La Constitución chilena

En poco más de una semana, el 4 de septiembre, los chilenos acudirán a las urnas para decidir si aprueban o rechazan el texto de una nueva Constitución redactada por una Convención de mayoría progresista. Chile habrá llegado así al punto culminante de un largo camino iniciado tras las revueltas sociales de 2019. El acuerdo entre todas las fuerzas políticas permitió salir del atolladero mediante la creación de nuevos espacios de discusión democrática. La solución a la crisis se trasladó a la población, que decidió, también en elecciones, enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y redactar otra nueva. Los legisladores elegidos para ello reflejaron el espíritu del momento: en su mayoría de izquierda, muchos incluso independientes de los partidos políticos. Se dio además una destacada representación a minorías hasta ese momento rezagadas, como la indígena. De esa amalgama de voluntades salió el texto que será sometido a escrutinio tras un largo periodo de negociaciones.

El Gobierno de Gabriel Boric tomó como propio el proceso constituyente y defendió su espíritu fundacional. Los últimos sondeos publicados, sin embargo, otorgan una mayoría de en torno a 10 puntos a quienes optan por rechazar el texto, con un alto porcentaje de indecisos. A medida que se acerca la fecha del referéndum, queda claro que el día después de la votación la democracia chilena vivirá una prueba de solvencia institucional que refuerza la estrategia oficial y su anticipación de que no habrá imposiciones de ningún tipo, cualquiera que sea el resultado.

Boric ha propuesto una nueva elección de miembros de la Convención destinada a redactar la Constitución en caso de que el resultado se decante en favor del rechazo del texto. Esa renovada Convención deberá responder a la demanda de cambio que quedó plasmada en el plebiscito que dio inicio al proceso, cuando casi un 80% de los chilenos votaron por enterrar la actual, engendrada sin consenso y en plena dictadura. Si nos remontamos a los resultados de las últimas elecciones legislativas, en noviembre de 2021, es posible que la derecha alcance la cuota de representación que no obtuvo en el anterior proceso constituyente.

Si el 4 de septiembre se aprobase la Constitución, una posibilidad que no debe descartarse, el desafío no es menor y exigirá también sentido institucional. El Gobierno ha ofrecido a la ciudadanía una agenda de reformas que, por la vía del Parlamento actual, modere los puntos de la nueva Constitución que más inquietan. En la lista figuran el artículo que crea una justicia indígena paralela o el nivel de poder que podrán ejercer las llamadas autonomías territoriales. Llegados a este punto del proceso constituyente, resulta evidente que la democracia chilena ha dado sobradas muestras de madurez. Deberá ahora revalidar esos precedentes con soluciones creativas y a través de acuerdos negociados, sea cual sea el resultado que arrojen las urnas.