El peronismo cierra filas con Cristina Kirchner tras la petición de 12 años de cárcel por corrupción

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó el lunes por la tarde por teléfono a Cristina Kirchner. La fiscalía había pedido minutos antes 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta en una causa por corrupción. Fernández creyó entonces conveniente terminar con semanas de comunicaciones a través de terceros y le transmitió personalmente su solidaridad. Al mismo tiempo, avaló un comunicado oficial donde el Gobierno consideraba a Kirchner víctima de “una persecución judicial y mediática”. Lo mismo hicieron los ministros del Gabinete, además de gobernadores, alcaldes o sindicalistas con encendidos mensajes desde las redes sociales. El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación contra la vicepresidenta, había obrado el milagro: unir al peronismo tras una misma causa, en este caso la defensa de su principal referente político.

Este lunes fue la última de nueve jornadas de alegatos de la acusación en la llamada causa Vialidad. Luciani consideró a Cristina Kirchner la jefe de una asociación ilícita que perpetró durante sus dos mandatos como presidenta, entre 2007 y 2015, “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La investigación alcanza a otros 12 altos funcionarios del kirchnerismo acusados de desviar dinero de la obra pública para enriquecerse. Entre los acusados están el exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de la cartera, José López, detenido desde que en 2016 fue descubierto in fraganti cuando arrojaba bolsos con nueve millones de dólares dentro de un convento. Está también Lázaro Báez, un bancario devenido en constructor que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se hizo con la mayor parte de los contratos de vialidad de la provincia de Santa Cruz, cuna política del matrimonio. El fiscal dio por probado que la fortuna de Báez, hoy preso por lavado de dinero, creció 12.000% entre 2004 y 2015, mientras cerraba contratos privados con los Kirchner.

“Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”, dijo Luciani. Los jueces escucharán ahora los alegatos de la defensa y a finales de año darán un veredicto. Si consideran probado que Kirchner fue artífice del entramado de corrupción podrán condenarla. El fiscal presentó como pruebas chat privados entre Báez y los altos funcionarios de Obras Públicas, pero no ha encontrado la firma de la expresidenta en documento alguno. Esa es la base de la defensa de Kirchner y, también, del peronismo.

Con una sola voz, los más altos funcionarios del Gobierno salieron a respaldar a la líder del movimiento. Según el relato oficial, la justicia ha complotado con jueces y la oposición conservadora para proscribir a Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2023. El canciller, Santiago Cafiero, comparó la situación de la vicepresidenta con la de otros líderes regionales que terminaron en la cárcel, como Luis Inácio Lula da Silva. El presidente, Alberto Fernández, coincidió en que no había pruebas para condenarla. Sergio Massa, parte de la coalición y actual ministro de Economía, dijo que la acusación del fiscal Luciani sienta un grave precedente porque “es absurdo plantear que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. Fue una salida elegante, luego de que en el pasado hiciese campaña por la presidencia prometiendo que metería presa a Kirchner.

La vicepresidente pidió el lunes ampliar su testimonio, pero el tribunal se lo negó por cuestiones formales. El procedimiento establece que podrá hacerlo al final de los alegatos de la defensa, justo antes de la sentencia definitiva. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, se quejó entonces Kirchner. Y adelantó que este martes presentará las pruebas de su inocencia en una transmisión en redes sociales, por fuera de los tribunales. “Habrá cosas impactantes”, prometió su abogado, Juan Beraldi. “Quiere mostrar con claridad la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de López”, dijo Beraldi, en referencia a los mensajes de whatsapp entre el secretario de Obras Públicas y Lázaro Báez que, según el fiscal, prueban que Kirchner estaba al frente de una asociación ilícita para expoliar al Estado.

La tensión política también se trasladó a la calle, aunque en pequeña escala. Un centenar de personas se concentró frente al piso que Kirchner ocupa en el barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y golpó cacerolas al grito de “chorra” (ladrona). Coincidieron allí con activistas de La Cámpora, la agrupación de la juventud kirchnerista que se acercó al lugar para defender a su líder. La policía terminó dispersando a ese grupo de apoyo con gases lacrimógenos. Quien golpean las cacerolas son “energúmenos macristas”, escribió Kirchner en Twitter.

Durante los nueve días de lectura de alegatos de la acusación, la expresidenta intentó apartar del juicio al fiscal Luciani y a uno de los tres jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Se basó en una foto difundida por la prensa que muestra a ambos como participantes habituales de los torneos de fútbol que el expresidente Mauricio Macri organiza en Los abrojos, su casa de fin de semana. No tuvo éxito y este lunes debió escuchar cómo Luciani pedía cárcel para ella y el resto de los imputados.

La causa Vialidad es la que más complica a la vicepresidenta. No teme a la cárcel, porque en diciembre ya habrá cumplido 70 años y, en el peor de los casos, le corresponderá prisión domiciliaria. Tiene, además, fueros como vicepresidenta que solo puede perder mediante un juicio político. El problema es otro. El kirchnerismo tiene muy pocas expectativas de triunfo en las presidenciales del año próximo. La crisis económica y las peleas intestinas entre Fernández y Kirchner han dilapidado el capital electoral del oficialista Frente de Todos. Las posibilidades de Kirchner se reducen a una candidatura al Senado que le permita mantener los fueros y dar pelea, pero si finalmente es inhabilitada de por vida quedará fuera de carrera.

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