Todos a la cárcel

¿Cuáles serían las consecuencias del encarcelamiento de varias decenas de políticos actualmente procesados por su participación en el procés y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017? En el contexto de degradación institucional de las últimas semanas, cuando según unos y otros han dado varios golpes de Estado los otros y los unos, esta pregunta no ha sido formulada.

Como mucho se ha hablado de si Oriol Junqueras dejaría de estar inhabilitado y podría presentarse a unas elecciones autonómicas o sobre cómo los vergonzosos atajos en el Código Penal podrían aclarar la laberíntica situación judicial del eurodiputado Carles Puigdemont. Pero más allá de la situación de los dos últimos líderes del procés, cuya rivalidad partidista radicalizó su nefasto y estéril desenlace, hay una extensa lista de altos cargos de la Generalitat, de ahora y de entonces, que esperan sentencia. Y podría llevarlos a la cárcel. No son uno ni dos. Podrían ser casi cuarenta. Cinco años después del estallido de una crisis larvada durante una década, y de la que no fue un actor menor un Tribunal Constitucional manipulado desde fuera, este escenario penal no debe descartarse a medio plazo y es ingenuo pensar que no tendría consecuencias. Por supuesto electorales. Sobre todo políticas. También sociales.

Si el Tribunal Supremo condenó por sedición a quienes impulsaron el referéndum, en poco tiempo se juzgará a quienes presuntamente lo hicieron posible desde distintas consejerías y distintos niveles de la administración autonómica. Los que podrían ser condenados a penas de cárcel son los acusados de malversación de caudales públicos. Hay de todo. Desde quien creó las herramientas informáticas para reclutar a voluntarios hasta quien impulsó viajes de observadores internacionales para legitimar el proceso electoral. Desde los responsables de los medios de comunicación de la Generalitat, a los que se acusa por haber autorizado la difusión de campañas para promover el referéndum, hasta quien encargó a empresas privadas el material para votar más allá de las urnas. A esas causas se suman otras en las que, en algunos casos, están implicadas las mismas personas. Por ejemplo, la que juzga la acción exterior desarrollada entre los años 2010 y 2017. Podría afectar a algunos de los políticos nacionalistas más destacados de las dos primeras décadas del siglo. No todos pueden ser condenados con penas de cárcel, pero la mayoría, en teoría, sí deberá pagar considerables multas impuestas por el Tribunal de Cuentas para devolver el dinero malversado con el propósito de difundir por el mundo el argumentario del procés en conferencias, cenas con periodistas, contratando lobistas...

Este nudo penal, con ramificaciones europeas, constituye el auténtico conflicto en Cataluña. No es el referéndum de autodeterminación. No hay mayorías internas, no hay marco legal y tardará mucho en haber confianza. Estamos donde estamos y se esperaría que Esquerra fuese leal a lo real. No es momento para volver a un proyecto derrotado e ilusorio, condicionado por los intereses de las elites independentistas, pero sí es real otra expectativa latente desde la concesión de los indultos: la posibilidad de desmontar desde la política la respuesta penal que se dio al procés. Nadie a quien no ciegue el más ofuscado partidismo defenderá el carácter impoluto de las medidas aprobadas por la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez. Sí es sí: son medidas chapuceras que podrían sacar de la cárcel a corruptos de tomo y lomo. Se han aprobado por cálculo, sin duda, pero también pensando que las consecuencias podrían ser peores. Porque lo que se discute de fondo, además de los casos individuales, es la posibilidad de proseguir en la normalización institucional en Cataluña después de su colapso. Y también hay a quien le interesa que esto no suceda.

Si cuarenta políticos van a la cárcel, las consecuencias políticas y sociales más plausibles podrían ser estas: instalarnos en la histérica espiral de polarización en clave nacionalista, radicalizar aún más las posiciones en un año electoral que pinta cainita y regresar a la dinámica de acción-reacción que es la condición necesaria para desestabilizar de nuevo al Estado.