¿Qué impacto político puede tener la acusación contra Cristina Kirchner?

La petición de condena a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, por unos casos de corrupción supuestamente acaecidos durante su gestión al frente del país ha llevado aparejadas una serie de consecuencias políticas para el oficialismo, la oposición, la dirigencia política en general y la democracia argentina en particular. En lo inmediato, ha logrado alinear al alicaído Frente de Todos detrás de su principal responsable política para brindarle su respaldo. A la vez, ha permitido desviar la atención de su electorado, al menos momentáneamente, de las medidas de ajuste económico que está desarrollando Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, contrarias a la retórica kirchnerista. Respecto a Juntos por el Cambio —cuyo principal referente, Mauricio Macri, ha sido indirectamente vinculado a las figuras del fiscal y de uno de los jueces del caso—, la acusación contra Kirchner contribuye a reforzar la identidad de su electorado, definido principalmente por su oposición al kirchnerismo. Al mismo tiempo, ha alineado a los dirigentes de esta coalición opositora en su apoyo a la condena solicitada por el fiscal, abriendo así una tregua en las fuertes disputas internas en las que se encuentra sumida de cara a las elecciones de 2023. Es de esperar además que los sectores de la sociedad con opiniones más contundentes vuelvan a ganar las calles a medida que se acerque el momento del pronunciamiento del tribunal, lo que profundizará el clima de enfrentamiento político, con los medios y las redes sociales disputando el escenario de ese enfrentamiento.

Este panorama, sin embargo, no resulta completo si se obvia un dato significativo: los jueces son en la actualidad el sector político y social peor considerado por la sociedad argentina, por debajo del Congreso. Se ha convertido en una práctica recurrente de la justicia en Argentina acelerar las causas con consecuencias políticas cuando se acerca el final del mandato de un Gobierno, si es que sus posibilidades de reelección se ven comprometidas. Este modus operandi parecería haberse puesto en marcha una vez más. Si a esto se suma que gran parte de la ciudadanía ya tiene una postura tomada sobre las causas judiciales que afronta la vicepresidenta, en función de sus propias simpatías políticas, es de esperar que cualquiera que sea la decisión del tribunal resulte cuestionada por al menos un sector importante de la sociedad.

Es dable pensar, por lo tanto, que todo este descontento social pueda ser capitalizado en las próximas elecciones presidenciales por dirigentes que militan en “la antipolítica”, con evidentes consecuencias para el funcionamiento de la democracia. También, que el debate sobre la corrupción permeará la agenda de campaña durante el próximo año.

En cuanto a la vicepresidenta, lo más probable es que nada cambie para ella ya que, en caso de ser condenada por el tribunal en primera instancia, tiene otras dos para apelar la decisión (a diferencia de lo que sucedió con el expresidente brasileño Lula Da Silva, quien fue encarcelado a raíz de la sentencia en segunda instancia). Ello le permitiría ser candidata en 2023 y lograr el aforamiento que la proteja hasta la finalización de su mandato de una eventual condena de la Corte Suprema de Justicia.