Estrasburgo ha dicho lo que era evidente desde hace años: Hungría no es una democracia plena

Cualquiera que haya mirado a Hungría en los últimos años sabe que allí la corrupción ha alcanzado niveles exagerados, también con el dinero que llega de Europa. Por eso es un alivio que, aunque tarde, la Comisión le haya sacado a Viktor Orbán la carta más potente que tiene para reconducir a un Estado miembro: la condicionalidad. O Budapest demuestra que va a combatir el fraude, o perderá gran parte de los fondos que se le habían concedido. Y eso es algo que ahora mismo la economía húngara, con la inflación disparada y su moneda por los suelos, no se puede permitir.

Orbán ha aceptado un acuerdo que conocía previamente: sus funcionarios lo pactaron con Bruselas porque ninguna de las partes quería una confrontación con la guerra de Ucrania de fondo. Asegura que cambiará sus normas sobre los concursos públicos y que creará una agencia anticorrupción “con expertos independientes”, aunque está por ver quién garantizará su independencia. En todo caso, el Gobierno húngaro está vendiendo el trato como una victoria frente a la “burbuja de Bruselas”, como la llama cínicamente. Cabe preguntarse si, aunque Hungría vaya a someterse a condiciones, sale ganando.

La realidad es que Budapest va a seguir siendo un problema para la Unión Europea. Se niega a unirse a la Fiscalía europea, el organismo independiente que se creó el año pasado para investigar los delitos contra los intereses financieros de la UE. De manera sistemática utiliza el derecho de veto para presionar o dinamitar las iniciativas europeas, como cuando en 2020 amenazó con oponerse al acuerdo del fondo de recuperación de la pandemia. También se desmarca en lo internacional, como prueban sus relaciones con Rusia y China.

En casa, Orbán tampoco parece que vaya a cambiar. En los 12 años que lleva en el poder, 16 si contamos su primer mandato de 1998 a 2002, ha socavado la separación de poderes, la libertad de prensa y la del banco central. Habla de la mezcla de razas y de la homosexualidad como “peligros”. Esto, entre otras cosas, ha llevado al Parlamento Europeo a sostener que Hungría no puede considerarse una democracia plena, sino una “autocracia electoral”. Ya era hora de que una institución comunitaria dijera lo que llevan repitiendo analistas y ONG desde hace años. La paradoja es que hoy sería impensable que Budapest entrase en la Unión Europea, con lo exigente que es el proceso de adhesión. Pero como está dentro, se le permite.

Para llevar a cabo las mejoras antifraude, Hungría tiene de plazo hasta noviembre, y entonces los Estados miembros decidirán por mayoría cualificada si se le manda el dinero. En tan poco tiempo, es probable que los cambios sean superficiales. Sin más presión en el Consejo y con Polonia como aliada, Orbán podrá seguir saliéndose con la suya.