Reforzar los fondos europeos

La voluntad del Gobierno de concretar las transformaciones que quiere impulsar con los fondos europeos ha dado otro paso con la reciente presentación de una adenda al plan Next Generation para ampliar el apoyo del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea por valor de 94.000 millones de euros. Esta ampliación se produce con una reasignación de estos fondos (7.700 millones), la dotación de la iniciativa Repower EU (2.600 millones), destinada a fortalecer la autonomía estratégica de la Unión en materia energética, y la solicitud de 84.000 millones de créditos a bajo coste y cómodos plazos de devolución, que estaba pendiente. De esta manera, España apuesta por alcanzar el máximo de las asignaciones previstas en este Plan de Recuperación, cuya ejecución se alargará previsiblemente hasta finales de 2026.

La nueva adenda reafirma la importancia que le ofrece el Ejecutivo a una ejecución sólida de los fondos consignados para España. No obstante, el Gobierno debe todavía superar algunos obstáculos evidenciados en sus mecanismos de gestión. También está pendiente, para la recepción de nuevos tramos, la culminación de algunas de las reformas comprometidas. De todas ellas, destaca la reforma del sistema de pensiones, que se atrasa hasta enero de 2023. En total, España ha recibido ya 30.000 millones de euros del Mecanismo Europeo, encontrándonos a las puertas de un nuevo desembolso en las próximas semanas.

Hasta el momento, el Plan de Recuperación ha publicado convocatorias de subvenciones y apoyos por valor de más de 28.000 millones de euros, si bien estos fondos están todavía lejos de ser plenamente ejecutados por parte de los receptores de los mismos, lo que ocurrirá previsiblemente a lo largo de 2023. La ampliación del alcance del plan se desarrollará básicamente a través de préstamos y otros instrumentos financieros reembolsables, una modalidad que evita incrementar la deuda pública pero de mayor complejidad en la ejecución. Se dobla por lo tanto el desafío para las administraciones públicas, que deben proporcionar préstamos e inversiones para el sector privado al tiempo que garantizan el cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y ambientales de los mismos.

Aunque una parte de los nuevos instrumentos se dirigirán a fortalecer los 12 proyectos estratégicos, o PERTE, la mayor parte —hasta 65.000 millones de euros— se destinará a fondos financieros de nueva creación, con un importante componente de inversiones sostenibles y de impacto social, ejecutados a través del ICO, Cofides y otras instituciones públicas, amén de una línea de financiación para las inversiones sostenibles de las comunidades autónomas. Diseñar, implementar y ejecutar esos nuevos fondos será más complejo que realizar convocatorias de subvenciones, y el Gobierno debe tenerlo en cuenta. España cuenta con experiencia previa en el diseño de estos instrumentos financieros con fondos europeos, pero la magnitud de la nueva financiación invita a reforzar de manera efectiva a las instituciones encargadas de su ejecución.

Si la iniciativa se culmina con éxito, el nuevo tramo consignado en la adenda contribuirá no sólo a promover nuevas inversiones vinculadas a la modernización y sostenibilidad de nuestro sistema productivo, sino también a establecer nuevos mecanismos de colaboración público-privada para la economía sostenible, algo en lo que España todavía tiene una importante asignatura pendiente.