Bruselas premia el giro de Polonia con la aprobación de 35.400 millones para su plan de recuperación

La Comisión Europea ha dado su visto bueno este miércoles al plan de recuperación de Polonia, un gesto que amansa de momento la turbulenta relación entre Bruselas y Varsovia acumulada en los últimos años a cuenta del Estado de derecho. La luz verde ha sido concedida tras una reunión del Colegio de Comisarios, un gesto que revela la importancia de la decisión, y llega más de un año después de que el país del Este presentara su solicitud para recibir los multimillonarios fondos europeos destinados a luchar contra el zarpazo de la pandemia.

El gesto del Ejecutivo comunitario premia el giro de Polonia, que se aviene a acatar reformas del poder judicial, pero el voto dividido en el Colegio refleja la tensión aún latente: dos de los vicepresidentes ejecutivos con mayor poder, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, han votado en contra, según fuentes de la Comisión.

El aprobado, que aún requiere ser convalidado por el Consejo (el órgano de la UE que representa a las 27 capitales), supondría la apertura de las compuertas monetarias para que empiecen a fluir 35.400 millones de euros entre subvenciones y préstamos hacia Polonia. A cambio, el Gobierno de Mateusz Morawiecki, que capitanea un Ejecutivo liderado por la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), se compromete a seguir un plan que conduzca a una reforma del poder judicial, cuya independencia cuestiona tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la UE. Estas reformas deberían entrar en vigor en el segundo trimestre del 2022, es decir, de forma casi inmediata, según se indica en el anexo a la decisión del Ejecutivo comunitario.

“Evaluaremos este cumplimiento con firmeza”, ha subrayado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una comparecencia tras la reunión de los comisarios europeos. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar este jueves a Varsovia para escenificar desde allí el entierro del hacha de guerra blandida durante meses.

“El plan de Polonia incluye hitos relacionados con aspectos importantes de la independencia del poder judicial, que son de especial importancia para mejorar el clima de inversión y establecer las condiciones para una aplicación efectiva del plan de recuperación y resiliencia”, ha asegurado la Comisión en un comunicado.

El texto explica que Varsovia tendrá que demostrar que estos hitos se cumplen antes de que se pueda realizar cualquier desembolso. Algunos de los objetivos, añade, “deben cumplirse antes de que Polonia presente su primera solicitud de pago”.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, que no ha podido estar presente en la reunión con sus colegas se ha dirigido a ellos a través de una carta en la que ha expresado “dudas importantes” sobre algunos aspectos de los hitos pactados. “La aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia tiene lugar en una situación en la que en Polonia la primacía del derecho de la UE sigue siendo socavada por el Tribunal Constitucional”, dice en la misiva a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Hasta la fecha, Polonia era uno de los tres únicos Estados miembro de entre los 27 cuyo programa vinculado a los fondos Next Generation no había sido aprobados, junto a Países Bajos (que aún no ha presentado un plan) y Hungría, que sí ha presentado un plan pero se encuentra igualmente atrapada en el grupo de los incumplidores del Estado de derecho a ojos de Bruselas.

Desmantelar el todopoderoso órgano judicial

La decisión de la Comisión llega tras meses de complejas negociaciones y el pacto de un calendario preciso que busca, en particular, desmantelar la controvertida sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, un órgano todopoderoso cuya actividad amenaza la independencia de los jueces, según Bruselas. El Tribunal de Justicia de la UE exigió en julio pasado la paralización provisional de este organismo y en octubre condenó a Polonia a pagar un millón de euros diarios mientras siguiera en funcionamiento.

Para allanar el camino, la cámara baja del Parlamento polaco votó la semana pasada a favor de una ley para sustituir esta sala con un nuevo organismo. Los hitos para recibir los fondos de la UE, según explicitó Von der Leyen en octubre, implican además que el Ejecutivo polaco debería reformar el régimen disciplinario de los jueces y comenzar un proceso para restituir a aquellos miembros del poder judicial que hayan sido sancionados por la controvertida sala.

En una carta dirigida a Von der Leyen, la comisaria europea de Valores, Vera Jourová, alerta del riesgo para la “credibilidad” de la Comisión que supone dar luz verde al plan de Polonia y pide claridad en la forma en que se comunica la decisión. “De lo contrario, podría ser visto como una señal de que la reforma adoptada la semana pasada por la cámara baja del Parlamento en Polonia ya cumple el hito”, dice el texto, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.

Hubo días, en otoño del 2021, en que el choque entre Varsovia y Bruselas a cuenta del Estado de derecho y la primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre el polaco resultaba tan extremo y eléctrico que parecía capaz de abrir grietas definitivas entre Polonia y el resto de la UE. Toda esa tensión, al menos en apariencia, se relaja con el gesto de este martes.

El acuerdo llega en un momento de dulce acercamiento entre Polonia y la UE, cuando Bruselas busca además reafirmar la unidad de los Veintisiete frente a la amenaza rusa, especialmente en el flanco Este. Polonia es desde febrero uno de los socios comunitarios más beligerantes contra la agresión de Ucrania, país con el que comparte frontera, y se trata del socio comunitario que más se ha volcado en la acogida de refugiados: ha recibido a más de 3,6 millones de personas.

La llegada del dinero supondría además un alivio para las arcas de una economía en máxima alerta, que se ve obligada a hacer frente al mantenimiento de los refugiados (en marzo Varsovia reclamó a la UE que apoyara la acogida de ucranios con 1.000 euros mensuales por persona), al tiempo que soporta el corte de gas ruso decretado de forma unilateral por el gigante Gazprom a finales de abril y sufre una inflación que alcanza ya el 11,4%. La reciente propuesta de Bruselas de vincular las inversiones dirigidas a la desconexión de la energía rusa con los fondos de recuperación abre además nuevas vías posibles de financiación, pero este camino también requiere que los planes se encuentren aprobados.

El acercamiento, facilitado en última instancia por el fragor de una guerra en el continente, arrancó en cualquier caso antes de que Rusia invadiera Ucrania. El deshielo comenzó a fraguarse a principios de febrero, con una visita del presidente polaco, Andrzej Duda, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La decisión no ha caído demasiado bien en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que sigue desde hace años muy de cerca la situación del Estado de derecho en Polonia. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que preside el organismo, envió el martes una carta a Von der Leyen en la que muestra su “procupación” ante “los persistentes problemas relativos a la situación del Estado de derecho en Polonia, especialmente en lo que tiene que ver con la independencia judicial así como con el fracaso en la aplicación de múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y de Tribunal Europeo de derechos Humanos”.

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