Perú: Desencuentro entre mundos, ¿ruta de salida?

Cinco largos y tortuosos años de desencuentros profundos en el Perú en una polarización política que no hace sino intensificarse. El último set es la reciente amenaza, desde un sector político, de destituir a la respetada presidenta del poder judicial, íntegra magistrada, la primera mujer que encabeza el sistema judicial peruano creado hace 200 años. Y no se trata de una maniobra gubernamental, como ha sido en procesos autoritarios en curso en el mundo (Polonia o El Salvador, por ejemplo), sino de un eslabón más en el remolino de un desmoronamiento institucional sin fin.

El zarpazo que fuerzas oscuras pretenden dar ahora contra la cabeza del sistema judicial, es solo una pieza más de un “todos contra todos” en el que el concepto “polarización” queda corto para describir lo que está ocurriendo. Una crisis de esta envergadura ya viene repercutiendo, por cierto, en una economía que desde hace cinco años —antes de la covid o de Pedro Castillo— ya no crece más de 2% anual. La política, pues, y esto de generar cinco presidentes en cinco años, entre otras perlas, impacta en una economía que da pasos acelerados para estancarse.

La elección de Castillo a mediados del 2021 abrió el nuevo capítulo de una polarización in crescendo. Los empeños reiterados buscando la vacancia del presidente, aunque suene surrealista, se dieron al conocerse los resultados; desde antes que Castillo asumiera la presidencia a fines de julio de ese año.

Allí arrancó un nuevo y acelerado capítulo de demolición institucional: el intento, desde un sector muy agresivo de la derecha peruana, de desconocer el resultado electoral que le había dado el triunfo a Castillo. Llegando a promover, abiertamente, un golpe militar. Reacciones que se estrellaban contra los resultados —ajustados, pero claros— emanados de un sistema electoral confiable y de un proceso cercanamente acompañado por observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otras instituciones.

La otra cara de la moneda del afán sostenido desde la oposición, fueron, por cierto, los errores y limitaciones gubernamentales no menores. Que van desde una inestabilidad generada desde la cabeza del mismo Gobierno, entre otras cosas, por un número abrumador de cambios ministeriales —cerca de 80— en poco más de un año. Y que pasan por denuncias, algunas de ellas graves, sobre malos manejos y corrupción en el entorno presidencial, algunas de las cuales involucrarían al propio presidente. Muchas de ellas vienen siendo ya investigadas por la Fiscalía, como corresponde.

Lo que comprometería al presidente es investigado directamente por la fiscal de la nación, Patricia Benavides; es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución. Las investigaciones en curso expresan un viraje, ya iniciado por su inmediato predecesor, Pablo Sánchez, quien determinó, ya hace algunos meses, que un presidente en funciones sí puede ser investigado por la justicia. Impulsó, así, una interpretación diferente a la vigente durante 29 años de la Constitución, en que prevaleció la tesis de que un presidente en funciones no podía ser siquiera investigado cuando lo que la Constitución proscribe es que sea “acusado” mientras está en funciones.

Bien por esta nueva interpretación de Sánchez; mantenida por Benavides. Los hechos denunciados deben investigarse si hay indicios o sospechas de corrupción. Coincide esta interpretación con un claro telón de fondo y crudo dato de la realidad: el 65% de la población opina que el presidente si podría estar involucrado en los actos de corrupción denunciados, por lo que debería ser investigado.

Más allá de esto, sin embargo, el hecho es que dentro de un proceso político, que ya es gangrenoso, se vienen lanzando dardos impunes en toda dirección, añadiéndole, así, leña a la hoguera a cada minuto que pasa. Se judicializa la política y se politiza la justicia, con un resultado claro que es la creciente erosión y deslegitimación en espiral de todo el sistema político.

Dos piezas destacan: el congreso y la fiscal de la nación.

Desde el monotemático y gris legislativo fluyen incesantes intentos de declaración de vacancia presidencial —hasta ahora frustrados por falta de votos suficientes— promovidos por un sector en el Congreso. Mientras los lobistas se las arreglan para que pasen desapercibidas decisiones oscuras como, por ejemplo, para aliviar la carga tributaria de los casinos y tragamonedas.

A ello se suma una controversial y apurada denuncia de la fiscal de la nación contra Castillo. Que se sale del cauce constitucional porque quema etapas y tiene el evidente propósito de suspender al presidente en sus funciones para investigarlo. Eso estaría en contravención del derecho, pues la Constitución no prevé eso. Al revés, busca la no aplicación de una norma constitucional haciendo uso de una gimnástica interpretación de la Convención de la ONU contra la corrupción. Tratado internacional que no es “autoejecutable” sino que remite, en todas sus normas, siempre al derecho interno.

Consecuencia de esa espiral ascendente de contenciosos y de confrontación es un escenario en el que no hay espacios para el diálogo; ni siquiera, a veces, al interior de las instituciones. Ninguna organización o personalidad tendría hoy la capacidad de convocatoria necesaria para generarlo y conducirlo. Aparece, en esa bruma de bloqueos, lo que en este contexto es la única luz al fondo del túnel: la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Que se traduciría en una misión interamericana de alto nivel que convoque al diálogo y ejerza sus buenos oficios para ese efecto. Es lo resuelto el 20 de octubre por el Consejo Permanente de la OEA.

El reto es grande, pero experiencias importantes han demostrado que el diálogo político promovido y conducido por la OEA puede eventualmente, bajo ciertas condiciones, rendir frutos. Esto no es de poca monta cuando todos los espacios de diálogo e interacción están cerrados. Una buena experiencia fue la recorrida hace 20 años en el Perú cuando las fuerzas democráticas y la sociedad peruana querían dar término a la autocracia fujimorista y abrir el camino a una ruta democrática.

En el 2000, en efecto, la oposición democrática peruana propuso que la OEA promoviera y condujera un diálogo político mirando hacia una salida pacífica ante la ascendente confrontación. Funcionó; y bien. Se propuso una agenda para el diálogo y abrió un cauce constructivo muy importante. Un año después, el Gobierno —ya democrático— propuso a América una Carta Democrática Interamericana como mecanismo procesador de crisis democráticas generadas dentro de los propios sistemas democráticos. Y no ya, como en el pasado, por golpes militares (para lo cual existía ya el “Compromiso de Santiago con la Democracia” de 1991).

La OEA viene organizando ya la misión de alto nivel que debería estar llegando al Perú la próxima semana. Estaría integrada, entre otros componentes, por varios cancilleres en funciones y por otras personalidades del continente y del Caribe. El mandato de la misión está definido así como su objetivo prioritario: “promover el diálogo”.

Paso importante y esperanza grande. Aunque, por cierto, las cosas no pintan fáciles. A diferencia de la crisis democrática del 2000, el panorama, en un sentido, es mejor. Ya no se está ante un régimen autoritario (Fujimori) con una legitimidad de origen derivada de una elección fraudulenta, condenada por la OEA y sindicado por graves violaciones de derechos humanos, interviniendo medios de comunicación y apertrechado con un escuadrón de la muerte (“Grupo Colina”).

Sin embargo, a diferencia de hace dos décadas, el panorama es desolador en cuanto a la representación política. Con partidos políticos prácticamente desvanecidos, las formas de representación para un diálogo conducente a resultados concretos, se dificultan. Habrá que esperar creatividad, imaginación y mucha persistencia para convocar a quienes tienen que estar y para que se avance gradualmente, en medio de vientos huracanados, vertebrando consensos. Esto es urgente e ineludible.