Aval para los fondos europeos

Pese a la siembra de malos augurios, la presidenta del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo, hizo público el miércoles su diagnóstico sobre la ejecución de los 31.000 millones de euros de los fondos europeos recibidos por España: descarta cualquier rastro de fraude o incumplimiento legal por parte del Gobierno y disipa así los nubarrones que de forma persistente había esparcido una parte de la clase política y de la derecha mediática. Ya la semana pasada fue la Comisión Europea la que había dado su visto bueno para que España accediera al tercer tramo de financiación de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. El Ejecutivo presentó un plan de cumplimiento que certificaba un total de 121 hitos y objetivos cumplidos, un 29% del total de los comprometidos en el plan. La opinión de la Comisión sobre esos avances ha sido positiva y el desembolso no conlleva ningún condicionamiento asociado, incluyendo, por lo tanto, la aprobación del mecanismo de control que había sido motivo de preocupación a lo largo de 2022. Este sistema, conocido como Coffee, está ya en funcionamiento y, a juicio de la Comisión, cumple los requisitos necesarios para librar un tercer desembolso que, en todo caso, deberá ser todavía aprobado en el seno del Consejo de la Unión Europea.

Este aval de la Comisión llegó pocos días antes del aterrizaje en España del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara. Había levantado cierto revuelo por las declaraciones previas de la coordinadora del grupo, Monika Hohlmeier, y por la instrumentalización mediática de estas declaraciones para generar cierta confusión sobre su papel y funciones. El comité está realizando visitas a todos los países de la Unión, sin ningún papel ejecutivo sobre la gestión de los fondos, sino meramente de control político. Son, por lo tanto, malintencionadas y equivocadas las alusiones a los “hombres de negro”. Nada tiene que ver esta reciente visita con la función de seguimiento ejecutivo que ejerció la troika durante el rescate de 2012.

Las conclusiones del trabajo del grupo han aprobado la gestión española, señalando lógicamente algunos espacios de mejora, como el acceso a la información por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía, la complementariedad entre el sistema de gestión de los fondos y el propio del ciclo presupuestario ordinario, y una participación más plena de las comunidades autónomas. Todas ellas son recomendaciones perfectamente ajenas a la expectativa generada en torno a la presunta enmienda a la totalidad que le esperaba al Gobierno sobre su gestión de los fondos Next Generation. No ha habido correctivo pero tampoco podía haberlo, dadas las limitadas atribuciones del comité parlamentario.

De esta manera, tanto la conformidad de la Comisión para avanzar en el desembolso de los fondos como el aval del Parlamento Europeo a la gestión desarrollada por España ratifican la gestión correcta que las administraciones públicas están haciendo. Subsisten, por supuesto, numerosos objetivos de mejora, entre ellos la necesidad de completar las reformas más delicadas, como la de las pensiones, o procurar una mayor agilidad a la hora de distribuir la financiación. España es el país más adelantado en la aplicación de los fondos Next Generation, y ha salvado sobradamente este primer examen de 2023. Vendrán más en el futuro, y lo que debemos exigir como ciudadanos es que no se rebaje ni el rigor ni la profesionalidad reconocidos por ambas instituciones europeas.