El aumento del gasto en sanidad de las autonomías se queda por debajo del IPC en plena crisis de la Primaria

Las comunidades autónomas han presupuestado para 2023 un gasto medio en sanidad de 1.808,5 euros por habitante. En plena crisis de la Atención Primaria, la subida es de un 7,7%, lo que está por debajo del incremento medio del IPC, que Funcas calcula en 2022 en un 8,6%, una décima por encima de la cifra que el Gobierno ha establecido para revalorizar las pensiones.

Según un informe que ha publicado este martes la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública (FADSP), Madrid está a la cola en inversión sanitaria, con un presupuesto de 1.446,13 euros por ciudadano, si bien su aumento en el gasto (11,2%) supera a la media. La sigue Cataluña (1.456,45), aunque para el cálculo se han utilizado los presupuestos del año pasado, ya que no hay acuerdo en el Parlament para unos nuevos.

En la cabeza de la clasificación se sitúan Asturias (2.133 euros per capita) y País Vasco (2.130); las que más elevan su inversión son Andalucía (15,6%) y Aragón (15,1%); las que menos incrementan el gasto sin contar Cataluña son La Rioja (3,64%) y la Comunidad Valenciana (4,8%).

La FADSP ha elaborado este informe recogiendo los datos de la presentación de las cuentas de cada autonomía, que no en todos los casos están aprobadas, pero que sí presentan unas cifras muy similares a las que se quedarán consolidadas. El gasto final habrá que evaluarlo entrado 2024, y las partidas de sanidad están entre las que más desviaciones presentan con respecto a lo presupuestado.

El gasto sanitario de las comunidades autónomas supone el 93% de la inversión pública en esta materia, ya que son las que tienen prácticamente todas las competencias. El restante corresponde al Gobierno central, que en los Presupuestos Generales del Estado destinó 7.049 millones de euros a sanidad, un aumento del 6,7%. Más de la mitad del presupuesto del ministerio va a sufragar las mutuas privadas de los funcionarios y las vacunas contra la covid.

Estas cuentas siguen dejando a España por debajo de la inversión sanitaria pública por habitante con respecto a la media de la Unión Europea, que según los últimos datos, de 2020, estaba en 2.299 euros. La FASDP considera imprescindible tanto aumentar la inversión en sanidad como distribuirla de forma más equitativa entre comunidades autónomas para mejorar un sistema que en los últimos tiempos está presentando síntomas de desgaste. “Es un aumento escaso y muy mal repartido que hace que se mantenga la insuficiencia financiera global de nuestro sistema sanitario y consolida las desigualdades interterritoriales”, señala la federación en un comunicado.

La pandemia puso en evidencia muchas de las carencias del sistema y hoy en día esto está cristalizando en un enorme descontento entre los profesionales, que se agudiza sobre todo en la Atención Primaria, que tiene a los médicos de medio país en huelga o planeando una. La covid ha disparado el número de consultas, mientras que hay cada vez menos médicos de familia en el sistema público, lo que redunda en demoras y agendas saturadas.

Barómetro sanitario del CIS

Según el último barómetro sanitario del CIS, publicado este lunes, el 70% de los ciudadanos tuvieron que esperar más de un día para una cita con su médico de familia, y entre estos, la media de espera fue de 8,5 días, en un servicio que idealmente tendría que prestar un servicio inmediato o en no más de 48 horas.

Sin embargo, los ciudadanos le dan mejor nota a la Atención Primaria que a la especializada: un 6,1 frente a un 5,9. Solo el 24% de los consultados recibió una cita con su especialista después de menos de un mes, mientras el 37% tuvo que esperar entre uno y tres, y el 38% más de tres meses.

Estos datos se suman a los que publicó en noviembre del Ministerio de Sanidad, que muestran la mayor cifra de pacientes en espera quirúrgica: 742.518, aunque la media de demora para una operación (113 días) ha bajado con respecto a las cifras publicadas en junio (123 días).

Aunque tanto las cifras de inversión como de espera dan algunas pistas para evaluar el sistema, no son las más indicadas para sacar conclusiones firmes, según Enrique González, autor del libro La quiebra del Sistema Nacional de Salud. En su opinión, el gasto de cada autonomía está condicionado tanto por la estructura socioeconómica de cada territorio como por la herencia que recibieron hace 20 años, cuando fueron transferidas las competencias desde el Gobierno central.

“Es distinta la inversión necesaria en territorios muy envejecidos que en otros más jóvenes; en lugares con mucha concentración de población que en otros en los que está más dispersa. Y las diferencias de gasto ni siquiera se correlacionan siempre con estos factores, ya que puede haber sistemas muy diferentes”, sostiene.

González pone el ejemplo de Madrid, donde hay mucha más población con seguros privados (más de un 38%, frente al 25% de media nacional) y en la que el peso de los grandes hospitales hacen que su estructura sea muy distinta de regiones como Asturias, donde él trabaja, con una ciudadanía más dispersa y envejecida.

Para conocer si la inversión de cada comunidad es adecuada o se queda corta, a su juicio, deberían analizarse resultados que hoy en día no se miden en el Sistema Nacional de Salud, como el seguimiento a los pacientes crónicos o el tiempo que se tarda en resolver un infarto, por ejemplo. “Por desgracia, no hay una evaluación de políticas de salud que nos permita realmente comparar unas comunidades con otras o unos centros con otros”, señala.