Bruselas amenaza con cortar los fondos de cohesión a Hungría si no toma medidas contra la corrupción

La Comisión Europea se dispone a aprobar el domingo una propuesta de sanción a Hungría en la que va a dejarle claro al Gobierno de Viktor Orbán que si no toma medidas contra la corrupción va a recomendar al Consejo de la UE que le suspenda parte de los fondos que recibe de la Unión, según apuntan varias fuentes comunitarias. La deriva autoritaria de Budapest le ha llevado a chocar en múltiples ocasiones con Bruselas en los últimos años. Los ataques al Estado de derecho del Gobierno húngaro y, más específicamente, su escaso compromiso en la lucha contra la corrupción vienen de largo. Este verano ambas partes han negociado intensamente para buscar una solución y se ha avanzado. Pero el acuerdo todavía no está listo y el Ejecutivo comunitario va a proponer a los Estados miembros una resolución en la que planteará las medidas que debe adoptar Budapest si no quiere que le corten los fondos.

Sobre la mesa, señalan fuentes comunitarias, está la creación de un zar anticorrupción o “autoridad integral” que tendría amplios poderes para intervenir e investigar y que sería nombrado con un proceso transparente, también una oficina de denuncias. Budapest parece abierta asimismo a ampliar las normas sobre contratación pública y conflicto de intereses. Otras fuentes hablan de un listado de 17 medidas, entre las que se incluyen estas, que el Gobierno húngaro debería comprometerse a aplicar.

El pasado abril, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen puso en marcha la herramienta legal, el llamado mecanismo de condicionalidad, que permite suspender la entrega de fondos comunitarios a los Estados miembros en los que el Estado de derecho sea tan débil que no permita una gestión adecuada de ese dinero. Ese primer paso, que se dio poco después de la victoria de Orbán en las urnas, marcó uno de los momentos de mayor tensión entre Hungría y la Comisión. Antes de poner en marcha el procedimiento, Von der Leyen se aseguró de que ese mecanismo tenía el aval de los jueces, ya que Varsovia y Budapest habían recurrido el reglamento que lo regula.

El dinero al que afecta la medida es el procedente de los fondos de cohesión y no del de recuperación. Hungría es el único país de la UE que todavía no tiene aprobado su plan de recuperación de la crisis de la covid-19 y es, de nuevo, porque Bruselas interpreta que no se hace lo suficiente para luchar contra la corrupción. Incluso Polonia, el otro socio díscolo habitual por su interpretación del Estado de derecho, cuenta ya con el visto bueno. A esto hay que sumar otros choques como sus políticas anti-LGTBI ―que la Comisión ha llevado ante la justicia europea―, su discurso de claros tintes racistas de este verano en el que advertía contra la “mezcla de razas”, las amenazas a la libertad de expresión y, por supuesto, su cercanía con Moscú en plena invasión rusa de Ucrania. La lista de choques entre Budapest y Bruselas es muy larga.

Los encontronazos son incluso más duros con el Parlamento Europeo, que este jueves ha aprobado una resolución que concluye que el país centroeuropeo, gobernado por el partido ultraconservador Fidesz y que ha ahondado en su deriva autoritaria en los últimos años, no es una “democracia plena”. En uno de sus últimos toques de atención, la Eurocámara condena los “esfuerzos deliberados y sistémicos” del Ejecutivo húngaro para socavar los valores comunes europeos e insta al Consejo de la UE (los gobiernos de los Veintisiete) y a la Comisión Europea a actuar. Una amplia mayoría de los eurodiputados ha exigido a Bruselas en una resolución (con el voto en contra únicamente de las formaciones de extrema derecha) que emplee el nuevo reglamento sobre condicionalidad del presupuesto.

“El coste para los ciudadanos húngaros es claro: les están quitando sus derechos y socavando sus oportunidades, todo mientras autócratas y oligarcas despojan a su Estado”, ha sostenido la eurodiputada Gwendoline Delbos-Corfield, de los Verdes Franceses, una de las parlamentarias que ha presentado la resolución en Estrasburgo.

Aquella primera misiva de abril fue respondida por Budapest y no cumplió con lo que pedía la Comisión. Así que dio paso a movimientos posteriores. Ahí se encuadran las intensas conversaciones de este verano, según explican fuentes conocedoras de estas negociaciones. Ambas partes se habrían acercado mucho y el Ejecutivo comunitario estaría sopesando la última propuesta húngara. Ahí se afina el paquete de 17 medidas que debería comprometerse a aplicar el Gobierno de Orbán.

Con todo esto, la Comisión Europea está rematando una propuesta de sanción que plantearía la disyuntiva a Hungría de implicarse en la lucha contra la corrupción o ver cómo se le suspende la entrega de unos 8.500 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, apuntan fuentes comunitarias. Esta cantidad corresponde al 70% de los programas que el Ejecutivo comunitario ha identificado como aquellos claramente vinculados a los presupuestos europeos y que asciende a más de 11.000 millones. Budapest dispondrá de un plazo de tres meses para demostrar su implicación. En realidad, esta vía deja mucho margen al Consejo de la UE, ya que el Gobierno húngaro ha estado negociando la salida al choque y le basta con demostrar a los demás Estados miembros que está dispuesta a aplicar los cambios legales que se le exigen. Al fin y al cabo, en esos 90 días no da tiempo a hacer las reformas de las que se habla o montar los órganos anticorrupción que se exigen.

Una posible salida sería que las medidas a adoptar también se incluyan en el plan de recuperación. De esta forma, ambas partes podrían desencallar dos problemas: la paralización del mecanismo de condicionalidad y la aprobación del plan húngaro para salir de la crisis de la covid-19. Además, los plazos políticos y legislativos necesarios para desarrollar estos compromisos están más acordes con los que se contemplan en los hitos del fondo de recuperación.

El ultranacionalista Viktor Orbán ha trazado buena parte de sus políticas gracias a los ingresos que llegan de la UE. Solo entre 2014 y 2020, recibió 27.200 millones de euros (unos 2.750 euros por habitante), mientras cimentaba medidas sociales que vulneran los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres —lo último, un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar―, y presionan a las organizaciones de la sociedad civil y acorralan a los medios independientes.

Que el Ejecutivo comunitario se vaya a reunir el domingo y dé salida a esta propuesta no responde a nada extraordinario, explican los portavoces de Bruselas. Se debe únicamente a los cambios que ha provocado en las agendas el entierro de Isabel II y a que la presidenta Von der Leyen sale después de viaje a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

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