La asignatura sanitaria

La percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la sanidad pública está empeorando de forma preocupante, según se desprende de la encuesta de 40dB. que publican hoy EL PAÍS y la Cadena SER. Que el 39,1% de la población española considere que funciona “regular” y el 26,8% “mal o muy mal” indica un grado de insatisfacción inadmisible en un servicio público tan fundamental. Sólo un tercio de los encuestados (32,7%) considera que la sanidad pública funciona bien o muy bien, lo cual indica que la mayoría de la población tiene una experiencia reciente o bien negativa o no suficientemente satisfactoria. Preguntados en concreto por esta experiencia, resulta llamativo que aquello que recibe una valoración positiva más generalizada es el buen estado de las instalaciones (74,7%) mientras que cuestiones claramente relacionadas con la calidad asistencial, como la celeridad o la presencialidad, solo ha sido satisfactoria para el 66,9% y el 61,6% de los encuestados, respectivamente. Entre tres y cuatro de cada diez usuarios han tenido que esperar más de lo deseado o no han podido tener atención presencial.

Este deterioro de la percepción no es atribuible únicamente a la pandemia y sus secuelas. Es una tendencia persistente en los diez últimos años. Si los pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica han alcanzado este año cifras récord y aumenta la demora para acceder a pruebas diagnósticas, es inevitable que la confianza en el sistema sanitario se resquebraje. Solo el 42,6% de los encuestados declara haber sido atendido con rapidez en el último año. En la Comunidad de Madrid, el número de pacientes que esperan ser atendidos por un especialista supera ya el medio millón, un 10% más que antes de la pandemia, a los que hay que sumar otros 153.000 que aguardan una prueba diagnóstica. Las listas de espera son el gran talón de Aquiles de la sanidad pública española y el atasco empieza ya en la atención primaria: por primera vez hay también demoras para ser atendido por el médico de familia. Todo ello dibuja un fracaso de gestión que es imputable tanto a los Gobiernos autonómicos, que ostentan las competencias sanitarias, como al Gobierno central por no habilitar los medios suficientes para corregir las carencias.

Los poderes públicos no pueden ignorar este nuevo foco de conflictividad que ya afloró en la multitudinaria manifestación del pasado 13 de noviembre en Madrid y que ahora se proyecta en nuevas huelgas y protestas convocadas en varias comunidades. La sanidad es el instrumento que más contribuye a la equidad social y la encuesta detecta la conformidad de la mayoría con mejorarla incluso si eso implica “pagar más impuestos”. Los seguros privados son los grandes beneficiarios de esta situación: el 15,7% de los encuestados tiene contratada una póliza, en su mayoría como complemento de la sanidad pública, y en las dos comunidades con mayor PIB ese porcentaje se eleva hasta el 21,9%, en Madrid, y el 26,4%, en Cataluña. Pero solo una sanidad pública potente y de calidad puede garantizar la equidad.