¿Giro a la izquierda?

Después de una pausa de seis años provocada por la inestabilidad política (elecciones repetidas, investiduras fallidas, cambios de Gobierno), por fin se ha vuelto a celebrar el debate sobre el estado de la nación. El tema principal de este año era, lógicamente, la inflación, es decir, las dificultades económicas y sociales que produce el aumento de los precios. En estos momentos, constituye la principal causa de preocupación en la sociedad, tal y como se puso de manifiesto en el Barómetro de julio de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena Ser. Ausente durante un largo periodo, la inflación, de manera un tanto sorpresiva, se ha convertido en un fenómeno global, que afecta a numerosos países. El presidente Pedro Sánchez así lo mencionó en su discurso, pero no quiso refugiarse en la condición sistémica del problema. Al revés, Sánchez abandonó el tono “tecnocrático” que suele ser característico en este tipo de intervenciones y dedicó un tiempo considerable a mostrar empatía con las personas que más están sufriendo con la inflación.

A continuación, presentó un listado de medidas para proteger a la población. Las principales son las siguientes: prolongación de la bonificación a la gasolina, reducción del IVA energético, ayuda de 200 euros a las personas con ingresos inferiores a los 14.000 euros, prórroga de las ayudas a los sectores más dependientes de la energía, transporte gratis en la red de cercanías y trenes de media distancia, un impuesto excepcional a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas de dos años de duración y otro impuesto excepcional a los grandes bancos.

Las medidas más polémicas han sido los impuestos a las energéticas y la banca. Para unos, estos impuestos son confiscatorios, inútiles y “bolivarianos”; para otros, no podía seguir tolerándose que las empresas energéticas se aprovechen de las subidas de precios y que la banca gane por la subida de los tipos de interés provocada por la inflación. A pesar de estas diferentes valoraciones, parece haber acuerdo, no obstante, en que son medidas de izquierdas. De ahí que se hable con tanta insistencia de un “giro a la izquierda” del Ejecutivo. En clave electoral, son muchos quienes piensan que los nuevos impuestos están destinados, en última instancia, a reforzar el perfil ideológico del Gobierno y, por tanto, movilizar al electorado progresista, que da síntomas innegables de apatía y desánimo.

A mi juicio, este paquete de medidas anticrisis está más que justificado dada la situación económica que estamos viviendo. Creo que ha sido una iniciativa inteligente y bien planteada. Ahora bien, hay buenas razones para pensar que no suponen un “giro a la izquierda” pese a todo lo que se ha escrito hasta el momento.

Gravar los llamados “beneficios caídos del cielo” de las compañías energéticas parece del todo razonable (son beneficios derivados de la situación internacional), pero no es precisamente una política que sea patrimonio de la izquierda. En Europa, la propia Comisión Europea, presidida por una política conservadora, Ursula von der Leyen, considera conveniente un impuesto temporal como el anunciado en España. Y si nos fijamos en los gobiernos que hasta el momento han aprobado este tipo de impuestos, nos encontramos con Italia (Gobierno tecnocrático de Mario Draghi), el Reino Unido (Gobierno conservador de Boris Johnson), Grecia (Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis) y Rumania (Gobierno liberal de Nicolae Ciucă). Tampoco quiero dar a entender que este impuesto case bien con el pensamiento liberal o conservador. Sencillamente, no parece ser un asunto especialmente ideológico.

En cuanto al impuesto a la banca, no hay muchos precedentes. La justificación de este impuesto por el alza de los tipos de interés no es muy convincente, pues los tipos de interés varían en función del ciclo económico. De hecho, en este caso no es posible encontrar otros países europeos que estén haciendo lo mismo.

¿Estamos entonces en presencia de una medida atrevida e insólita? No exactamente. Tras la gran crisis de 2008, la inmensa mayoría de gobiernos europeos introdujeron impuestos especiales al sector financiero dada la responsabilidad de este sector en dicha crisis. Con diferentes tipos de gravamen, así ocurrió en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, así como en algunos países del Este. España e Italia se quedaron fuera de esta oleada de impuestos especiales. Por tanto, España, en cierto sentido, lo que está haciendo en ponerse al día y hacer lo mismo que muchos otros países hicieron antes.

Si los impuestos excepcionales a energéticas y banca no son en absoluto anómalos y se han aprobado en muchos lugares por gobiernos de todo tipo, ¿por qué se ha extendido esta percepción de que el paquete anticrisis presentado por Sánchez constituye un “giro a la izquierda”? Desde luego no puede ser por el resto de medidas, pues todas ellas forman parte del repertorio de políticas que, con mayor o menor intensidad, están llevando a cabo muchos países.

Creo que la respuesta debe buscarse no tanto en la ideología, sino en la rigidez de las políticas públicas en España, muy especialmente en el ámbito económico. Los sucesivos gobiernos, con independencia de su signo político, han acostumbrado a realizar políticas económicas muy ortodoxas. Cuando se han cambiado las políticas ha sido, fundamentalmente, por imitación, porque otros países habían ido marcando el paso anteriormente. El sector público, como bien se sabe, funciona mediante unos procedimientos que no favorecen la innovación. Si, además, tenemos en cuenta que los máximos responsables de las políticas económicas se han formado mayoritariamente en el propio Estado, es fácil comprender por qué dichas políticas han sido siempre tan parecidas. Desde los años noventa del siglo pasado han sido nombrados en España seis ministros de economía (Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Elena Salgado, Luis de Guindos, Román Escolano y Nadia Calviño): cuatro de ellos proceden del mismo cuerpo funcionarial, el de los Técnicos Comerciales del Estado; hay una quinta que era también una alta funcionaria; el único ministro con un perfil desligado del sector público ha sido Rodrigo Rato.

En general, los ajustes en España han tendido a realizarse en mayor medida a través de recortes de gasto que de aumentos de los ingresos públicos. La corrección del déficit durante la década anterior se llevó a cabo fundamentalmente disminuyendo el gasto social. Hubo también subidas de algunos impuestos (sobre todo el IVA), pero el grueso del ajuste recayó sobre la inversión pública y las políticas sociales. Dados estos antecedentes, se entiende mejor que los impuestos excepcionales promovidos en esta ocasión por el Ejecutivo suenen tan “revolucionarios” o rompedores.

Si los analistas han visto un “giro a la izquierda” es por lo insólito de estas medidas en España. Se está buscando abiertamente un aumento de los ingresos para financiar políticas compensatorias. Si la derecha mirase más allá de nuestras fronteras, tendría que reconocer que el paquete anticrisis no contiene nada del otro mundo. Y la izquierda, por su parte, no debería celebrarlo como si el progresismo consistiera en esto. Se trata de políticas con bastante sentido común que servirán para proteger a amplios sectores de la sociedad ante los efectos de inflación. No es poca cosa, desde luego, y no cabe sino celebrar que España se sume a lo que están empezando a hacer otros países, pero no es la toma del Palacio de Invierno.