Pedro Castillo y las tres vías para acabar con un presidente

Pedro Castillo, el maestro sindical que llegó a Palacio, no gobierna, sobrevive. A diferencia de otros presidentes de Perú, que tuvieron un periodo de tregua en su primer año, Castillo vive en una constante confrontación con los otros poderes del Estado. La fiscal de la Nación lo ha denunciado constitucionalmente ante el Congreso por delitos de corrupción. Nuevamente en jaque, Castillo apeló a su viejo sombrero, y sacó un conejo que ha erizado a sus opositores: acudió en busca de protección a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El sindicalista que derrotó a Keiko Fujimori denunció que se orquesta un golpe de Estado en su contra, y le ha pedido a la OEA que active la Carta Democrática Interamericana, un tratado internacional que defiende la estabilidad institucional y política de los países miembro. En medio de una jornada extraordinaria, el último jueves la OEA ha decidido acoger la solicitud de Castillo. Lo que supone enviar una comitiva de alto nivel al Perú para analizar la situación política y comprobar in situ si efectivamente hay un complot que amenaza la democracia.

Por estos días un grupo parlamentario se encuentra recolectando firmas para impulsar la tercera moción de vacancia —destitución— contra Castillo. Un mecanismo constitucional que en el pasado removió a los expresidentes Alberto Fujimori y Martín Vizcarra. El primer intento ocurrió a finales de 2021, cuando Castillo ni siquiera tenía medio año de Gobierno, por supuestamente haber influido en el nombramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales. El segundo, en marzo de 2022 tras ponerse en evidencia sus reuniones clandestinas con empresarios que luego ganaron licitaciones con el Estado. Ahora, tras seis investigaciones fiscales que lo señalan como cabecilla de una mafia enquistada desde Palacio, se pretende su salida bajo tres caminos que confiere la Constitución peruana: denuncia constitucional, vacancia constitucional y suspensión.

En una acción que provocó el debate de los juristas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides denunció a Castillo a pesar de que la Constitución Política del Perú en su artículo 117, no incluye los delitos de corrupción como causales para destituir a un presidente en funciones de su cargo. Aun así, su denuncia fue aceptada por el Congreso y se encuentra en evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un proceso que podría resolverse todavía en los primeros meses del próximo año.

“La fiscal ha llegado a la conclusión de que hay 190 indicios de comisión de actos delictivos en el ejercicio de la función del presidente, pero tiene una valla: el artículo 117. Por eso le ha sugerido al Congreso que sería oportuno aplicar el Principio de Convencionalidad, inaplicando ese artículo 117, y superponiendo en su defecto el Convenio sobre la Lucha contra la Corrupción que el Perú firmó en el 2003 con las Organización de las Naciones Unidas”, explica el constitucionalista Víctor García Toma.

Esta discusión sobre el artículo 117 ha generado una paradoja: quienes están a favor del cambio total de la Constitución, son quienes se amparan en él para defender la investidura del presidente. Y viceversa: quienes sostienen que la carta magna no debe reformarse, por estos días reclaman que dicho artículo es un blindaje a favor de la impunidad.

A la exministra de Justicia, Ana Neyra le preocupa que se vulnere la Constitución inaplicando el artículo 117, pues sentaría un mal precedente para los futuros mandatarios. “Eventualmente lo que estamos haciendo es debilitar la institución presidencial, hoy ocupada por alguien que de repente a muchos no les gusta, pero mañana tal vez ocupada por otra persona que tendrá altas posibilidades de que estas circunstancias se repitan. Los últimos presidentes del Perú han alcanzado el poder con minorías parlamentarias o mayorías débiles. No podemos generar nuevamente un desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

La otra vía para remover a Castillo de su cargo es la mentada vacancia por incapacidad moral permanente. Una movida legal que, a diferencia de la acusación constitucional, puede resolverse rápidamente en el Pleno del Congreso. El detalle es que se necesitan dos tercios de los votos del total de parlamentarios (130) para aprobarse. Y vaya que no es un detalle menor: como en los dos intentos del pasado, la oposición no ha sido capaz hasta ahora de reunir los 87 votos que necesitan. “Hay un sector del Congreso que ha sido copado por prebendas y dádivas por parte del Poder Ejecutivo. Evidentemente son ‘topos’ que impiden llegar a los 87 votos. Se han comprado conciencias para cambiar el curso de un voto por convicción”, arguye Víctor García Toma. De acuerdo a la tesis fiscal, uno de los brazos de la supuesta organización criminal de Pedro Castillo es un grupo de congresistas del partido Acción Popular apodados ‘Los niños’. Según una colaborador eficaz los llaman así porque “obedecen todo lo que diga el mandatario”.

Para el politólogo Eduardo Dargent la vacancia constitucional pierde fuerza porque existe una numerosa facción de parlamentarios que desea concluir su periodo congresal y sacar a Castillo solo conseguiría precarizar todavía más la institucionalidad. “Yo todavía sigo pensando que hay más estabilidad que colapso. Hay un pragmatismo en el Congreso que hace difícil una caída del Gobierno por vacancia”, indica y de inmediato agrega: “si bien (Castillo) por ahora puede tener cierta malla de seguridad y control de la situación, todo es muy precario. Su gran problema es que le cuesta mucho articular su defensa, construir una narrativa creíble. Si uno se da cuenta nunca hay una defensa de fondo de los temas que se le acusan”.

En efecto, Castillo en lugar de responder con solidez y énfasis a cada una de las imputaciones en su contra, se exculpa alegando que es víctima de una persecución política de parte del Ministerio Público y el Congreso. En consonancia a ello, el abogado Raúl Noblecilla, exasesor de Perú Libre, el partido que aupó a Castillo al poder, asegura que “existe un plan siniestro de golpe de Estado que cuenta con el control de la prensa y los aparatos de administración de justicia para doblegar al adversario”. Noblecilla remarca: “la sociedad tiene derecho a que se investigue, pero también se debe tener en claro todo esto. Los enemigos de la democracia pretenden instaurar una dictadura”.

¿Se puede afirmar que el presidente de la República emplea como principal estrategia de defensa la victimización? Dargent lo explica así: “Castillo aprovecha el sector que lo apoyó, así como su procedencia humilde para construir una idea de que hay revanchismo (en la oposición) y algo de eso hay, pero sus problemas son reales”. En ese sentido, la politóloga Katherine Zegarra señala que su “victimización es exitosa porque tiene a una oposición torpe y una treintena de instituciones del Estado que están deslegitimadas”. Una oposición que, en cierto modo, sigue sin reconocer el triunfo de Castillo en las elecciones del 2021 y que, curiosamente, acudió a la sede de la OEA, en los Estados Unidos, para denunciar el supuesto fraude electoral.

Prueba de ello es el comunicado emitido por San Isidro, uno de los distritos más acomodados de Lima, que ha calificado al presidente como persona no grata recientemente. Zegarra, además, subraya que una de las pisadas en falso del bando contrario es recurrir a descalificaciones de índole racista y clasista debido al origen de Castillo, quien nació en Cajamarca, una región de la sierra peruana, distante a Lima, la capital. “En general es un líder que exhibe muchos elementos para ser criticado, especialmente por sus supuestas relaciones con la corrupción. Pero en muchas ocasiones la crítica ha venido cargada de racismo, generando rechazo de parte de la ciudadanía”.

El tercer camino del Congreso para la destitución de Pedro Castillo es la suspensión, una medida que tiene una carencia: falta que se apruebe su regulación. Actualmente, la Comisión de Constitución que preside Fuerza Popular -la agrupación que lidera Keiko Fujimori, la principal adversaria de Castillo- viene discutiendo un proyecto de ley al respecto. También tardaría hasta el verano del 2023 para resolverse, pues tiene un añadido: el Poder Ejecutivo posee la facultad de observalo y así dilatar su aprobación.

Las investigaciones de la Fiscalía sostienen que la presunta red criminal del mandatario involucra a gran parte de su familia —desde su esposa, Lilia Paredes, hasta su cuñada y sus sobrinos—, así como ministros de Estado y un círculo íntimo de asesores que ha sido bautizado como “gabinete en las sombras”. Algunos de ellos se encuentran prófugos como Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Fray Vásquez Castillo, su sobrino; y Alejandro Sánchez, dueño de la casa donde Castillo se reunía extraoficialmente con empresarios y políticos. “Es muy difícil tener una percepción clara en este contexto enmarañado. Castillo podría durar hasta el 2026, pero tampoco tiene capacidad de buscar consensos. Si además de todos los problemas de la clase política, la gente tiene menos para comer al día siguiente o ocurre un milagro o esta situación será absolutamente inmanejable”, sentencia Eloy Espinosa-Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Las futuras recomendaciones de la OEA, cuya comitiva de alto nivel todavía no tiene una fecha definida para visitar el Perú, podrían caer en saco roto para las aspiraciones de Pedro Castillo. “Por ahora el presidente está buscando mostrarse ante el mundo como un perseguido político. Pero lo cierto es que más allá de que la OEA delegará a un grupo para observar la realidad del país, no necesariamente actuarán a favor del gobierno por más que algunos lo crean”, dice el politólogo José Alejandro Godoy. A esperar parados y con los ojos bien abiertos el próximo capítulo de este vaivén presidencial.

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