Fondos europeos

La obtención de los fondos europeos para compensar a los países más dañados por la pandemia fue un gran avance en la construcción europea y un logro del Gobierno de Pedro Sánchez. España obtuvo 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y otros 7.700 que se sumarán próximamente, además de otros 84.000 millones en créditos a tipos de interés bajos. Tales cantidades suponen un impulso a la modernización de la economía que no se puede desperdiciar. El Gobierno español ha sido de los primeros en tener listo y aprobado un plan de recuperación que ponga en marcha esas inversiones. Ya ha recibido el desembolso de 30.000 millones de euros. Y ha lanzado 45.000 millones entre licitaciones y convocatorias. El trabajo realizado hasta ahora ha sido ingente. La gestión de las expectativas ha sido menos eficaz, en buena parte por causa de un déficit informativo. En un primer momento, el Ejecutivo decidió que había que intentar gastar estos fondos con celeridad para tratar de recuperar la economía de la pandemia cuanto antes. Sin embargo, la situación ha cambiado: el mercado laboral ya se ha recuperado y ahora lo importante es que estos fondos se empleen bien, aunque convendría una mayor velocidad para sostener mejor la economía y afrontar las crecientes incertidumbres internacionales.

Se ha hecho patente que hacen falta plazos más largos para desarrollar y desplegar proyectos de calado. En inversiones como las del Ministerio de Transportes se suele tardar casi tanto en cumplir con todos los trámites para adjudicar la licitación como luego en ejecutarla. Aunque hay de plazo hasta 2026 para gastar los fondos, se están formando importantes cuellos de botella al tener muchas administraciones licitando y lanzando convocatorias de subvenciones. Hay que adecuar el tejido productivo para ello y el Gobierno ya está intentando prepararlo, por ejemplo con la posibilidad de contratar trabajadores inmigrantes para la construcción. Las fuertes subidas de precios por la guerra también están ocasionando problemas y pueden justificar demoras o cambios. La guía europea de los fondos permite retrasar hitos de inversiones argumentando los embudos que se están produciendo.

Agilizar y flexibilizar algunos trámites administrativos y sumar nuevos equipos de gestores debería ayudar a acelerar el proceso sin perder fiabilidad. Hay que extender las buenas prácticas del programa para digitalizar empresas, que les han resultado útiles a las empresas para gestionar las ayudas. En este sentido, cabe la posibilidad de implicar más a la banca en su canalización. En el caso de los grandes proyectos estratégicos, los llamados PERTE, los límites que pone Bruselas a las ayudas de Estado deberían flexibilizarse si se quiere que la industria europea opte al liderazgo en una economía global tan competitiva. No solo deberían suavizarse para digitalización y transición ecológica, como ocurre ahora. Además, se podría explorar el uso de incentivos fiscales, como han hecho Francia o Italia, para desembolsar más rápido las ayudas.

El grueso de las inversiones del Plan de Recuperación se va a ejecutar antes del plazo de 2026. Pero lo importante es que se gaste bien. La negociación de la Adenda al Plan, en la que se incorporarán los 7.700 millones adicionales y los 84.000 millones en créditos ahora que suben los tipos, es un buen momento para adecuar el plan, incorporar proyectos y renegociar aquellos plazos de hitos intermedios que pueden ser muy exigentes. También sería un buen momento para intentar alcanzar consensos con la oposición —por difícil que parezca a priori— y estrechar la colaboración con las comunidades autónomas para garantizar a la vez eficiencia y velocidad de ejecución.