmatismo. Si quiere tener alguna opción en las próximas elecciones frente a un Partido Laborista desbocado, tiene que mitigar el Brexit. Empezando por soltar lastre proteccionista y recuperar la actividad comercial perdida, calculada en cuatro puntos de PIB y 60.000 millones en impuestos.