Tribuna
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Poderes nada ocultos

Mejor que apelar a unas autoridades escondidas, sería más provechoso fortalecer las instituciones, la ética pública y la transparencia de las relaciones entre la esfera económica y la política

Pedro Sánchez pasaba revista el lunes a las tropas que le rendían honores durante su visita oficial a Tirana.
Pedro Sánchez pasaba revista el lunes a las tropas que le rendían honores durante su visita oficial a Tirana.MALTON DIBRA (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a propios y extraños, afirmando que hay poderes ocultos que conspiran contra su permanencia en La Moncloa. Se supone que a través de esta frase pretende movilizar a parte de su electorado y denunciar sutilmente las presiones y dificultades que sufre cualquier Gobierno democrático para desarrollar una serie de políticas públicas donde, por definición, es prácticamente imposible que no haya ganadores y perdedores. De acuerdo con la visión de Sánchez, los perdedores de sus políticas, los “poderosos”, se han aliado para, a través de una serie de maniobras en la oscuridad, hacer caer su Gobierno o desgastarlo tanto que no tenga opciones de volver a revalidar la mayoría en las urnas.

No es una situación nueva. En los años noventa, como posteriormente admitieron algunos de los protagonistas de aquel ejercicio, se orquestó una campaña específicamente dirigida a desgastar la imagen del por entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Aquella campaña, relatada por Luis María Anson, estaba destinada a favorecer una alternancia política con el objetivo declarado de regenerar las instituciones y hacer salir al país de la grave situación económica en la que se encontraba. Más recientemente, y en trámite judicial, hemos visto indicios de una campaña, también orquestada, para desgastar al entonces líder de Podemos, con señalamientos públicos y noticias falsas sobre su relación con los regímenes venezolano e iraní. En esta última campaña, como está siendo examinado por los jueces, se contó además con parte del aparato del Estado, a través del Ministerio del Interior. En definitiva, hay evidencia histórica suficiente para sostener que existen casos en los que se organizan campañas para desprestigiar o favorecer, según sea el caso, a determinadas opciones políticas.

Pero recurrir a los “poderes ocultos” en salones privados no deja de ser una narrativa que nos aproxima más al ocultismo como afición que a la realidad. Y que tiene su público. Por poner un ejemplo: Amazon vende 84 libros que hablan sobre los planes ocultos del Club Bilderberg, a los que habría que incorporar los dedicados a las grandes tramas ocultas de George Soros, el Foro de Davos y Bill Gates. La lista de panfletos es interminable, con conspiraciones para todos los gustos: Gates, Soros y el Foro de Davos imponiendo su peligrosa Agenda 2030 a la humanidad, para la extrema derecha y el nacionalismo populista; el Club Bilderberg y su antecesora Comisión Trilateral, como fantasmas de una agenda neoliberal y globalista, para la izquierda.

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Entonces, ¿podemos afirmar que existen estos poderes ocultos? Sin caer en una espiral conspiranoica, lo más sano es reconocer que existen poderes. Y que, además, están a la vista de todos y todas. Se pueden estudiar y se pueden analizar. Dos investigadores españoles, Rubén Juste y Iago Santos Castroviejo, han analizado las redes de relaciones existentes en las élites económicas de nuestro país, utilizando metodología proveniente de la ciencia social. Sus conclusiones son relevantes. El poder económico está concentrado en pocas manos y se utiliza para influir en las políticas públicas, aplicando sus recursos en los procesos de toma de decisiones. En un contexto donde las políticas públicas se estructuran a través de redes de gobernanza, la participación de estos actores en las decisiones sobre determinados aspectos es relevante, dada su mayor capacidad de movilizar recursos. Los esfuerzos de Uber por lograr regulaciones favorables, ahora al descubierto, muestran cómo esos recursos se pueden utilizar saltándose las reglas del juego. La proliferación de la industria de los asuntos públicos señala una demanda creciente, por parte del mundo empresarial, por estar presentes en la conformación de las políticas públicas, en la gran mayoría de las ocasiones sencillamente defendiendo sus intereses legítimos.

En democracia, según explicó Adela Cortina hace ya tiempo, se deberían establecer cauces para evitar que las esferas política y económica se contaminen, pero en un país como España, donde el poder económico está concentrado en sectores regulados, esa separación no es sencilla, como bien se ha documentado profusamente en los últimos años.

Así pues, reconociendo la existencia de un reparto desigual de los recursos económicos y políticos, concentrados en pocas manos, y las vinculaciones entre ese poder económico y el poder político en nuestro país, no es de extrañar que el presidente se refiera a los mismos, aunque efectivamente, no están ocultos, sino bien a la vista de todo el mundo. La mejor manera de luchar contra esa influencia es facilitando la igualdad en el acceso a las redes de políticas públicas y a la toma de decisiones, ejercer un alto grado de transparencia y favorecer el funcionamiento de las instituciones que velan por la integridad de nuestros mercados y nuestro sector público. Mejor que apelar a estos poderes ocultos, sería más provechoso fortalecer las instituciones, la ética pública y la transparencia de las relaciones entre el poder económico y el poder político. Se han tomado medidas, sin duda, pero hay todavía mucho por hacer.


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