Paneles solares y bombas de calor en casas, tiendas y oficinas: así quiere Bruselas liberarse de la energía rusa

La última versión del RepowerEU fija nuevos objetivos de hidrógeno verde y biometano. La Comisión desbloqueará parte de los ingresos por derechos de emisión de CO₂ para que los países financien estos proyectos

Dos operarios instalan paneles solares en una vivienda. Foto: ELOI_OMELLA (GETTY IMAGES) | Vídeo: EPV

La Comisión Europea es consciente de la imposibilidad material de desengancharse por completo del gas natural ruso a corto plazo: un año o año y medio vista. Para hacerlo posible en un horizonte más amplio —dos o tres años—, sin embargo, su plan pasa por asegurarse nuevos contratos de suministro desde países amigos que hasta ahora no tienen una gran relevancia en su matriz importadora y la puesta en marcha de una batería de medidas encaminadas a reducir al máximo el consumo (eficiencia y ahorro energético) y a generar su propia energía limpia (renovables).

“El sistema energético de la UE sufrirá una transformación estructural”, esbozan los técnicos de la Comisión Europea en el llamado REpowerEU, el programa de iniciativas encaminadas a reducir drásticamente su dependencia energética de Moscú. “Ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo a este reto: al llevar a cabo conjuntamente la evaluación de las necesidades y la planificación, realizar compras conjuntas y aumentar la coordinación, garantizaremos que la eliminación progresiva de nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos sea factible y asequible para todos los Estados miembros”, añade, apelando a la unidad en un momento en el que Rusia ya ha empezado a decretar los primeros cortes de gas a países del bloque. Polonia, Bulgaria y Finlandia han sido sus primeras víctimas, pero pocos dudan de que habrá más.

Ni un tejado sin placas

Por primera vez desde la era de esplendor del carbón, la UE tiene la posibilidad de contar con fuentes propias de abastecimiento de energía: el sol y el viento. Una oportunidad de oro, tanto en lo económico como en lo geopolítico y en lo ambiental que no puede desaprovechar. El autoconsumo está llamado a jugar un papel clave: podría cubrir, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, hasta el 25% del consumo total de electricidad en los Estados miembro, una fracción mayor de la que hoy se obtiene mediante la quema de gas natural. “Hace falta acción inmediata”, reclama.

Un alegato verbal que también cristaliza en hechos: todos los edificios de nueva construcción tendrán la obligación legal de contar con paneles solares. Habrá, no obstante, gradaciones: los edificios públicos y comerciales de más de 250 metros cuadrados tendrán que contar con una instalación fotovoltaica, como tarde, en 2026, mientras que los residenciales dispondrán de algo más de margen: hasta 2029. En el caso de las edificaciones públicas y comerciales ya construidas, ese plazo terminará en 2027. En todos los casos, los permisos de instalación no podrán demorarse más de tres meses.

El autoconsumo, sin embargo, deberá venir acompañado por un impulso a las instalaciones de grandes dimensiones. De aquí a 2030, los Veintisiete deberán añadir 45 gigavatios (GW) de potencia fotovoltaica cada año. Para poner esa cifra en su justa dimensión, cabe decir que a finales de 2020 la UE en su conjunto contaba con 136 GW instalados (que únicamente aportaban el 5% de la electricidad que se consumía) y el ritmo anual de instalación no superaba los 18 GW. Para cumplir los objetivos, como reconocen los propios técnicos de la Comisión, hará falta un potente acelerón en el próximo lustro. Sobre todo, en los países del centro y el sur, donde el potencial de generación es infinitamente mayor.

Bruselas también pone el foco en las instalaciones a gran escala, que han crecido con fuerza en los países mediterráneos pero que aún tiene mucho margen de desarrollo en el conjunto del bloque. “El despliegue a gran escala de fotovoltaica reducirá nuestra dependencia del gas natural para generar electricidad”, subraya el Ejecutivo comunitario. “La energía solar, ya sea en forma de electricidad, calor o hidrógeno puede reemplazar el consumo de gas para procesos industriales. Y, combinada con bombas de calor, puede sustituirlo para calentar agua o calefactar zonas residenciales o comerciales”.

Adiós al gas en casa, hola a las bombas de calor

Las calderas de gas natural están a un paso de ser cosa del pasado. Si el tránsito del carbón al gas fue cuestión de varios años —o décadas, en algunos casos—, el cambio ahora será mucho más rápido. Bruselas calcula que, en solo un lustro, se instalarán 10 millones de unidades en toda la UE. De cumplirse esa meta, se duplicarían los objetivos comunitarios vigentes hasta ahora. Estas instalaciones, alimentadas por electricidad —compatibles, por tanto, con los paneles de autoconsumo— y mucho más eficientes de lo que eran hace unos años, están llamadas a desempeñar un papel clave para dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles. Hoy, el gas natural es la primera fuente de energía en los hogares europeos.

El Ejecutivo comunitario es consciente de que la iniciativa privada, guiada por el ahorro y una creciente conciencia ecológica, es requisito imprescindible pero no suficiente. De ahí que pida a los Gobiernos del bloque “medidas de apoyo”, como un recorte del IVA para fomentar el paso hacia instalaciones más eficientes, dando siempre prioridad a los hogares más vulnerables. A escala industrial, Bruselas ve necesario un “rápido aumento de la producción” de estos equipos en el interior de la Unión, para reducir la dependencia de Asia, un continente desde el que “se ha experimentado un aumento de las importaciones en los últimos años”.

Vía rápida para los proyectos renovables

Bruselas entiende que uno de los mayores cuellos de botella en la transición hacia las energías renovables está en el proceso de autorización administrativa de proyectos, que incluye desde las evaluaciones de impacto ambiental hasta la licencia de construcción y la conexión a la red. La Comisión calcula que se requieren nueve años de media para sacar adelante los parques eólicos y cinco para los solares. “Es un tiempo con el que no contamos”, aseguran fuentes del Ejecutivo comunitario.

El paquete REPowerEU propone reducir los tiempos de forma drástica, que quedarían en un año para los proyectos nuevos y en seis meses para ampliaciones o mejoras en los ya existentes. Para ello, la Comisión lanza una propuesta de enmienda regulatoria que obligará a los Estados miembro a identificar áreas específicas especialmente adaptadas para la instalación de plantas renovables. Se llevaría a cabo una evaluación de impacto ambiental estratégica y global, que no necesitaría repetirse cada vez que se quisiera aprobar un nuevo proyecto.

El hidrógeno, complemento imprescindible para la electrificación

Buena parte de la apuesta europea por un futuro de neutralidad climática a la que aspira para 2050 pasaba ya por el hidrógeno verde. Pero, como en el resto de casos, el choque con Rusia ha acelerado aún más la transición hacia este vector energético, considerado la “columna vertebral” de la transición ecológica comunitaria. “Será clave para sustituir el gas natural, el carbón y el petróleo en las industrias y el transporte difíciles de descarbonizar”, asegura la comunicación publicada la semana pasada.

La Comisión propone duplicar —de 10 a 20 millones de toneladas— los objetivos de hidrógeno antes de 2030, la mitad producido en la UE y la otra mitad importado, y pretende finalizar la evaluación de los primeros proyectos importantes de interés común europeo sobre el hidrógeno antes del verano. La idea es que los grandes flujos de este gas verde discurran, sobre todo, a través de los corredores del Mediterráneo y del mar del Norte hacia los polos industriales del centro.

En el primero de estos canales, España quiere jugar un papal relevante, tanto con producción propia como haciendo de estación de tránsito desde el norte de África, una de las zonas con mayor potencial futuro a escala global. Para ello, necesita incrementar sus limitadas conexiones con el resto de la UE bien a través de Francia o de Italia, dos proyectos que la Comisión ve “posibles”.

El corredor del mar del Norte es otra de las apuestas de Bruselas: el mismo día de la presentación del gran plan europeo para la desconexión del gas ruso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se dio cita en la costa danesa con los jefes de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, para impulsar un proyecto eólico marino y de hidrógeno renovable, con el objetivo de generar 65 GW para 2030.

En busca del gas autóctono: acelerón en el biometano

En plena pugna energética global, Europa quiere exprimir al máximo sus recursos internos. Y ahí, el biometano —gas procedente de residuos orgánicos, como basuras, aguas residuales, residuos agrícolas y forestales o purines— está llamado a desempeñar un papel esencial. Si hasta hace solo unos meses su coste era notablemente mayor que el del gas natural importado, tras el estallido de precios en los mercados internacionales ha pasado a ser competitivo. “Es una vía rentable para alcanzar nuestra ambición de reducir las importaciones de gas de Rusia”, esboza el Ejecutivo comunitario.

La hoja de ruta comunitaria pasa por duplicar los objetivos actuales de producción hasta los 35.000 millones de metros cúbicos, lo que permitiría cubrir la cuarta parte del gas que se consume hoy en la UE. La inversión requerida para lograr ese objetivo rondará los 37.000 millones de euros de aquí a 2030. “El biometano puede destinarse a usos industriales, generación de electricidad y calefacciones, reemplazando directamente al gas natural”, se lee en el texto comunitario.

Y, ¿cómo se paga todo esto?

Bruselas quiere que los Estados miembro incluyan la desconexión acelerada de la energía rusa en sus planes de recuperación, los multimillonarios fondos europeos concebidos para paliar los efectos de la pandemia. La propuesta, que exige una modificación legislativa, movilizaría unos 72.000 millones en subsidios y otros 225.000 millones en préstamos aún disponibles de esos recursos. Una vez aprobado el cambio normativo, los Estados miembro deberían indicar en 30 días su intención de solicitar los préstamos.

Las capitales podrán incluir todo tipo de medidas en los nuevos capítulos REPowerEU: de la mejora de infraestructuras para garantizar la seguridad energética (punto clave para países como Hungría, que ha vetado el embargo al petróleo ruso por este motivo) a los planes que mejoren las interconexiones (de máximo interés para España).

La propuesta indica que nos adentramos en tiempos bélicos, donde los viejos principios medioambientales se tambalean: Bruselas pretende derogar de forma limitada el llamado principio de no causar un perjuicio significativo, consagrado en los planes de recuperación para evitar dañar el medio ambiente. Además, una de las fórmulas de financiación ha despertado las críticas de los grupos ecologistas: la Comisión quiere obtener unos 20.000 millones de euros a través de la subasta de derechos de emisión de CO2 adicionales que actualmente se encuentran en la reserva de estabilidad, un mecanismo creado precisamente para retirar del mercado el exceso de derechos. Aunque el Ejecutivo comunitario defiende que estos derechos adicionales serían “reabsorbidos” en los próximos años, los críticos creen que con la medida bajaría el precio del CO2 limitando su efecto disuasorio.

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