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El Gobierno catalán anuncia que tras la reforma del Código Penal redoblará la apuesta para pactar un referéndum

Esquerra responde a la negativa tajante del ministro Bolaños: “Han dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando, que vamos a seguir trabajando”

Pere Aragonès, este martes, en la reunión semanal del Govern.
Pere Aragonès, este martes, en la reunión semanal del Govern.Gianluca Battista

Pere Aragonès sustenta su Gobierno en un apoyo parlamentario de 33 diputados sobre 135, pero la magra mayoría no frena los planes de su Ejecutivo. Ni siquiera aquellos proyectos que nacen muertos. “No va a haber en ningún caso un referéndum. Estamos en superar la tensión de 2017″, ha manifestado este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Han dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando, que vamos a seguir trabajando” ha replicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras advertir que el referéndum por la independencia es irrenunciable. La agenda del equipo de Aragonès prevé que, una vez atada la reforma del Código Penal para derogar la sedición y modular el castigo a la malversación, se dirigirá el empeño hacia la estrategia separatista. “Somos un gobierno que trabaja discretamente”, ha dicho la portavoz, a la vez que anunciaba que preguntar a los catalanes en un referéndum sigue siendo una prioridad. “Pactado con el Estado”, ha matizado Plaja.

El Gobierno catalán se mueve entre una variedad de frentes abiertos. Sin socios asegurados para aprobar las cuentas de la Generalitat para 2023, y en plena negociación con el Gobierno para desbrozar los Presupuestos del Estado y modificar el Código Penal, se ha reabierto la caja latente del referéndum. En una especie de amago, desde la Generalitat se defiende que todo parte de una estrategia de Esquerra Republicana. “Es una propuesta que hace un partido”, ha alegado Plaja. En realidad, desde que hace dos meses se rompió la alianza con Junts en el Govern, Esquerra controla la Generalitat sin oposición ni debate.

El president Pere Aragonès ya había anunciado, en septiembre, su voluntad de alcanzar un “acuerdo de claridad” que sirva de hoja de ruta para abordar lo que se define como “conflicto político” con el Estado. Se propone que, si más de la mitad del censo catalán participa en esa votación y el sí a una pregunta clara obtiene más del 55% de los votos, el Gobierno central esté obligado a abrir una negociación para pactar los términos de la secesión.

Antes de someterlo a un hipotético pacto con el Gobierno central en el marco de la mesa de diálogo, la apuesta de los republicanos es que el contenido de ese acuerdo de claridad sea debatido por las entidades y partidos que están a favor de celebrar el referéndum de independencia (aunque no estén a favor de la independencia).

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